Este jueves sesionó el Comité de Ministros para resolver las 36 reclamaciones que tiene el proyecto Hidroaysén. De ellas, 34 fueron visadas por esta comisión ministerial y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
El Estado deberá licitar estos análisis, por lo que su resultado demorará no menos de un año. Un primer punto es resolver el impacto del megaproyecto en las condiciones fluviales del río Baker, otro aspecto a estudiar son los 5 mil trabajadores que llegarían a la comuna de Cochrane.
Con ello, la aprobación final para esta inversión queda en manos del próximo gobierno. No obstante, la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, indicó que Hidroaysén puede iniciar las obras, pero es un riesgo comenzar antes de los resultados de estos dos estudios.
La ministra indicó que “el proyecto, al tener Resolución de Calificación Ambiental aprobada, puede iniciar su construcción, sin perjuicio de que hay estudios pendientes. Eso es lo que técnicamente el comité ha resuelto, que el estudio hidrológico es importante para resolver las variaciones diarias de caudal, y tener un plan para ver el impacto que significa en la ciudad de Cochrane”.
Ricardo Irarrázabal, director del Servicio de Evaluación Ambiental, valoró el proceso judicial que registró el proyecto Punta Alcalde, que fijó un precedente para ordenar estos estudios, ya que con su resultado el Comité puede exigir nuevas condiciones de mitigación al proyecto.
“Es un estudio hidrológico, significa analizar qué significa, cuáles son los impactos y qué tipo de medidas tomar por oscilación diaria de caudal. Esos estudios permitirán al Comité de Ministros imponer condiciones respecto de ese tema, que fue parcialmente evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental”, señaló.
Desde el Consejo de Defensa de la Patagonia señalaron esta postergación como “un triunfo ciudadano”, al presionar al Ejecutivo para postergar una eventual autorización. En esta línea, destacan que Sebastián Piñera no logró aprobarlo, y que Michelle Bachelet mantuvo una postura de oposición a esta inversión durante su campaña, por lo que sólo queda “ponerle la lápida”.
“El próximo gobierno deberá tomar resoluciones, y a la luz de lo que dijo Bachelet, en la práctica es poner la lápida definitiva. Estaremos atentos a que se cumplan los compromisos de la Presidenta respecto de ello. Se sacó los balazos el gobierno de Piñera, pero está rematando el proyecto al dejar la decisión en el otro gobierno”, indicó Patricio Segura, coordinador de Patagonia Sin Represas.
El director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, señala que el proyecto se originó en malas prácticas y desde un inicio no cumplía con las condiciones. En ello, advierte que los dos estudios abordan sólo algunas de las preguntas sin respuesta sobre Hidroaysén, pero aún resta conocer detalles por el impacto sobre flora y fauna, los sedimentos de las represas y el daño que provoca al turismo.
Orrego declaró que “es absurdo acoger dos reclamaciones, cuando hay temas sin respuesta. El tema de los huemules, el tema de la fauna, los ríos impactados. El impacto mortal sobre el turismo, no han sido considerados. Están en las reclamaciones y no han sido respondidos”.
Esto fue recalcado por Chile Sustentable, quienes citan una aprobación irregular en 2011. En un comunicado, esta ONG señala que los gobiernos evitan los costos políticos de su rechazo, una situación que afianza el trabajo de la institucionalidad ambiental.
Este jueves sesionó el Comité de Ministros para resolver las 36 reclamaciones que tiene el proyecto Hidroaysén. De ellas, 34 fueron visadas por esta comisión ministerial y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
El Estado deberá licitar estos análisis, por lo que su resultado demorará no menos de un año. Un primer punto es resolver el impacto del megaproyecto en las condiciones fluviales del río Baker, otro aspecto a estudiar son los 5 mil trabajadores que llegarían a la comuna de Cochrane.
Con ello, la aprobación final para esta inversión queda en manos del próximo gobierno. No obstante, la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, indicó que Hidroaysén puede iniciar las obras, pero es un riesgo comenzar antes de los resultados de estos dos estudios.
La ministra indicó que “el proyecto, al tener Resolución de Calificación Ambiental aprobada, puede iniciar su construcción, sin perjuicio de que hay estudios pendientes. Eso es lo que técnicamente el comité ha resuelto, que el estudio hidrológico es importante para resolver las variaciones diarias de caudal, y tener un plan para ver el impacto que significa en la ciudad de Cochrane”.
Ricardo Irarrázabal, director del Servicio de Evaluación Ambiental, valoró el proceso judicial que registró el proyecto Punta Alcalde, que fijó un precedente para ordenar estos estudios, ya que con su resultado el Comité puede exigir nuevas condiciones de mitigación al proyecto.
“Es un estudio hidrológico, significa analizar qué significa, cuáles son los impactos y qué tipo de medidas tomar por oscilación diaria de caudal. Esos estudios permitirán al Comité de Ministros imponer condiciones respecto de ese tema, que fue parcialmente evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental”, señaló.
Desde el Consejo de Defensa de la Patagonia señalaron esta postergación como “un triunfo ciudadano”, al presionar al Ejecutivo para postergar una eventual autorización. En esta línea, destacan que Sebastián Piñera no logró aprobarlo, y que Michelle Bachelet mantuvo una postura de oposición a esta inversión durante su campaña, por lo que sólo queda “ponerle la lápida”.
“El próximo gobierno deberá tomar resoluciones, y a la luz de lo que dijo Bachelet, en la práctica es poner la lápida definitiva. Estaremos atentos a que se cumplan los compromisos de la Presidenta respecto de ello. Se sacó los balazos el gobierno de Piñera, pero está rematando el proyecto al dejar la decisión en el otro gobierno”, indicó Patricio Segura, coordinador de Patagonia Sin Represas.
El director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, señala que el proyecto se originó en malas prácticas y desde un inicio no cumplía con las condiciones. En ello, advierte que los dos estudios abordan sólo algunas de las preguntas sin respuesta sobre Hidroaysén, pero aún resta conocer detalles por el impacto sobre flora y fauna, los sedimentos de las represas y el daño que provoca al turismo.
Orrego declaró que “es absurdo acoger dos reclamaciones, cuando hay temas sin respuesta. El tema de los huemules, el tema de la fauna, los ríos impactados. El impacto mortal sobre el turismo, no han sido considerados. Están en las reclamaciones y no han sido respondidos”.
Esto fue recalcado por Chile Sustentable, quienes citan una aprobación irregular en 2011. En un comunicado, esta ONG señala que los gobiernos evitan los costos políticos de su rechazo, una situación que afianza el trabajo de la institucionalidad ambiental.
Este jueves sesionó el Comité de Ministros para resolver las 36 reclamaciones que tiene el proyecto Hidroaysén. De ellas, 34 fueron visadas por esta comisión ministerial y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
El Estado deberá licitar estos análisis, por lo que su resultado demorará no menos de un año. Un primer punto es resolver el impacto del megaproyecto en las condiciones fluviales del río Baker, otro aspecto a estudiar son los 5 mil trabajadores que llegarían a la comuna de Cochrane.
Con ello, la aprobación final para esta inversión queda en manos del próximo gobierno. No obstante, la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, indicó que Hidroaysén puede iniciar las obras, pero es un riesgo comenzar antes de los resultados de estos dos estudios.
La ministra indicó que “el proyecto, al tener Resolución de Calificación Ambiental aprobada, puede iniciar su construcción, sin perjuicio de que hay estudios pendientes. Eso es lo que técnicamente el comité ha resuelto, que el estudio hidrológico es importante para resolver las variaciones diarias de caudal, y tener un plan para ver el impacto que significa en la ciudad de Cochrane”.
Ricardo Irarrázabal, director del Servicio de Evaluación Ambiental, valoró el proceso judicial que registró el proyecto Punta Alcalde, que fijó un precedente para ordenar estos estudios, ya que con su resultado el Comité puede exigir nuevas condiciones de mitigación al proyecto.
“Es un estudio hidrológico, significa analizar qué significa, cuáles son los impactos y qué tipo de medidas tomar por oscilación diaria de caudal. Esos estudios permitirán al Comité de Ministros imponer condiciones respecto de ese tema, que fue parcialmente evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental”, señaló.
Desde el Consejo de Defensa de la Patagonia señalaron esta postergación como “un triunfo ciudadano”, al presionar al Ejecutivo para postergar una eventual autorización. En esta línea, destacan que Sebastián Piñera no logró aprobarlo, y que Michelle Bachelet mantuvo una postura de oposición a esta inversión durante su campaña, por lo que sólo queda “ponerle la lápida”.
“El próximo gobierno deberá tomar resoluciones, y a la luz de lo que dijo Bachelet, en la práctica es poner la lápida definitiva. Estaremos atentos a que se cumplan los compromisos de la Presidenta respecto de ello. Se sacó los balazos el gobierno de Piñera, pero está rematando el proyecto al dejar la decisión en el otro gobierno”, indicó Patricio Segura, coordinador de Patagonia Sin Represas.
El director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, señala que el proyecto se originó en malas prácticas y desde un inicio no cumplía con las condiciones. En ello, advierte que los dos estudios abordan sólo algunas de las preguntas sin respuesta sobre Hidroaysén, pero aún resta conocer detalles por el impacto sobre flora y fauna, los sedimentos de las represas y el daño que provoca al turismo.
Orrego declaró que “es absurdo acoger dos reclamaciones, cuando hay temas sin respuesta. El tema de los huemules, el tema de la fauna, los ríos impactados. El impacto mortal sobre el turismo, no han sido considerados. Están en las reclamaciones y no han sido respondidos”.
Esto fue recalcado por Chile Sustentable, quienes citan una aprobación irregular en 2011. En un comunicado, esta ONG señala que los gobiernos evitan los costos políticos de su rechazo, una situación que afianza el trabajo de la institucionalidad ambiental.
