La ley señala que únicamente los alcaldes deben rendir cuenta pública dentro del municipio, lo cual deja exento de esta obligación a concejales, quienes hacen efectiva la participación de la comunidad mediante el Concejo Municipal. Asimismo, toman decisiones sobre la recomendación de proyectos, eligen a integrantes de directorios de las corporaciones y fundaciones, supervisan el correcto aporte de subvenciones y controlan el cumplimiento del plan comunal de desarrollo.
Es por ello que, ante la necesidad de responder a las exigencias del cargo y hacer cumplir con las promesas hechas en campaña, la concejala de Ñuñoa Paula Mendoza señaló que con estas medidas se fomenta la transparencia.
Para la concejala “la participación no termina en el voto. Rendir cuentas públicas a la ciudadanía responde a una mirada de una democracia participativa, donde la gente pueda efectivamente ejercer control sobre lo que hacen sus autoridades y también permite a las autoridades tener una retroalimentación permanente con las miradas de la ciudadanía, precisamente también para poder cumplir los compromisos de campaña que habíamos asumido hace poquito más de un año”.
La ley de Participación ciudadana establece “el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía”. Es una medida que fue aprobada durante el 2010 y que viene a generar espacios de discusión que aseguren el correcto cumplimiento de las promesas.
Alejandro Jiménez, vocero de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señaló que las autoridades deben dar cuenta de su gestión, pero que aún falta que la gente asimile la importancia de la cuenta pública.
“Cada vez más la gente se preocupa de que las autoridades den cuenta de su gestión. Es una cosa que se está imponiendo rápidamente. Es algo que en el tiempo se va a ir notando más. Todavía hay gente que toma bastante light su responsabilidad y deja que otros hagan la pega y critican pero no aportan mucho. Todo esto es parte de un proceso que va a tomar un tiempo largo todavía de que la gente le tome el peso a la cuenta pública”, afirmó.
Cabe recordar que en el país hay dos mil 332 concejales y concejalas, los que fueron electos por votación directa a través de un sistema de representación proporcional.
Según lo que estima la ley de Municipalidades, cada concejo municipal está compuesto entre seis, ocho y 10 concejales, dependiendo del tamaño de la comuna. Su gestión es de cuatro años y pueden ser reelegidos. Entre sus principales deberes está el de normar, resolver y fiscalizar el trabajo del alcalde.
Ante esto, Danae Mlynarz, perteneciente a Mujeres de Plaza Ñuñoa y ex concejala de la comuna, señaló que la participación es clave para que se pueda fiscalizar, pero que en esta propuesta se debe incluir un plan que no sea confuso y que enseñe cuáles son los parámetros a cumplir.
“El control social es parte de la participación ciudadana, en la cual nosotros los ciudadanos no solamente participamos votando cada cuatro años, sino que en la toma de decisiones y exigiéndole a nuestras autoridades el cumplimiento de aquello que se comprometieron al momento de presentarse como candidatos. También debe tener un elemento educativo y muchas veces eso se pierde de vista”, expresó.
Durante el año pasado se presentó la iniciativa “Ley de voto programático”, la cual procura que los candidatos inscriban sus propuestas con el fin de dar cumplimiento a todos aquellos anuncios de campaña, instancia que fue celebrada por la ciudadanía pero que aún sigue pendiente en el Congreso.
La ley señala que únicamente los alcaldes deben rendir cuenta pública dentro del municipio, lo cual deja exento de esta obligación a concejales, quienes hacen efectiva la participación de la comunidad mediante el Concejo Municipal. Asimismo, toman decisiones sobre la recomendación de proyectos, eligen a integrantes de directorios de las corporaciones y fundaciones, supervisan el correcto aporte de subvenciones y controlan el cumplimiento del plan comunal de desarrollo.
Es por ello que, ante la necesidad de responder a las exigencias del cargo y hacer cumplir con las promesas hechas en campaña, la concejala de Ñuñoa Paula Mendoza señaló que con estas medidas se fomenta la transparencia.
Para la concejala “la participación no termina en el voto. Rendir cuentas públicas a la ciudadanía responde a una mirada de una democracia participativa, donde la gente pueda efectivamente ejercer control sobre lo que hacen sus autoridades y también permite a las autoridades tener una retroalimentación permanente con las miradas de la ciudadanía, precisamente también para poder cumplir los compromisos de campaña que habíamos asumido hace poquito más de un año”.
La ley de Participación ciudadana establece “el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía”. Es una medida que fue aprobada durante el 2010 y que viene a generar espacios de discusión que aseguren el correcto cumplimiento de las promesas.
Alejandro Jiménez, vocero de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señaló que las autoridades deben dar cuenta de su gestión, pero que aún falta que la gente asimile la importancia de la cuenta pública.
“Cada vez más la gente se preocupa de que las autoridades den cuenta de su gestión. Es una cosa que se está imponiendo rápidamente. Es algo que en el tiempo se va a ir notando más. Todavía hay gente que toma bastante light su responsabilidad y deja que otros hagan la pega y critican pero no aportan mucho. Todo esto es parte de un proceso que va a tomar un tiempo largo todavía de que la gente le tome el peso a la cuenta pública”, afirmó.
Cabe recordar que en el país hay dos mil 332 concejales y concejalas, los que fueron electos por votación directa a través de un sistema de representación proporcional.
Según lo que estima la ley de Municipalidades, cada concejo municipal está compuesto entre seis, ocho y 10 concejales, dependiendo del tamaño de la comuna. Su gestión es de cuatro años y pueden ser reelegidos. Entre sus principales deberes está el de normar, resolver y fiscalizar el trabajo del alcalde.
Ante esto, Danae Mlynarz, perteneciente a Mujeres de Plaza Ñuñoa y ex concejala de la comuna, señaló que la participación es clave para que se pueda fiscalizar, pero que en esta propuesta se debe incluir un plan que no sea confuso y que enseñe cuáles son los parámetros a cumplir.
“El control social es parte de la participación ciudadana, en la cual nosotros los ciudadanos no solamente participamos votando cada cuatro años, sino que en la toma de decisiones y exigiéndole a nuestras autoridades el cumplimiento de aquello que se comprometieron al momento de presentarse como candidatos. También debe tener un elemento educativo y muchas veces eso se pierde de vista”, expresó.
Durante el año pasado se presentó la iniciativa “Ley de voto programático”, la cual procura que los candidatos inscriban sus propuestas con el fin de dar cumplimiento a todos aquellos anuncios de campaña, instancia que fue celebrada por la ciudadanía pero que aún sigue pendiente en el Congreso.
La ley señala que únicamente los alcaldes deben rendir cuenta pública dentro del municipio, lo cual deja exento de esta obligación a concejales, quienes hacen efectiva la participación de la comunidad mediante el Concejo Municipal. Asimismo, toman decisiones sobre la recomendación de proyectos, eligen a integrantes de directorios de las corporaciones y fundaciones, supervisan el correcto aporte de subvenciones y controlan el cumplimiento del plan comunal de desarrollo.
Es por ello que, ante la necesidad de responder a las exigencias del cargo y hacer cumplir con las promesas hechas en campaña, la concejala de Ñuñoa Paula Mendoza señaló que con estas medidas se fomenta la transparencia.
Para la concejala “la participación no termina en el voto. Rendir cuentas públicas a la ciudadanía responde a una mirada de una democracia participativa, donde la gente pueda efectivamente ejercer control sobre lo que hacen sus autoridades y también permite a las autoridades tener una retroalimentación permanente con las miradas de la ciudadanía, precisamente también para poder cumplir los compromisos de campaña que habíamos asumido hace poquito más de un año”.
La ley de Participación ciudadana establece “el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía”. Es una medida que fue aprobada durante el 2010 y que viene a generar espacios de discusión que aseguren el correcto cumplimiento de las promesas.
Alejandro Jiménez, vocero de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señaló que las autoridades deben dar cuenta de su gestión, pero que aún falta que la gente asimile la importancia de la cuenta pública.
“Cada vez más la gente se preocupa de que las autoridades den cuenta de su gestión. Es una cosa que se está imponiendo rápidamente. Es algo que en el tiempo se va a ir notando más. Todavía hay gente que toma bastante light su responsabilidad y deja que otros hagan la pega y critican pero no aportan mucho. Todo esto es parte de un proceso que va a tomar un tiempo largo todavía de que la gente le tome el peso a la cuenta pública”, afirmó.
Cabe recordar que en el país hay dos mil 332 concejales y concejalas, los que fueron electos por votación directa a través de un sistema de representación proporcional.
Según lo que estima la ley de Municipalidades, cada concejo municipal está compuesto entre seis, ocho y 10 concejales, dependiendo del tamaño de la comuna. Su gestión es de cuatro años y pueden ser reelegidos. Entre sus principales deberes está el de normar, resolver y fiscalizar el trabajo del alcalde.
Ante esto, Danae Mlynarz, perteneciente a Mujeres de Plaza Ñuñoa y ex concejala de la comuna, señaló que la participación es clave para que se pueda fiscalizar, pero que en esta propuesta se debe incluir un plan que no sea confuso y que enseñe cuáles son los parámetros a cumplir.
“El control social es parte de la participación ciudadana, en la cual nosotros los ciudadanos no solamente participamos votando cada cuatro años, sino que en la toma de decisiones y exigiéndole a nuestras autoridades el cumplimiento de aquello que se comprometieron al momento de presentarse como candidatos. También debe tener un elemento educativo y muchas veces eso se pierde de vista”, expresó.
Durante el año pasado se presentó la iniciativa “Ley de voto programático”, la cual procura que los candidatos inscriban sus propuestas con el fin de dar cumplimiento a todos aquellos anuncios de campaña, instancia que fue celebrada por la ciudadanía pero que aún sigue pendiente en el Congreso.
