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Programas presidenciales y derechos humanos: Desafíos pendientes para un nuevo Chile

Paula Campos | Martes 10 de diciembre 2013 - 17:47 hrs. |

MAPUCHE

En conocimiento del informe 2013 sobre la situación de los derechos humanos en el país, organizaciones sociales analizan los programas y promesas presidenciales en la materia, destacando la necesidad de un cambio legislativo y cultural para garantizar su protección y cumplimiento.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual sobre situación de los derechos humanos en el país, dejó en evidencia las dificultades que permanecen en varios aspectos. A nivel de poblaciones, migrantes, comunidades indígenas y mujeres, se presentan como aquellas más desprotegidas, quienes con mayor frecuencia deben ver cómo sus derechos fundamentales son pasados a llevar o no son garantizados por el propio Estado.

En cuanto a las categorías, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se encuentran en la mira de las organizaciones promotoras, siendo de los menos resguardados por las políticas instaladas en la organización país.

A días de la segunda vuelta presidencial, los matices se evidencian en los programas de ambas candidatas. Sin embargo, y como sostienen desde Amnistía Internacional, sin importar cuán explícitos sean estos, lo importante es reconocerlos como deberes del Estado chileno.
Ana Piquer, directora del Organismo aseguró que:

“Cualquiera sea quien resulte electa, cuando hablamos de Derechos Humanos, hablamos del Estado de Chile y no de un gobierno en particular o del gobierno que ratificó tal tratado. Chile va a tener que rendir cuentas ante diferentes organismos internacionales, entonces, independientemente de la manera en que esté reflejado en el programa, esto es algo que es exigible y que es parte de los compromisos internacionales de Estado”.

En cuanto a legislación, agregó: “La legislación es necesaria, pero no suficiente, lo mismo pasa con un cambio Constitucional. De nada sirven las modificaciones si la materialización de ellas es ineficiente”.

Pueblos Indígenas

Las recomendaciones elaboradas por el INDH son claras en materia indígena: Se le recomienda al Poder Legislativo y Ejecutivo avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sus derechos y condición pluricultural del Estado y la sociedad; según los estándares internacionales de derechos humanos.

A nivel de programas, el de la Alianza se enfoca en políticas y fortalecimiento institucional, tales como creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas o reformar la Conadi, además garantizar educación, salud y protección urbana como grandes ejes.

En el de la Nueva Mayoría, en medidas concretas, cumplir las obligaciones internacionales pendientes, reformas políticas, legislativas e institucionales, política de Tierras y Aguas indígenas y reforma en materia de orden público son algunas de las iniciativas postuladas.

Ana Llao, conseja de la Conadi, fue clara en su opinión: sin cambio Constitucional nada es un avance concreto.

“La participación y la igualdad se va a dar siempre cuando mostremos voluntad y para eso debe haber un cambio constitucional. No podemos seguir con la misma Constitución del ´80, no nos vamos a conformar con unos programitas, como el de Chile Indígena que nos van a tener entretenidos un ratito mientras las grandes forestales nos siguen robando”, criticó la Consejera.

La directora de Amnistía Internacional Chile,coincide con las disposiciones propuestas por el INDH. Sin embargo, nada es suficiente si no se les entrega real reconocimiento, es decir, consultar sobre las posiciones que los propios indígenas tengan en sus temas. A su juicio, ese es un “grave problema que no ha sido bien abordado por ningún gobierno”. Respecto de los programas, se reconocen las medidas de reforzamiento institucional que se evidencian con matices. A juicio de la experta, la necesidad recae en la prioridad que se les vaya dar en la urgencia de resolver estos temas.

Derechos de género

La recomendación del INDH es revisar en profundidad la respuesta de los servicios de atención y de los tribunales en caso de violencia contra las mujeres, así como también preocuparse por el estado del convenio de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).

Ambos programas presidenciales se centrarían en la violencia física contra las mujeres, apunta Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, para quien se hace necesario ampliar la mirada en aquellas otras formas de discriminación que a diario viven miles de mujeres en el país.

“Los programas se enfocan en el tema de la violencia contra las mujeres a nivel de relaciones familiares, lo que es importante porque la violencia de género es una epidemia en este país, pero también se tienen que enfocar en el cumplimiento pleno de los derechos humanos en todos los niveles, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, profundizó la jurista.

“El Estado está en deuda en con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, argumentó Ana Piquer, resaltando la gravedad de la penalización de todas las formas de aborto, insistiendo en que al menos se debe legislar en lo terapéutico.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, las posiciones de ambos programas son conocidas y opuestas. Mientras desde la Nueva Mayoría se habla de despenalizar algunas formas de aborto, por ejemplo, desde la Alianza son tajantes en su prohibición. La directora de Amnistía Internacional asegura que de ninguna manera será fácil avanzar: “no será rápido, lo que es lamentable porque aquí están en juego los derechos humanos de las mujeres”, acotó, denunciando el actuar del Estado pese a haber firmado y ratificado tratados internacionales.

Migrantes

Un tercer gran eje de desigualdad en materia de derechos humanos se evidencia en el trato a los migrantes. En las recomendaciones elaboradas por el Instituto que dirige Lorena Fríes queda claramente señalada la necesidad de avanzar en una ley que los proteja, además fiscalizar que no se violen sus derechos, así como reconocer la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Chile.

Si bien se encuentra ingresado al Congreso el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería, con el fin de modificar la actual legislación existente desde 1975, desde el Instituto Católico de Migración (Incami), su vicepresidente ejecutivo Idenilso Bortolotto aseguró que esta no es suficiente, pues no dice relación con los avances regionales en materia de migración.

“Vemos que ese proyecto de ley no contempla los estándares internacionales y regionales sobre todo los reconocidos por el Mercosur, quien cuando eres miembro asociado, permite al migrante integrarse y considerarse regular no con una visa sujeta a una visa a contrato de trabajo, sino siendo miembro de esos países, eso no se ha aprobado, el proyecto no lo contempla”, declaró el sacerdote.

A nivel de campañas, ambas candidatas han recogido intención de avanzar en la materia. La posibilidad de discutir el actuar proyecto de ley es un paso adelante en mejorar la normativa, al menos, abriendo el debate para fortalecer lo ingresado, agilizando la obsolescencia de la actual legislación.

Aunque las organizaciones reconocen ciertos avances en los programas de ambas candidatas, enfatizan en que éstos no son suficientes, por lo que el aseguramiento del respeto de los derechos humanos asoma como uno de los principales desafíos para un próximo gobierno.

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2 Comentarios

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    avatar Eduardo Gonzalez Torres dice:
    Me gustaria que la señora Ana Piquer se fuera a trabajar por unos meses a Afganistan , China , Arabia Saudita , Ruanda , Cuba ,Corea del Norte , Chad , paquistan .... y muchos otros para asi comparar las distintas realidades.
    • Thumb up 0 Thumb down 0
      avatar miguel cespedes dice:
      ¡no pohhh don eduardo!,no porque algunos sean sucios,ladrones o tiranos nos da una excusa para serlo nosotros ,por lo menos es la filosofía que practico yo ,trato de mejorar cada día autocriticándome como se debe.

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