La apertura de un proceso de participación ciudadana es lo que exigen los atacameños en el marco de la tramitación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la minera Lumina Cooper ingresó el pasado ocho de diciembre de 2013 al SEA local para el proyecto minero Caserones.
El proyecto de explotación minera fue aprobado en enero del 2010 y en junio del 2011 se visó su línea de transmisión. La Superintendencia del Medioambiente este año sometió a fiscalización estos proyectos y el cinco de noviembre el organismo realizó 23 cargos a la empresa, 10 infracciones graves y once leves, relacionadas principalmente con el manejo de las aguas. Ante esto el proyecto ingresó, tan sólo tres días después, dos nuevas declaraciones de impacto ambiental.
Estas buscarían regularizar los errores de su declaración y serían sumamente incompletas, y no se acompaña estudio hidrogeológico. Sobre esto se refirió Jorge García, abogado del estudio Araya & Cía quien representa a las comunidades.
En este sentido, el abogado de los vecinos de Tierra Amarilla explicó que “entendemos que esta Declaración de Impacto Ambiental genera cargas ambientales que es lo que entiende o lo que pide la ley puesto que generan beneficios sociales y a su vez generan externalidades negativas a las localidades próximas y en ese entendido hemos presentado esta solicitud a la directora regional del Servicio Ambiental de Atacama que abra un proceso de participación ciudadana dentro de sus facultades, y así poder hacer un poco esta discusión más pública y poder plasmar las discusiones y las observaciones que tiene la gente de Copiapó al proyecto de hoy”.
El proyecto presentado por la cuprífera establece que utilizarán en sus procesos productivos tres mil 88 litros por segundo de agua, de los cuales 518 serían abastecidos de tres nuevos pozos de extracción de aguas subterráneas, en una zona azolada por el agotamiento hídrico del Río Copiapó, donde incluso los sectores uno a cuatro del acuífero están declarados en Zona de Prohibición y los sectores cinco y seis están declarados como Zonas de Restricción.
Respecto de esta situación se refirió Claudio Alfaro, dirigente de Tierra Amarilla: “Hay tres puntos que son preocupantes, uno es el tema del agua de contacto, que han tenido problemas ellos con las aguas contaminadas en este caso, el tema de la línea de transmisión, que dijeron que iba a pasar por un lugar y después pasó por otro y afectó algunos sitios arqueológicos. Lo principal es el tema del agua, porque ellos dijeron que iban a sacar agua de un sector del valle, pero los pozos los empezaron a construir en otro sector y eso inevitablemente cuando empiece la gran producción va a afectar sí o sí a la Agricultura”.
“Si esto sigue en pie sin modificaciones Tierra Amarilla va a convertirse en Tierra negra”, afirmó el dirigente quien añadió que la explotación minera ha dejado serios daños a la comunidad, como se ha visto en el caso de minera Candelaria, cercana al sector.
Además, los ciudadanos afirmaron que este proyecto debió someterse a un estudio de impacto ambiental, donde la participación ciudadana es obligatoria, pero, a falta de ello están agotando las vías del diálogo. De no ser así, las comunidades podrían presentar un recurso de protección y llevar la causa a tribunales.
Si bien, Lumina Cooper inicialmente contaba con 15 días para hacer sus descargos, la Superintendencia acogió la solicitud de la empresa para postergar su respuesta ante los incumplimientos detectados.
La apertura de un proceso de participación ciudadana es lo que exigen los atacameños en el marco de la tramitación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la minera Lumina Cooper ingresó el pasado ocho de diciembre de 2013 al SEA local para el proyecto minero Caserones.
El proyecto de explotación minera fue aprobado en enero del 2010 y en junio del 2011 se visó su línea de transmisión. La Superintendencia del Medioambiente este año sometió a fiscalización estos proyectos y el cinco de noviembre el organismo realizó 23 cargos a la empresa, 10 infracciones graves y once leves, relacionadas principalmente con el manejo de las aguas. Ante esto el proyecto ingresó, tan sólo tres días después, dos nuevas declaraciones de impacto ambiental.
Estas buscarían regularizar los errores de su declaración y serían sumamente incompletas, y no se acompaña estudio hidrogeológico. Sobre esto se refirió Jorge García, abogado del estudio Araya & Cía quien representa a las comunidades.
En este sentido, el abogado de los vecinos de Tierra Amarilla explicó que “entendemos que esta Declaración de Impacto Ambiental genera cargas ambientales que es lo que entiende o lo que pide la ley puesto que generan beneficios sociales y a su vez generan externalidades negativas a las localidades próximas y en ese entendido hemos presentado esta solicitud a la directora regional del Servicio Ambiental de Atacama que abra un proceso de participación ciudadana dentro de sus facultades, y así poder hacer un poco esta discusión más pública y poder plasmar las discusiones y las observaciones que tiene la gente de Copiapó al proyecto de hoy”.
El proyecto presentado por la cuprífera establece que utilizarán en sus procesos productivos tres mil 88 litros por segundo de agua, de los cuales 518 serían abastecidos de tres nuevos pozos de extracción de aguas subterráneas, en una zona azolada por el agotamiento hídrico del Río Copiapó, donde incluso los sectores uno a cuatro del acuífero están declarados en Zona de Prohibición y los sectores cinco y seis están declarados como Zonas de Restricción.
Respecto de esta situación se refirió Claudio Alfaro, dirigente de Tierra Amarilla: “Hay tres puntos que son preocupantes, uno es el tema del agua de contacto, que han tenido problemas ellos con las aguas contaminadas en este caso, el tema de la línea de transmisión, que dijeron que iba a pasar por un lugar y después pasó por otro y afectó algunos sitios arqueológicos. Lo principal es el tema del agua, porque ellos dijeron que iban a sacar agua de un sector del valle, pero los pozos los empezaron a construir en otro sector y eso inevitablemente cuando empiece la gran producción va a afectar sí o sí a la Agricultura”.
“Si esto sigue en pie sin modificaciones Tierra Amarilla va a convertirse en Tierra negra”, afirmó el dirigente quien añadió que la explotación minera ha dejado serios daños a la comunidad, como se ha visto en el caso de minera Candelaria, cercana al sector.
Además, los ciudadanos afirmaron que este proyecto debió someterse a un estudio de impacto ambiental, donde la participación ciudadana es obligatoria, pero, a falta de ello están agotando las vías del diálogo. De no ser así, las comunidades podrían presentar un recurso de protección y llevar la causa a tribunales.
Si bien, Lumina Cooper inicialmente contaba con 15 días para hacer sus descargos, la Superintendencia acogió la solicitud de la empresa para postergar su respuesta ante los incumplimientos detectados.
La apertura de un proceso de participación ciudadana es lo que exigen los atacameños en el marco de la tramitación de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la minera Lumina Cooper ingresó el pasado ocho de diciembre de 2013 al SEA local para el proyecto minero Caserones.
El proyecto de explotación minera fue aprobado en enero del 2010 y en junio del 2011 se visó su línea de transmisión. La Superintendencia del Medioambiente este año sometió a fiscalización estos proyectos y el cinco de noviembre el organismo realizó 23 cargos a la empresa, 10 infracciones graves y once leves, relacionadas principalmente con el manejo de las aguas. Ante esto el proyecto ingresó, tan sólo tres días después, dos nuevas declaraciones de impacto ambiental.
Estas buscarían regularizar los errores de su declaración y serían sumamente incompletas, y no se acompaña estudio hidrogeológico. Sobre esto se refirió Jorge García, abogado del estudio Araya & Cía quien representa a las comunidades.
En este sentido, el abogado de los vecinos de Tierra Amarilla explicó que “entendemos que esta Declaración de Impacto Ambiental genera cargas ambientales que es lo que entiende o lo que pide la ley puesto que generan beneficios sociales y a su vez generan externalidades negativas a las localidades próximas y en ese entendido hemos presentado esta solicitud a la directora regional del Servicio Ambiental de Atacama que abra un proceso de participación ciudadana dentro de sus facultades, y así poder hacer un poco esta discusión más pública y poder plasmar las discusiones y las observaciones que tiene la gente de Copiapó al proyecto de hoy”.
El proyecto presentado por la cuprífera establece que utilizarán en sus procesos productivos tres mil 88 litros por segundo de agua, de los cuales 518 serían abastecidos de tres nuevos pozos de extracción de aguas subterráneas, en una zona azolada por el agotamiento hídrico del Río Copiapó, donde incluso los sectores uno a cuatro del acuífero están declarados en Zona de Prohibición y los sectores cinco y seis están declarados como Zonas de Restricción.
Respecto de esta situación se refirió Claudio Alfaro, dirigente de Tierra Amarilla: “Hay tres puntos que son preocupantes, uno es el tema del agua de contacto, que han tenido problemas ellos con las aguas contaminadas en este caso, el tema de la línea de transmisión, que dijeron que iba a pasar por un lugar y después pasó por otro y afectó algunos sitios arqueológicos. Lo principal es el tema del agua, porque ellos dijeron que iban a sacar agua de un sector del valle, pero los pozos los empezaron a construir en otro sector y eso inevitablemente cuando empiece la gran producción va a afectar sí o sí a la Agricultura”.
“Si esto sigue en pie sin modificaciones Tierra Amarilla va a convertirse en Tierra negra”, afirmó el dirigente quien añadió que la explotación minera ha dejado serios daños a la comunidad, como se ha visto en el caso de minera Candelaria, cercana al sector.
Además, los ciudadanos afirmaron que este proyecto debió someterse a un estudio de impacto ambiental, donde la participación ciudadana es obligatoria, pero, a falta de ello están agotando las vías del diálogo. De no ser así, las comunidades podrían presentar un recurso de protección y llevar la causa a tribunales.
Si bien, Lumina Cooper inicialmente contaba con 15 días para hacer sus descargos, la Superintendencia acogió la solicitud de la empresa para postergar su respuesta ante los incumplimientos detectados.
