Se cumplen 23 años del Informe Rettig que fue creado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, buscando contribuir con la recepción de denuncias y al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
En el contexto de 40 años del Golpe Militar, ha sido un tema relevante y el Presidente Sebastián Piñera, a días de abandonar su cargo, ha entregado diversos balances de su mandato sin profundizar en esta materia.
Dentro de las deudas de la administración que se va, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira apuntó a la negativa a modificar leyes como el artículo 93 del Código Penal para que los jueces no apliquen la media prescripción.
La activista indicó que queda pendiente la reparación integral con pensiones dignas a los familiares, cárceles comunes para los victimarios en lugar de recintos especiales. Alicia Lira exigió la aprobación del proyecto de ley de degradación de todo militar condenado por delitos de lesa humanidad y a quienes reivindican o hacen apología del terrorismo de Estado.
En temas contingentes, la agrupación corroboró las denuncias sobre la calidad de torturador del ex oficial Víctor Echeverría, padre de la futura subsecretaria de Fuerzas Armadas, ya que existe una causa en su contra, por el asesinato de Jorge Pacheco, Denrio Álvarez y Ernesto Méndez, que sustancia el Ministro Mario Carroza.
Respecto de los antecedentes directos de la próxima autoridad, Alicia Lira indicó que enfrenta denuncias por la organización de marinos constitucionalistas a los que negó determinados beneficios cuando ejerció un cargo similar en el pasado.
Al respecto señaló: “Que se ponga la mano en el corazón la señora Michelle Bachelet, como víctima, como hija de un asesinado, como familiar de un militar constitucionalista, que escuche nuestra petición y que realmente no permita que la Señora Echeverría asuma como subsecretaria del ministerio de Defensa”, dijo Lira.
La AFEP consideró inaceptable el prolongado silencio de Carolina Echeverría al respecto. En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos añadió que debe pronunciarse dada la relevancia del cargo que asumirá: “Nuestro cuestionamiento no va a si es hija o no de alguien, tiene que ver con un país que vive en la impunidad, con un padre, el de ella, pero también muchos otros que están en la impunidad, que no han estado un solo día preso. Finalmente por la tarea que ella va a desarrollar al interior del ministerio de Defensa, va a tener íntima relación con todas las acciones pendientes que hay al interior de las Fuerzas Armadas”, señaló.
El abogado Roberto Garretón aseguró que la autoridad, como todo ciudadano, tiene derecho a postular a cargos públicos y ser elegida sin discriminación alguna por las acciones de su pariente.
Se cumplen 23 años del Informe Rettig que fue creado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, buscando contribuir con la recepción de denuncias y al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
En el contexto de 40 años del Golpe Militar, ha sido un tema relevante y el Presidente Sebastián Piñera, a días de abandonar su cargo, ha entregado diversos balances de su mandato sin profundizar en esta materia.
Dentro de las deudas de la administración que se va, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira apuntó a la negativa a modificar leyes como el artículo 93 del Código Penal para que los jueces no apliquen la media prescripción.
La activista indicó que queda pendiente la reparación integral con pensiones dignas a los familiares, cárceles comunes para los victimarios en lugar de recintos especiales. Alicia Lira exigió la aprobación del proyecto de ley de degradación de todo militar condenado por delitos de lesa humanidad y a quienes reivindican o hacen apología del terrorismo de Estado.
En temas contingentes, la agrupación corroboró las denuncias sobre la calidad de torturador del ex oficial Víctor Echeverría, padre de la futura subsecretaria de Fuerzas Armadas, ya que existe una causa en su contra, por el asesinato de Jorge Pacheco, Denrio Álvarez y Ernesto Méndez, que sustancia el Ministro Mario Carroza.
Respecto de los antecedentes directos de la próxima autoridad, Alicia Lira indicó que enfrenta denuncias por la organización de marinos constitucionalistas a los que negó determinados beneficios cuando ejerció un cargo similar en el pasado.
Al respecto señaló: “Que se ponga la mano en el corazón la señora Michelle Bachelet, como víctima, como hija de un asesinado, como familiar de un militar constitucionalista, que escuche nuestra petición y que realmente no permita que la Señora Echeverría asuma como subsecretaria del ministerio de Defensa”, dijo Lira.
La AFEP consideró inaceptable el prolongado silencio de Carolina Echeverría al respecto. En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos añadió que debe pronunciarse dada la relevancia del cargo que asumirá: “Nuestro cuestionamiento no va a si es hija o no de alguien, tiene que ver con un país que vive en la impunidad, con un padre, el de ella, pero también muchos otros que están en la impunidad, que no han estado un solo día preso. Finalmente por la tarea que ella va a desarrollar al interior del ministerio de Defensa, va a tener íntima relación con todas las acciones pendientes que hay al interior de las Fuerzas Armadas”, señaló.
El abogado Roberto Garretón aseguró que la autoridad, como todo ciudadano, tiene derecho a postular a cargos públicos y ser elegida sin discriminación alguna por las acciones de su pariente.
Se cumplen 23 años del Informe Rettig que fue creado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, buscando contribuir con la recepción de denuncias y al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
En el contexto de 40 años del Golpe Militar, ha sido un tema relevante y el Presidente Sebastián Piñera, a días de abandonar su cargo, ha entregado diversos balances de su mandato sin profundizar en esta materia.
Dentro de las deudas de la administración que se va, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira apuntó a la negativa a modificar leyes como el artículo 93 del Código Penal para que los jueces no apliquen la media prescripción.
La activista indicó que queda pendiente la reparación integral con pensiones dignas a los familiares, cárceles comunes para los victimarios en lugar de recintos especiales. Alicia Lira exigió la aprobación del proyecto de ley de degradación de todo militar condenado por delitos de lesa humanidad y a quienes reivindican o hacen apología del terrorismo de Estado.
En temas contingentes, la agrupación corroboró las denuncias sobre la calidad de torturador del ex oficial Víctor Echeverría, padre de la futura subsecretaria de Fuerzas Armadas, ya que existe una causa en su contra, por el asesinato de Jorge Pacheco, Denrio Álvarez y Ernesto Méndez, que sustancia el Ministro Mario Carroza.
Respecto de los antecedentes directos de la próxima autoridad, Alicia Lira indicó que enfrenta denuncias por la organización de marinos constitucionalistas a los que negó determinados beneficios cuando ejerció un cargo similar en el pasado.
Al respecto señaló: “Que se ponga la mano en el corazón la señora Michelle Bachelet, como víctima, como hija de un asesinado, como familiar de un militar constitucionalista, que escuche nuestra petición y que realmente no permita que la Señora Echeverría asuma como subsecretaria del ministerio de Defensa”, dijo Lira.
La AFEP consideró inaceptable el prolongado silencio de Carolina Echeverría al respecto. En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos añadió que debe pronunciarse dada la relevancia del cargo que asumirá: “Nuestro cuestionamiento no va a si es hija o no de alguien, tiene que ver con un país que vive en la impunidad, con un padre, el de ella, pero también muchos otros que están en la impunidad, que no han estado un solo día preso. Finalmente por la tarea que ella va a desarrollar al interior del ministerio de Defensa, va a tener íntima relación con todas las acciones pendientes que hay al interior de las Fuerzas Armadas”, señaló.
El abogado Roberto Garretón aseguró que la autoridad, como todo ciudadano, tiene derecho a postular a cargos públicos y ser elegida sin discriminación alguna por las acciones de su pariente.
