El próximo 28 de enero, un día después de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo, Chile enfrenta un nuevo desafío en Ginebra, Suiza, donde Naciones Unidas realiza el segundo ciclo de evaluación para analizar si se están cumpliendo las recomendaciones en materia de Derechos Humanos y perfeccionamiento de la democracia realizadas a los 193 países miembros en esta instancia de cooperación internacional.
A esta fecha nuestro país aún seguiría definiendo la delegación que llegará a Europa a exponer el cumplimiento de las recomendaciones. Esto preocupa a las organizaciones sociales, dado la cercanía de este relevante hito internacional con las reacciones del diferendo marítimo y la posibilidad de que, en este contexto, pudiera diluirse la importancia del encuentro y su función como promotor de mejorías.
Sin embargo, la Presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, afirmó que las autoridades están conscientes de la necesidad de quedar bien posicionado en esta vitrina pública, más aún si se considera la participación de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Hay preocupación de quedar bien a nivel internacional, a Chile le preocupa, además es parte del Consejo. Acá se juegan elementos geopolíticos e ideológicos entre los países a la hora de pasar el examen. La experiencia de 2009 es que América Latina se cuida muchísimo”, indicó.
Efectivamente, según la experiencia ya adquirida el 2009, son los países del norte quienes más recomendaciones realizan. Anteriormente se le sugirió al Estado controlar asuntos como el uso desproporcionado de la fuerza policial en movilizaciones sociales, poner fin a la criminalización del conflicto mapuche y se dieron varias líneas en materia de igualdad y en derechos de las mujeres, pese a que el Gobierno no aceptó la sugerencia revisar la penalización de la interrupción del embarazo ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país, algunos de los temas pendientes.
Para Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, la crítica sigue siendo la misma, porque si bien hay algunos avances parciales, el Gobierno ha pecado de optimismo al presentar mejoras legislativas a problemas que requieren una respuesta más amplia, y generalmente de corte interdisciplinario, para lo que se necesita una coordinación entre varios organismos del Estado que permita generar sistemas de protección efectivos.
“Los grandes temas vuelven a ser los mismos, no hay ninguno resuelto. Hay temas donde no se avanza y hay otros con avance meramente legislativo. Es un paso importante, pero debe pasar a un cambio real, si se está implementando debidamente”, señaló.
A estos puntos antiguos se suman nuevas preocupaciones, los conflictos ambientales y el acceso de las comunidades al agua son alguno de ellos, así como también la situación de los migrantes, no sólo enfocada a lo que es trata de personas, sino a los denominados “migrantes económicos” y el respeto de su derecho a la Educación, la Salud o la Vivienda, entre otros.
Por todas estas razones las organizaciones han elaborado un informe alternativo que también harán llegar a Ginebra para ser considerado en la evaluación global que se realizará finales de este mes.
El próximo 28 de enero, un día después de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo, Chile enfrenta un nuevo desafío en Ginebra, Suiza, donde Naciones Unidas realiza el segundo ciclo de evaluación para analizar si se están cumpliendo las recomendaciones en materia de Derechos Humanos y perfeccionamiento de la democracia realizadas a los 193 países miembros en esta instancia de cooperación internacional.
A esta fecha nuestro país aún seguiría definiendo la delegación que llegará a Europa a exponer el cumplimiento de las recomendaciones. Esto preocupa a las organizaciones sociales, dado la cercanía de este relevante hito internacional con las reacciones del diferendo marítimo y la posibilidad de que, en este contexto, pudiera diluirse la importancia del encuentro y su función como promotor de mejorías.
Sin embargo, la Presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, afirmó que las autoridades están conscientes de la necesidad de quedar bien posicionado en esta vitrina pública, más aún si se considera la participación de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Hay preocupación de quedar bien a nivel internacional, a Chile le preocupa, además es parte del Consejo. Acá se juegan elementos geopolíticos e ideológicos entre los países a la hora de pasar el examen. La experiencia de 2009 es que América Latina se cuida muchísimo”, indicó.
Efectivamente, según la experiencia ya adquirida el 2009, son los países del norte quienes más recomendaciones realizan. Anteriormente se le sugirió al Estado controlar asuntos como el uso desproporcionado de la fuerza policial en movilizaciones sociales, poner fin a la criminalización del conflicto mapuche y se dieron varias líneas en materia de igualdad y en derechos de las mujeres, pese a que el Gobierno no aceptó la sugerencia revisar la penalización de la interrupción del embarazo ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país, algunos de los temas pendientes.
Para Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, la crítica sigue siendo la misma, porque si bien hay algunos avances parciales, el Gobierno ha pecado de optimismo al presentar mejoras legislativas a problemas que requieren una respuesta más amplia, y generalmente de corte interdisciplinario, para lo que se necesita una coordinación entre varios organismos del Estado que permita generar sistemas de protección efectivos.
“Los grandes temas vuelven a ser los mismos, no hay ninguno resuelto. Hay temas donde no se avanza y hay otros con avance meramente legislativo. Es un paso importante, pero debe pasar a un cambio real, si se está implementando debidamente”, señaló.
A estos puntos antiguos se suman nuevas preocupaciones, los conflictos ambientales y el acceso de las comunidades al agua son alguno de ellos, así como también la situación de los migrantes, no sólo enfocada a lo que es trata de personas, sino a los denominados “migrantes económicos” y el respeto de su derecho a la Educación, la Salud o la Vivienda, entre otros.
Por todas estas razones las organizaciones han elaborado un informe alternativo que también harán llegar a Ginebra para ser considerado en la evaluación global que se realizará finales de este mes.
El próximo 28 de enero, un día después de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo, Chile enfrenta un nuevo desafío en Ginebra, Suiza, donde Naciones Unidas realiza el segundo ciclo de evaluación para analizar si se están cumpliendo las recomendaciones en materia de Derechos Humanos y perfeccionamiento de la democracia realizadas a los 193 países miembros en esta instancia de cooperación internacional.
A esta fecha nuestro país aún seguiría definiendo la delegación que llegará a Europa a exponer el cumplimiento de las recomendaciones. Esto preocupa a las organizaciones sociales, dado la cercanía de este relevante hito internacional con las reacciones del diferendo marítimo y la posibilidad de que, en este contexto, pudiera diluirse la importancia del encuentro y su función como promotor de mejorías.
Sin embargo, la Presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, afirmó que las autoridades están conscientes de la necesidad de quedar bien posicionado en esta vitrina pública, más aún si se considera la participación de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Hay preocupación de quedar bien a nivel internacional, a Chile le preocupa, además es parte del Consejo. Acá se juegan elementos geopolíticos e ideológicos entre los países a la hora de pasar el examen. La experiencia de 2009 es que América Latina se cuida muchísimo”, indicó.
Efectivamente, según la experiencia ya adquirida el 2009, son los países del norte quienes más recomendaciones realizan. Anteriormente se le sugirió al Estado controlar asuntos como el uso desproporcionado de la fuerza policial en movilizaciones sociales, poner fin a la criminalización del conflicto mapuche y se dieron varias líneas en materia de igualdad y en derechos de las mujeres, pese a que el Gobierno no aceptó la sugerencia revisar la penalización de la interrupción del embarazo ni de informar políticas de fecundidad y ajustar la legislación del aborto en el país, algunos de los temas pendientes.
Para Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, la crítica sigue siendo la misma, porque si bien hay algunos avances parciales, el Gobierno ha pecado de optimismo al presentar mejoras legislativas a problemas que requieren una respuesta más amplia, y generalmente de corte interdisciplinario, para lo que se necesita una coordinación entre varios organismos del Estado que permita generar sistemas de protección efectivos.
“Los grandes temas vuelven a ser los mismos, no hay ninguno resuelto. Hay temas donde no se avanza y hay otros con avance meramente legislativo. Es un paso importante, pero debe pasar a un cambio real, si se está implementando debidamente”, señaló.
A estos puntos antiguos se suman nuevas preocupaciones, los conflictos ambientales y el acceso de las comunidades al agua son alguno de ellos, así como también la situación de los migrantes, no sólo enfocada a lo que es trata de personas, sino a los denominados “migrantes económicos” y el respeto de su derecho a la Educación, la Salud o la Vivienda, entre otros.
Por todas estas razones las organizaciones han elaborado un informe alternativo que también harán llegar a Ginebra para ser considerado en la evaluación global que se realizará finales de este mes.
