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Informe de la Cámara revela “conjunto de falencias e inseguridad jurídica” en Ley de Drogas

Diario Uchile |Viernes 17 de enero 2014 11:26 hrs.

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Presidente del comité encargado de la evaluación de la ley, diputado Pablo Lorenzini, señaló que “no cabe duda que aquí hay un gran desafío para los parlamentarios, pues esta ley debe modificarse y responder a la realidad del país”.

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Este lunes se expondrá en el ex Congreso nacional el informe del resultado de la evaluación de la ley 20.000 , la ley de drogas, en lo que constituye un trabajo pionero , en el ámbito parlamentario, pues la Cámara de Diputados de Chile es una de las pocas en el mundo que cuenta con este departamento de evaluación post leyes;  un trabajo que cuenta con el respaldo de la OCDE y que está a cargo de un comité de parlamentarios presidido por el diputado de las Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini.

Al respecto, del diputado DC explicó que “este es un informe oficial de la Cámara, porque emana de una instancia también formal, que cuenta con el respaldo de la OCDE. Así como ya entregamos informes relativos a otras leyes, para saber cómo están aplicándose, hoy es la ley de drogas la que ha sido objeto de un competo análisis, detectándose varias falencias e inconsistencias. Claramente hay que realizar ajustes, pues muchos aspectos quedan sólo al criterio del juez al no existir norma expresa y definida en ciertos casos, especialmente con el tema de las cantidades de drogas”.

Sobre las principales conclusiones, Lorenzini adelantó que “detectamos inseguridad jurídica;  vacíos que impiden su total aplicación y hasta falta de claridad en algunos de sus acápites, especialmente en lo que se refiere a diferenciar consumo, microtráfico y tráfico de drogas”.

La Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a este estudio, debiera modificarse e incluir aspectos, según lo informado por Lorenzini, “relativos al consumo de marihuana en  forma controlada y con fines medicinales, no descartando la posibilidad de que las farmacias puedan vender sustancias con marihuana.”

Sobre el consumo privado, Lorenzini explicó que “ la ley permite el consumo privado personal y grupal espontáneo de drogas, pero sanciona prácticamente todas las conductas que permiten su obtención; lo que ya es una contradicción, algo extraño. Además, no existe uniformidad en la aplicación de las normas, lo que provoca un clima de inseguridad jurídica en relación al consumo; hecho que es reclamado por diversas organizaciones en el país”.

“En el caso específico de la cannabis el cultivo para consumo personal es sancionado como falta” y “no existe seguridad sobre la cantidad y el lapso para el consumo, elementos relevantes para evitar pena de cárcel”. El estudio indica que “la norma que permite al SAG autorizar cultivos presenta dificultades operativas. No contempla ni criterios ni causales para otorgarlo, dejando a total discrecionalidad del SAG”, agregó.

Entre otras de las conclusiones, el informe señala que “faltan herramientas para distinguir consumo, microtráfico y tráfico; que el Estado pierde dinero, al no existir una adecuada persecución patrimonial;  se plantea la posibilidad de ampliar los tribunales de tratamiento de drogas; definir si el consumidor será tratado como paciente o como delincuente; se detecta una clara descoordinación intersectorial y se agrega que se debe avanzar en el reconociendo de los tratamientos médicos con cannabis”.

La Comisión de Revisión de Leyes, de la Cámara de Diputados, se conformó hace casi dos años como una instancia formal parlamentaria. Además del DC Pablo Lorenzini, quien es el actual presidente, la integran Nicolás Monckeberg (RN), Romilio Gutiérrez (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Guillermo Ceroni (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Alberto Robles (PR).

Para realizar el informe, se revisó la normativa relacionada con la Ley 20.000, incluso de carácter internacional. Y se efectuaron entrevistas a representantes del Ministerio Público, Defensoría, Carabineros, PDI, servicios de Salud, SAG, Subsecretaría de Interior, tribunales de justicia, entre otros servicios oficiales. También se consultó la opinión de organismos sociales, como Fundación Paréntesis, Corporación Esperanza, Cannabis Chile, Revista Cáñamo, Colegio Médico, etc.