Recordemos que los 10 imputados alcanzaron, a mediados del año pasado, un acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, para suspender el proceso, previo pago de $255 millones de pesos a instituciones de beneficencia y la toma de cursos de ética por parte de los inculpados en el llamado “Caso Farmacias”.
Dicho acuerdo fue anulado por la Corte de Apelaciones, por lo que finalmente se ordenó continuar con el proceso, que entra en su etapa culmine con la preparación del juicio oral que comenzó esta mañana.
De esta forma, el Ministerio Público deberá demostrar la presencia del delito de alteración fraudulenta de precios contenido en el artículo 285 del Código Penal. Para esto, la fiscalía presentará una serie de testigos que pedirá sean citados a declarar durante el proceso.
Dentro de la reanudación del proceso, destacó el acuerdo alcanzado entre uno de los imputados, Gonzalo Izquierdo (quién se vio involucrado en un eventual delito de estafa contra un Casino en Pucón), para la realización de un juicio abreviado en su contra, lo que significa, en la práctica, que acepta los cargos contenidos en la carpeta investigativa.
Jaime Retamal, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, detalló los alcances de esta figura: “En el contexto de esta audiencia el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad, previo acuerdo, de que un acusado prefiera aceptar los hechos de la acusación, aceptar los antecedentes de la carpeta investigativa y someterse a una pena más benigna, es lo que ha hecho el señor Izquierdo previo de ser asesorado por su defensa. Esto es algo que nosotros no habíamos previsto originalmente, obedeció evidentemente a conversaciones que hubo entre las partes y finalmente se llegó a este acuerdo”.
Por su parte uno de los abogados querellantes en este caso, Fernando Santelices, destacó el precedente que puede crear este acuerdo. “Sin perjuicio que son instancias distintas y tribunales distintos y obviamente la forma de valorar la prueba es muy distinta que cuando una persona admite la responsabilidad como fue en este caso ciertamente es un escenario positivo porque marca un precedente en término de que estos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló.
Los abogados querellantes en este caso, que interpusieron el recurso ante la Corte de Apelaciones que permitió la anulación del acuerdo alcanzado con anterioridad, han manifestado su intención de que existe una condena en este caso, como señala el abogado Jaime Mulet.
“Buscamos que haya justicia, buscamos que ojalá haya condena efectiva en esta materia de manera que sirva no solamente en este mismo caso como justicia por la responsabilidad de los imputados, sino que también ayude al resto en el sentido de que sea ejemplar esta condena, para que otros mercados concentrados en nuestro país, no ocurra este mismo tipo de prácticas”, indicó.
La investigación penal comenzó el año 2009 luego de la querella presentada por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber.
En la otra arista del caso, fue a comienzos de 2012 cuando el TDLC aplicó una multa de US$20 millones a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a FASA para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Recordemos que los 10 imputados por este caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand, el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman y el mencionado Gonzalo Izquierdo.
Recordemos que los 10 imputados alcanzaron, a mediados del año pasado, un acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, para suspender el proceso, previo pago de $255 millones de pesos a instituciones de beneficencia y la toma de cursos de ética por parte de los inculpados en el llamado “Caso Farmacias”.
Dicho acuerdo fue anulado por la Corte de Apelaciones, por lo que finalmente se ordenó continuar con el proceso, que entra en su etapa culmine con la preparación del juicio oral que comenzó esta mañana.
De esta forma, el Ministerio Público deberá demostrar la presencia del delito de alteración fraudulenta de precios contenido en el artículo 285 del Código Penal. Para esto, la fiscalía presentará una serie de testigos que pedirá sean citados a declarar durante el proceso.
Dentro de la reanudación del proceso, destacó el acuerdo alcanzado entre uno de los imputados, Gonzalo Izquierdo (quién se vio involucrado en un eventual delito de estafa contra un Casino en Pucón), para la realización de un juicio abreviado en su contra, lo que significa, en la práctica, que acepta los cargos contenidos en la carpeta investigativa.
Jaime Retamal, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, detalló los alcances de esta figura: “En el contexto de esta audiencia el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad, previo acuerdo, de que un acusado prefiera aceptar los hechos de la acusación, aceptar los antecedentes de la carpeta investigativa y someterse a una pena más benigna, es lo que ha hecho el señor Izquierdo previo de ser asesorado por su defensa. Esto es algo que nosotros no habíamos previsto originalmente, obedeció evidentemente a conversaciones que hubo entre las partes y finalmente se llegó a este acuerdo”.
Por su parte uno de los abogados querellantes en este caso, Fernando Santelices, destacó el precedente que puede crear este acuerdo. “Sin perjuicio que son instancias distintas y tribunales distintos y obviamente la forma de valorar la prueba es muy distinta que cuando una persona admite la responsabilidad como fue en este caso ciertamente es un escenario positivo porque marca un precedente en término de que estos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló.
Los abogados querellantes en este caso, que interpusieron el recurso ante la Corte de Apelaciones que permitió la anulación del acuerdo alcanzado con anterioridad, han manifestado su intención de que existe una condena en este caso, como señala el abogado Jaime Mulet.
“Buscamos que haya justicia, buscamos que ojalá haya condena efectiva en esta materia de manera que sirva no solamente en este mismo caso como justicia por la responsabilidad de los imputados, sino que también ayude al resto en el sentido de que sea ejemplar esta condena, para que otros mercados concentrados en nuestro país, no ocurra este mismo tipo de prácticas”, indicó.
La investigación penal comenzó el año 2009 luego de la querella presentada por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber.
En la otra arista del caso, fue a comienzos de 2012 cuando el TDLC aplicó una multa de US$20 millones a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a FASA para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Recordemos que los 10 imputados por este caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand, el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman y el mencionado Gonzalo Izquierdo.
Recordemos que los 10 imputados alcanzaron, a mediados del año pasado, un acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, para suspender el proceso, previo pago de $255 millones de pesos a instituciones de beneficencia y la toma de cursos de ética por parte de los inculpados en el llamado “Caso Farmacias”.
Dicho acuerdo fue anulado por la Corte de Apelaciones, por lo que finalmente se ordenó continuar con el proceso, que entra en su etapa culmine con la preparación del juicio oral que comenzó esta mañana.
De esta forma, el Ministerio Público deberá demostrar la presencia del delito de alteración fraudulenta de precios contenido en el artículo 285 del Código Penal. Para esto, la fiscalía presentará una serie de testigos que pedirá sean citados a declarar durante el proceso.
Dentro de la reanudación del proceso, destacó el acuerdo alcanzado entre uno de los imputados, Gonzalo Izquierdo (quién se vio involucrado en un eventual delito de estafa contra un Casino en Pucón), para la realización de un juicio abreviado en su contra, lo que significa, en la práctica, que acepta los cargos contenidos en la carpeta investigativa.
Jaime Retamal, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, detalló los alcances de esta figura: “En el contexto de esta audiencia el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad, previo acuerdo, de que un acusado prefiera aceptar los hechos de la acusación, aceptar los antecedentes de la carpeta investigativa y someterse a una pena más benigna, es lo que ha hecho el señor Izquierdo previo de ser asesorado por su defensa. Esto es algo que nosotros no habíamos previsto originalmente, obedeció evidentemente a conversaciones que hubo entre las partes y finalmente se llegó a este acuerdo”.
Por su parte uno de los abogados querellantes en este caso, Fernando Santelices, destacó el precedente que puede crear este acuerdo. “Sin perjuicio que son instancias distintas y tribunales distintos y obviamente la forma de valorar la prueba es muy distinta que cuando una persona admite la responsabilidad como fue en este caso ciertamente es un escenario positivo porque marca un precedente en término de que estos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló.
Los abogados querellantes en este caso, que interpusieron el recurso ante la Corte de Apelaciones que permitió la anulación del acuerdo alcanzado con anterioridad, han manifestado su intención de que existe una condena en este caso, como señala el abogado Jaime Mulet.
“Buscamos que haya justicia, buscamos que ojalá haya condena efectiva en esta materia de manera que sirva no solamente en este mismo caso como justicia por la responsabilidad de los imputados, sino que también ayude al resto en el sentido de que sea ejemplar esta condena, para que otros mercados concentrados en nuestro país, no ocurra este mismo tipo de prácticas”, indicó.
La investigación penal comenzó el año 2009 luego de la querella presentada por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber.
En la otra arista del caso, fue a comienzos de 2012 cuando el TDLC aplicó una multa de US$20 millones a Salcobrand y Cruz Verde respectivamente, por coludirse junto a FASA para fijar los precios de al menos 206 medicamentos, sanción que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Recordemos que los 10 imputados por este caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand, el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman y el mencionado Gonzalo Izquierdo.
