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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Comisión Asesora Presidencial

Expertos subrayan mayor participación estatal en reforma al sistema de pensiones

El comité de expertos que analizará el sistema de pensiones deberá trabajar en generar condiciones que aseguren pensiones razonables y dignas para los jubilados. En este contexto, la Presidenta enviará un proyecto de AFP estatal como parte de las cincuenta primeras medidas de su Gobierno. Desde el oficialismo aseguran que esta iniciativa generará mayor competencia en el sistema, mientras que economistas indican que no es una solución al problema de fondo y acusan exclusión en el debate de quienes propician volver al sistema de reparto. Las organizaciones sociales en tanto, llaman a movilizarse y a trabajar de manera paralela.

Camila Medina

  Lunes 28 de abril 2014 21:12 hrs. 
afp

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La Presidenta Michelle Bachelet presentará a los expertos nacionales e internacionales de la Comisión Asesora Presidencial que revisará el sistema de pensiones.

Entre los temas que deberá analizar esta comisión están la competitividad del mercado; revisar los niveles de transparencia, el régimen de inversiones y de fiscalización; la relación entre las utilidades de la industria y las mejoras de los fondos, así como también la edad de jubilación.

Conocidas son las críticas al sistema de administradoras de pensiones (AFP) que se creó a inicios de los ochenta en Chile. Entre ellas está el hecho de que los ahorros se encuentran sometidos a los vaivenes de la economía y el excesivo cobro de comisiones. Además, existe un continuo fortalecimiento del oligopolio conformado por seis AFP que administran los ahorros de millones de trabajadores, obligados por ley a depositar sus fondos de pensión en ellas.

El economista de la Universidad de Santiago Víctor Salas, dijo que estos factores se traducen en pensiones demasiado bajas y que, en algunos casos, “la gente llega a estimar alrededor de un treinta por ciento promedio de la última remuneración, en vez del setenta por ciento que estaba calculado inicialmente para este sistema. Cifra que de todas formas continúa siendo baja, considerando que las personas cotizan poco y que hay una suerte de evasión en la cotización, es decir, se cotiza por una renta más baja que la que efectivamente se está percibiendo”, explicó.

En medio del debate por la calidad de las pensiones, está el compromiso de la Presidenta Bachelet de enviar dentro de los primeros cien días de Gobierno, un proyecto de ley para la creación de una AFP estatal. Quienes apoyan la idea apuntan a que una entidad de este tipo, administrada sin fines de lucro, sumaría transparencia al sistema, reduciría costos y ayudaría a evitar el oligopolio y el control por grupos económicos de los recursos de los trabajadores.

El diputado socialista Osvaldo Andrade, integrante de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, es partidario de esta iniciativa, porque a su juicio aumentaría la competencia. Además dijo que se deben profundizar las vetas solidarias de este sistema y en ese camino avanzar hacia una opción mixta, “porque a las personas se les olvida, pero el antiguo sistema de reparto en Chile daba pensiones miserables, especialmente a quienes trabajaban en el servicio de seguro social. Sería bueno que quienes hacen una mitificación de ese sistema recordaran lo que teníamos. En consecuencia habría que avanzar hacia un sistema mixto, ya incorporamos una dosis de solidaridad con el Pilar Solidario, pero sin duda se requiere un mayor esfuerzo de esa naturaleza”, dijo.

Por su parte, Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) señaló que lo ideal es volver al sistema de reparto, pero que por ahora debe haber una transición hacia uno mixto. Esto con el objetivo de asegurar que las personas puedan elegir libremente y acabar con el oligopolio de las AFP.

Larenas agregó que “una AFP estatal no garantiza un sistema solidario de pensiones, simplemente implica que haya un nuevo actor en el mercado: el Estado, que tiene que competir con el resto y para hacerlo tiene que tener precios lo suficientemente competitivos, basta con ver el caso del Banco Estado, cómo lo hace para mantener todo eso, y desde el punto de vista de los créditos tampoco son demasiado blandos los que entrega, porque tiene que competir con la banca privada”, aseguró.

Para el economista del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, Hugo Fazio, el problema de fondo es que el sistema de previsión debe ser un sistema de seguridad social, mientras que en Chile está construido como un mecanismo financiero y, en consecuencia, los beneficios que entrega quedan a disposición de lo que ocurre en el mercado.

A su juicio la comisión tendrá un importante rol en estudiar este tema, sin embargo criticó que esta se compuso de manera sesgada. En ese sentido, dijo que aunque se anunció que la comisión se iba a constituir sin exclusiones, se hizo así “y se dejó fuera a nuestro centro de estudios que es uno de los principales referentes en materia de previsiones. Desde el momento en que se excluye de participar a quienes estamos de acuerdo con el sistema de reparto, quiere decir que se la da un matiz al funcionamiento de esa comisión. Da la impresión que este sesgo no asegura que la propuesta que se haga vaya en la dirección de lo que quieren los imponentes y lo que necesita el país”, señaló.

En esto coincidió el líder de la organización Acusa AFP, Ricardo Hormazábal quien recordó que en 2013 las AFP ganaron US $ 600 millones, mientras que los afiliados con más suerte vieron crecer sus fondos un 6,6  por ciento. “Lo más probable, por los nombres que aparecen, es que sean de nuevo gente pro AFP que tiene mucha influencia, pero los argumentos que hoy existen son mejores y hay otros espacios. Si no se da apertura en la comisión especial que formará la Presidenta, nosotros, las personas que estamos involucradas en esto hemos creado otros órganos desde los que seguiremos generando respuestas y sobretodo hay que movilizarse pacíficamente”, sostuvo.

Desde las organizaciones sociales coinciden en que las críticas al sistema ya están claras y estipuladas desde la comisión Marcel en 2006. Por lo tanto, señalaron que la nueva comisión debe trabajar ahora en una propuesta radical de reforma y evitar quedarse en más diagnósticos.

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