El próximo 20 de noviembre se formaliza a tres ex funcionarios públicos Enrique Kittsteiner, Sergio Núñez y Claudio Uribe, vinculados a RN por la malversación comprobada en la entrega de fondo del dos por ciento que otorga el gobierno regional para proyectos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana. Estos funcionarios habrían obtenido un monto superior a los 65 millones de pesos recursos del Estado a través de la creación de organizaciones como “Valparaíso Joven” y “Valparaíso Cultural y Deportivo”, sociedades fraudulentas creadas especialmente para cometer este ilícito.
Hace menos de una semana apareció una nueva denuncia en la comuna de La Calera y Nogales, donde se vincularía a operarios del Partido Socialista, donde se repetiría el modo de actuar para lograr adjudicarse 120 millones de pesos. El escándalo lo revelaron un actor del PS justamente, el ex gobernador de Petorca, Julio Trigo junto a la Senadora RN, Lily Pérez. Ante esto, el Senador PPD por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, llamó asumir la responsabilidad que le compete a la autoridad y pidió la renuncia de Intendente, Raúl Celis.
Por esto el senador del PPD enfatizó que “cuando uno tiene responsabilidades políticas no son temas personales es que bajo cierta administración hay que tener claridad cuando se ha fallado o se ha faltado a la confianza de las autoridades y cuando eso ocurre también tiene un costo, cuando a uno le faltan la confianza los que uno puso en los cargos y eso también tiene que asumirse. Las responsabilidades políticas son de aquellos que teniendo bajo su mando decisiones que las tomaron con su libre albedrio, si esas decisiones fueron erróneas, creo que no cabe otra cosa que dar un paso al costado, lo digo muy responsablemente, con mucha tranquilidad”.
Pero eso no es todo, este lunes el Intendente Celis anunció la existencia de un nuevo caso, que en esta oportunidad, involucra a ex Consejeros Regionales de la DC en Viña del Mar y también se trataría de malversación de fondos por proyectos adjudicados y no aprobados.
Con esto se estaría observando un mecanismo común de ejecución, tal como indicó Nicolás del Valle, Director del Centro de Análisis e Investigación Política (CIAP): “Esta práctica es transversal a los partidos políticos, por lo tanto, uno no podría achacar que estas prácticas radican en un sector u otro, es una cuestión que cruza el espectro político y esa es la primera cuestión que habría que destacar, es un problema endémico de la política chilena. En períodos de campañas presidenciales y campañas electorales en general aparecen siempre estos fenómenos, y por lo tanto, la sospecha que nace desde la ciudadanía, pero también desde los actores políticos es que estos dineros se dirigen directamente a las campañas electorales”.
Del Valle indicó que es por eso que las organizaciones sociales han demandado una regulación en el financiamiento de las campañas electorales y de la política en general. Además, apuntó a la necesidad de generar un servicio de fiscalización activo, no sólo por parte de la sociedad civil, sino que también de las autoridades. Es decir, ir más allá de presentar querellas una vez que ya ocurrieron los hechos como se está observando actualmente.
El especialista llamó la atención sobre lo que ocurre en la Quinta Región porque a esta malversación a través de programas, se suman las acusaciones a la Seremi de Salud de la zona y, en los años anteriores, serias denuncias relacionadas con malversación en temas educacionales bajo los gobiernos de la Concertación, y afirmó: “Vemos un patrón reiterativo a través del tiempo. Estas prácticas parecen estar instaladas, convirtiendo a la Ciudad Puerto en el paraíso de la malversación”.
El próximo 20 de noviembre se formaliza a tres ex funcionarios públicos Enrique Kittsteiner, Sergio Núñez y Claudio Uribe, vinculados a RN por la malversación comprobada en la entrega de fondo del dos por ciento que otorga el gobierno regional para proyectos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana. Estos funcionarios habrían obtenido un monto superior a los 65 millones de pesos recursos del Estado a través de la creación de organizaciones como “Valparaíso Joven” y “Valparaíso Cultural y Deportivo”, sociedades fraudulentas creadas especialmente para cometer este ilícito.
Hace menos de una semana apareció una nueva denuncia en la comuna de La Calera y Nogales, donde se vincularía a operarios del Partido Socialista, donde se repetiría el modo de actuar para lograr adjudicarse 120 millones de pesos. El escándalo lo revelaron un actor del PS justamente, el ex gobernador de Petorca, Julio Trigo junto a la Senadora RN, Lily Pérez. Ante esto, el Senador PPD por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, llamó asumir la responsabilidad que le compete a la autoridad y pidió la renuncia de Intendente, Raúl Celis.
Por esto el senador del PPD enfatizó que “cuando uno tiene responsabilidades políticas no son temas personales es que bajo cierta administración hay que tener claridad cuando se ha fallado o se ha faltado a la confianza de las autoridades y cuando eso ocurre también tiene un costo, cuando a uno le faltan la confianza los que uno puso en los cargos y eso también tiene que asumirse. Las responsabilidades políticas son de aquellos que teniendo bajo su mando decisiones que las tomaron con su libre albedrio, si esas decisiones fueron erróneas, creo que no cabe otra cosa que dar un paso al costado, lo digo muy responsablemente, con mucha tranquilidad”.
Pero eso no es todo, este lunes el Intendente Celis anunció la existencia de un nuevo caso, que en esta oportunidad, involucra a ex Consejeros Regionales de la DC en Viña del Mar y también se trataría de malversación de fondos por proyectos adjudicados y no aprobados.
Con esto se estaría observando un mecanismo común de ejecución, tal como indicó Nicolás del Valle, Director del Centro de Análisis e Investigación Política (CIAP): “Esta práctica es transversal a los partidos políticos, por lo tanto, uno no podría achacar que estas prácticas radican en un sector u otro, es una cuestión que cruza el espectro político y esa es la primera cuestión que habría que destacar, es un problema endémico de la política chilena. En períodos de campañas presidenciales y campañas electorales en general aparecen siempre estos fenómenos, y por lo tanto, la sospecha que nace desde la ciudadanía, pero también desde los actores políticos es que estos dineros se dirigen directamente a las campañas electorales”.
Del Valle indicó que es por eso que las organizaciones sociales han demandado una regulación en el financiamiento de las campañas electorales y de la política en general. Además, apuntó a la necesidad de generar un servicio de fiscalización activo, no sólo por parte de la sociedad civil, sino que también de las autoridades. Es decir, ir más allá de presentar querellas una vez que ya ocurrieron los hechos como se está observando actualmente.
El especialista llamó la atención sobre lo que ocurre en la Quinta Región porque a esta malversación a través de programas, se suman las acusaciones a la Seremi de Salud de la zona y, en los años anteriores, serias denuncias relacionadas con malversación en temas educacionales bajo los gobiernos de la Concertación, y afirmó: “Vemos un patrón reiterativo a través del tiempo. Estas prácticas parecen estar instaladas, convirtiendo a la Ciudad Puerto en el paraíso de la malversación”.
El próximo 20 de noviembre se formaliza a tres ex funcionarios públicos Enrique Kittsteiner, Sergio Núñez y Claudio Uribe, vinculados a RN por la malversación comprobada en la entrega de fondo del dos por ciento que otorga el gobierno regional para proyectos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana. Estos funcionarios habrían obtenido un monto superior a los 65 millones de pesos recursos del Estado a través de la creación de organizaciones como “Valparaíso Joven” y “Valparaíso Cultural y Deportivo”, sociedades fraudulentas creadas especialmente para cometer este ilícito.
Hace menos de una semana apareció una nueva denuncia en la comuna de La Calera y Nogales, donde se vincularía a operarios del Partido Socialista, donde se repetiría el modo de actuar para lograr adjudicarse 120 millones de pesos. El escándalo lo revelaron un actor del PS justamente, el ex gobernador de Petorca, Julio Trigo junto a la Senadora RN, Lily Pérez. Ante esto, el Senador PPD por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, llamó asumir la responsabilidad que le compete a la autoridad y pidió la renuncia de Intendente, Raúl Celis.
Por esto el senador del PPD enfatizó que “cuando uno tiene responsabilidades políticas no son temas personales es que bajo cierta administración hay que tener claridad cuando se ha fallado o se ha faltado a la confianza de las autoridades y cuando eso ocurre también tiene un costo, cuando a uno le faltan la confianza los que uno puso en los cargos y eso también tiene que asumirse. Las responsabilidades políticas son de aquellos que teniendo bajo su mando decisiones que las tomaron con su libre albedrio, si esas decisiones fueron erróneas, creo que no cabe otra cosa que dar un paso al costado, lo digo muy responsablemente, con mucha tranquilidad”.
Pero eso no es todo, este lunes el Intendente Celis anunció la existencia de un nuevo caso, que en esta oportunidad, involucra a ex Consejeros Regionales de la DC en Viña del Mar y también se trataría de malversación de fondos por proyectos adjudicados y no aprobados.
Con esto se estaría observando un mecanismo común de ejecución, tal como indicó Nicolás del Valle, Director del Centro de Análisis e Investigación Política (CIAP): “Esta práctica es transversal a los partidos políticos, por lo tanto, uno no podría achacar que estas prácticas radican en un sector u otro, es una cuestión que cruza el espectro político y esa es la primera cuestión que habría que destacar, es un problema endémico de la política chilena. En períodos de campañas presidenciales y campañas electorales en general aparecen siempre estos fenómenos, y por lo tanto, la sospecha que nace desde la ciudadanía, pero también desde los actores políticos es que estos dineros se dirigen directamente a las campañas electorales”.
Del Valle indicó que es por eso que las organizaciones sociales han demandado una regulación en el financiamiento de las campañas electorales y de la política en general. Además, apuntó a la necesidad de generar un servicio de fiscalización activo, no sólo por parte de la sociedad civil, sino que también de las autoridades. Es decir, ir más allá de presentar querellas una vez que ya ocurrieron los hechos como se está observando actualmente.
El especialista llamó la atención sobre lo que ocurre en la Quinta Región porque a esta malversación a través de programas, se suman las acusaciones a la Seremi de Salud de la zona y, en los años anteriores, serias denuncias relacionadas con malversación en temas educacionales bajo los gobiernos de la Concertación, y afirmó: “Vemos un patrón reiterativo a través del tiempo. Estas prácticas parecen estar instaladas, convirtiendo a la Ciudad Puerto en el paraíso de la malversación”.
