Un grupo transversal de legisladores ingresó, en marzo de 2011, un proyecto de ley que apunta a la modificación del Código de Aguas. Ahora, la recientemente creada comisión del tema aprobó, en primer lugar, modificar el segundo título de la normativa, definiéndolo como “de las funciones esenciales, el dominio y el aprovechamiento de las aguas”.
Con esto se crea un artículo que establece al recurso como un bien nacional de uso público, de dominio y uso perteneciente a los habitantes de la nación. Además, se establecen las prioridades de uso, anteponiendo los Derechos Humanos y el acceso, además de funciones culturales, ecosistémicas, saneamiento, agrícolas.
La diputada PPD e integrante de la comisión, Cristina Girardi, adelantó que se dará un fuerte debate con el oficialismo: “Lo que más le preocupa al sector de la Alianza es que esto permanezca así y sea parte del mercado. Esa es la discusión que vamos a tener: qué significa que el agua sea realmente un derecho humano. Ellos dicen ‘sí, tiene que ser un derecho humano, pero no se lo quitemos a los privados’, pero es muy difícil mantener las dos cosas. Si es un derecho humano, el Estado tiene que asignar las prioridades para asegurar que así sea. Si lo regula el mercado, como quiere la Alianza, deja de ser un derecho humano”, explicó.
El uso de los recursos hídricos ha generado importantes conflictos socioambientales en Petorca, Caimanes, Copiapó y otros.
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el tema más relevante es la priorización de los usos: “Al no estar establecidas las prioridades, lo que ha ocurrido es que se entregan los derechos de aprovechamiento al mercado y opera la ley del más fuerte. En este caso, la propiedad se ha concentrado en las empresas mineras, hidroeléctricas y de la agroindustria, en desmedro de la agricultura e, incluso, del abastecimiento para grandes zonas urbanas, como en el caso de Copiapó”, dijo.
Pese a que el proyecto va en la dirección de lo planteado por Cuenca, el dirigente advirtió que los problemas con el agua se dan principalmente por lo contenido en la Constitución, que “establece una cláusula que declara que los derechos de aprovechamiento de agua se entregan en propiedad a los usuarios privados”.
“Entonces no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público cuando el instrumento que se usa para transferir el aprovechamiento de este bien a los privados permite que se transforme en un bien económico, que se puede transar en el mercado, arrendar, etc.”, indicó.
Este lunes continuará la discusión particular del proyecto de ley, que se inició en la moción de los diputados Alejandra Sepúlveda, Andrea Molina, Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier y Patricio Vallespín.
A la sesión están invitados el director General de Aguas, Francisco Echeverría, y los abogados Rodrigo Weisner -quien estuviera en ese cargo hace años- y Gustavo Manríquez, académico de la Universidad de Chile.
Un grupo transversal de legisladores ingresó, en marzo de 2011, un proyecto de ley que apunta a la modificación del Código de Aguas. Ahora, la recientemente creada comisión del tema aprobó, en primer lugar, modificar el segundo título de la normativa, definiéndolo como “de las funciones esenciales, el dominio y el aprovechamiento de las aguas”.
Con esto se crea un artículo que establece al recurso como un bien nacional de uso público, de dominio y uso perteneciente a los habitantes de la nación. Además, se establecen las prioridades de uso, anteponiendo los Derechos Humanos y el acceso, además de funciones culturales, ecosistémicas, saneamiento, agrícolas.
La diputada PPD e integrante de la comisión, Cristina Girardi, adelantó que se dará un fuerte debate con el oficialismo: “Lo que más le preocupa al sector de la Alianza es que esto permanezca así y sea parte del mercado. Esa es la discusión que vamos a tener: qué significa que el agua sea realmente un derecho humano. Ellos dicen ‘sí, tiene que ser un derecho humano, pero no se lo quitemos a los privados’, pero es muy difícil mantener las dos cosas. Si es un derecho humano, el Estado tiene que asignar las prioridades para asegurar que así sea. Si lo regula el mercado, como quiere la Alianza, deja de ser un derecho humano”, explicó.
El uso de los recursos hídricos ha generado importantes conflictos socioambientales en Petorca, Caimanes, Copiapó y otros.
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el tema más relevante es la priorización de los usos: “Al no estar establecidas las prioridades, lo que ha ocurrido es que se entregan los derechos de aprovechamiento al mercado y opera la ley del más fuerte. En este caso, la propiedad se ha concentrado en las empresas mineras, hidroeléctricas y de la agroindustria, en desmedro de la agricultura e, incluso, del abastecimiento para grandes zonas urbanas, como en el caso de Copiapó”, dijo.
Pese a que el proyecto va en la dirección de lo planteado por Cuenca, el dirigente advirtió que los problemas con el agua se dan principalmente por lo contenido en la Constitución, que “establece una cláusula que declara que los derechos de aprovechamiento de agua se entregan en propiedad a los usuarios privados”.
“Entonces no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público cuando el instrumento que se usa para transferir el aprovechamiento de este bien a los privados permite que se transforme en un bien económico, que se puede transar en el mercado, arrendar, etc.”, indicó.
Este lunes continuará la discusión particular del proyecto de ley, que se inició en la moción de los diputados Alejandra Sepúlveda, Andrea Molina, Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier y Patricio Vallespín.
A la sesión están invitados el director General de Aguas, Francisco Echeverría, y los abogados Rodrigo Weisner -quien estuviera en ese cargo hace años- y Gustavo Manríquez, académico de la Universidad de Chile.
Un grupo transversal de legisladores ingresó, en marzo de 2011, un proyecto de ley que apunta a la modificación del Código de Aguas. Ahora, la recientemente creada comisión del tema aprobó, en primer lugar, modificar el segundo título de la normativa, definiéndolo como “de las funciones esenciales, el dominio y el aprovechamiento de las aguas”.
Con esto se crea un artículo que establece al recurso como un bien nacional de uso público, de dominio y uso perteneciente a los habitantes de la nación. Además, se establecen las prioridades de uso, anteponiendo los Derechos Humanos y el acceso, además de funciones culturales, ecosistémicas, saneamiento, agrícolas.
La diputada PPD e integrante de la comisión, Cristina Girardi, adelantó que se dará un fuerte debate con el oficialismo: “Lo que más le preocupa al sector de la Alianza es que esto permanezca así y sea parte del mercado. Esa es la discusión que vamos a tener: qué significa que el agua sea realmente un derecho humano. Ellos dicen ‘sí, tiene que ser un derecho humano, pero no se lo quitemos a los privados’, pero es muy difícil mantener las dos cosas. Si es un derecho humano, el Estado tiene que asignar las prioridades para asegurar que así sea. Si lo regula el mercado, como quiere la Alianza, deja de ser un derecho humano”, explicó.
El uso de los recursos hídricos ha generado importantes conflictos socioambientales en Petorca, Caimanes, Copiapó y otros.
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el tema más relevante es la priorización de los usos: “Al no estar establecidas las prioridades, lo que ha ocurrido es que se entregan los derechos de aprovechamiento al mercado y opera la ley del más fuerte. En este caso, la propiedad se ha concentrado en las empresas mineras, hidroeléctricas y de la agroindustria, en desmedro de la agricultura e, incluso, del abastecimiento para grandes zonas urbanas, como en el caso de Copiapó”, dijo.
Pese a que el proyecto va en la dirección de lo planteado por Cuenca, el dirigente advirtió que los problemas con el agua se dan principalmente por lo contenido en la Constitución, que “establece una cláusula que declara que los derechos de aprovechamiento de agua se entregan en propiedad a los usuarios privados”.
“Entonces no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público cuando el instrumento que se usa para transferir el aprovechamiento de este bien a los privados permite que se transforme en un bien económico, que se puede transar en el mercado, arrendar, etc.”, indicó.
Este lunes continuará la discusión particular del proyecto de ley, que se inició en la moción de los diputados Alejandra Sepúlveda, Andrea Molina, Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier y Patricio Vallespín.
A la sesión están invitados el director General de Aguas, Francisco Echeverría, y los abogados Rodrigo Weisner -quien estuviera en ese cargo hace años- y Gustavo Manríquez, académico de la Universidad de Chile.
