El proyecto de ley deriva de los acuerdos pactados por la actual coalición en el poder, formada por liberales de derecha y socialdemócratas, y busca dos cosas: obligar al delincuente a asumir el costo de sus actos y ahorrar.

Actualmente, Holanda cuenta con espacio para 12.000 presos, que pasan un promedio de tres meses en prisión. Cada celda, en la que pueden estar un máximo de dos personas, cuesta 200 euros al día.

El principio de esta medida es que la deuda no puede ser cancelada. Si el recluso tiene dinero al ingresar en prisión empezará a pagar inmediatamente, caso contrario, dispone de tiempo indefinido para saldarla.

Esta medida se aplicaría también a personas en prisión psiquiátrica y padres de menores internados en centros de reinserción.

“Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, solo por el resto de la ciudadanía”, señala Johan van Opstel, portavoz del ministerio de Justicia.

La medida tendría una duración máxima de dos años, limitando la recaudación total a 11.680 euros por persona, según los datos del ministerio.

El titular de la cartera de justicia presentó paralelamente otro proyecto legislativo que adjudica a los condenados una parte de los costes generados por las investigaciones policiales, procedimiento judicial posterior y la asistencia a las víctimas.

Con esta medida, Holanda se uniría a otros países europeos, como Dinamarca y Alemania, que cuentan con regulaciones similares.