Este lunes el Juzgado de Garantía, acogiendo una solicitud de la defensa, decidió levantar la prisión preventiva a Emilio Berkhoff. Sin embargo, el Ministerio Público apeló de forma verbal, con lo que el joven quedó en prisión preventiva, esperando que en los próximos días la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie al respecto decidiendo si el joven sigue encarcelado o queda en libertad.
Este caso ha reinstalado el debate sobre la utilización de los testigos protegidos, ya que Berkhoff está procesado en el marco del llamado “conflicto en La Araucanía”, por incendio, robo y porte ilegal de arma, es decir, se invoca la ley Antiterrorista, ante delitos contemplados en leyes comunes, no obstante en su juicio se contemplan 14 testigos encubiertos. En este escenario, la defensa solicitó que se revelara la identidad de los testigos, lo que fue acogido por los tribunales.
Sin embargo el Ministerio Público no se quedó conforme y presentó una apelación que fue rechazada, un recurso de protección que la Corte desestimó. Además, interpuso ante el Tribunal Constitucional una contienda de competencia, sobre la que se refirió el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jaime Pacheco.
“Básicamente la cuestión de competencia surge cuando un órgano del Estado estima que otro ente está ejerciendo atribuciones que no le corresponden. La tesis del Ministerio Público es que son ellos exclusivamente pueden disponer el secreto de los testigos y que un tribunal en etapa de investigación no podría controlar esa decisión, no podría dejarla sin efecto, y al haberlo hecho el juzgado de garantía de Cañete estaría inmiscuyéndose en las atribuciones que son propias del Ministerio Público. Esa es básicamente su tesis”, dijo el abogado de la Defensoría Penal Pública.
Pacheco afirmó que el tema es complejo, ya que la Fiscalía ha señalado que sus testigos son la única prueba que tienen contra Berkhoff. El problema es que la figura de los testigos en la ley común es admitida, pero no está claramente precisada, ni se estipula su real alcance.
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, expresó en conversación con nuestra emisora que cuando se invoca estos testigos protegidos indirectamente como parte de la utilización de la Ley Antiterrorista o es parte del código penal, se debe reducir la influencia que éstos tienen en el procedimiento.
Lorena Fríes señaló que “el Instituto ha sido claro en decir que si bien se pueden utilizar de acuerdo a estándares internacionales, no pueden ser el elemento central para condenar a una persona, y en ese sentido, nosotros hemos dicho que hay que hacer revisión de esos contextos. Además, hay una moción que acaba de incorporarse al Congreso, donde justamente se le baja la fuerza a los testigos, tanto en la 18.314 (ley Antiterrorista), como del Código de Procedimiento Penal”.
De hecho todo parece apuntar a la revisión. Al deponerse la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Angol después de 39 días de ayuno, el Gobierno se comprometió a realizar una Mesa de Diálogo donde se revisaría la Ley Antiterrorista y la ley común.
En esa línea, se habría sugerido ya la posible eliminación de testigos sin rostro en el contexto de delitos ordinarios, algo que inquietó a los diputados de Renovación Nacional, tal como indicó el diputado Germán Becker, quién planteó que “en la mesa de diálogo se planteó la eliminación de los testigos protegidos, lo cual a nosotros nos parece muy grave y esta mezcla de no aplicar la Ley Antiterrorista, eliminación de testigos protegidos, fiscales que están siendo amenazados. Al final lo que produce es que las investigaciones no se puedan desarrollar y los juicios no se pueden desarrollar en la debida forma. El acuerdo de instalar la mesa de diálogo, yo espero que esto no justifique el tema de la eliminación de los testigos protegidos, porque sería un paso atrás enorme”.
Esto en medio de un recrudecimiento del conflicto a raíz de la manifestación de Angol y cuando se revisan diversas causas en Tribunales. En ese sentido, los comuneros se manifestaron alerta de los pasos que dé el Gobierno, tanto de la formación de esta mesa, sus plazos e integrantes, como de las conclusiones que puedan emanar de ella.
Este lunes el Juzgado de Garantía, acogiendo una solicitud de la defensa, decidió levantar la prisión preventiva a Emilio Berkhoff. Sin embargo, el Ministerio Público apeló de forma verbal, con lo que el joven quedó en prisión preventiva, esperando que en los próximos días la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie al respecto decidiendo si el joven sigue encarcelado o queda en libertad.
Este caso ha reinstalado el debate sobre la utilización de los testigos protegidos, ya que Berkhoff está procesado en el marco del llamado “conflicto en La Araucanía”, por incendio, robo y porte ilegal de arma, es decir, se invoca la ley Antiterrorista, ante delitos contemplados en leyes comunes, no obstante en su juicio se contemplan 14 testigos encubiertos. En este escenario, la defensa solicitó que se revelara la identidad de los testigos, lo que fue acogido por los tribunales.
Sin embargo el Ministerio Público no se quedó conforme y presentó una apelación que fue rechazada, un recurso de protección que la Corte desestimó. Además, interpuso ante el Tribunal Constitucional una contienda de competencia, sobre la que se refirió el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jaime Pacheco.
“Básicamente la cuestión de competencia surge cuando un órgano del Estado estima que otro ente está ejerciendo atribuciones que no le corresponden. La tesis del Ministerio Público es que son ellos exclusivamente pueden disponer el secreto de los testigos y que un tribunal en etapa de investigación no podría controlar esa decisión, no podría dejarla sin efecto, y al haberlo hecho el juzgado de garantía de Cañete estaría inmiscuyéndose en las atribuciones que son propias del Ministerio Público. Esa es básicamente su tesis”, dijo el abogado de la Defensoría Penal Pública.
Pacheco afirmó que el tema es complejo, ya que la Fiscalía ha señalado que sus testigos son la única prueba que tienen contra Berkhoff. El problema es que la figura de los testigos en la ley común es admitida, pero no está claramente precisada, ni se estipula su real alcance.
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, expresó en conversación con nuestra emisora que cuando se invoca estos testigos protegidos indirectamente como parte de la utilización de la Ley Antiterrorista o es parte del código penal, se debe reducir la influencia que éstos tienen en el procedimiento.
Lorena Fríes señaló que “el Instituto ha sido claro en decir que si bien se pueden utilizar de acuerdo a estándares internacionales, no pueden ser el elemento central para condenar a una persona, y en ese sentido, nosotros hemos dicho que hay que hacer revisión de esos contextos. Además, hay una moción que acaba de incorporarse al Congreso, donde justamente se le baja la fuerza a los testigos, tanto en la 18.314 (ley Antiterrorista), como del Código de Procedimiento Penal”.
De hecho todo parece apuntar a la revisión. Al deponerse la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Angol después de 39 días de ayuno, el Gobierno se comprometió a realizar una Mesa de Diálogo donde se revisaría la Ley Antiterrorista y la ley común.
En esa línea, se habría sugerido ya la posible eliminación de testigos sin rostro en el contexto de delitos ordinarios, algo que inquietó a los diputados de Renovación Nacional, tal como indicó el diputado Germán Becker, quién planteó que “en la mesa de diálogo se planteó la eliminación de los testigos protegidos, lo cual a nosotros nos parece muy grave y esta mezcla de no aplicar la Ley Antiterrorista, eliminación de testigos protegidos, fiscales que están siendo amenazados. Al final lo que produce es que las investigaciones no se puedan desarrollar y los juicios no se pueden desarrollar en la debida forma. El acuerdo de instalar la mesa de diálogo, yo espero que esto no justifique el tema de la eliminación de los testigos protegidos, porque sería un paso atrás enorme”.
Esto en medio de un recrudecimiento del conflicto a raíz de la manifestación de Angol y cuando se revisan diversas causas en Tribunales. En ese sentido, los comuneros se manifestaron alerta de los pasos que dé el Gobierno, tanto de la formación de esta mesa, sus plazos e integrantes, como de las conclusiones que puedan emanar de ella.
Este lunes el Juzgado de Garantía, acogiendo una solicitud de la defensa, decidió levantar la prisión preventiva a Emilio Berkhoff. Sin embargo, el Ministerio Público apeló de forma verbal, con lo que el joven quedó en prisión preventiva, esperando que en los próximos días la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie al respecto decidiendo si el joven sigue encarcelado o queda en libertad.
Este caso ha reinstalado el debate sobre la utilización de los testigos protegidos, ya que Berkhoff está procesado en el marco del llamado “conflicto en La Araucanía”, por incendio, robo y porte ilegal de arma, es decir, se invoca la ley Antiterrorista, ante delitos contemplados en leyes comunes, no obstante en su juicio se contemplan 14 testigos encubiertos. En este escenario, la defensa solicitó que se revelara la identidad de los testigos, lo que fue acogido por los tribunales.
Sin embargo el Ministerio Público no se quedó conforme y presentó una apelación que fue rechazada, un recurso de protección que la Corte desestimó. Además, interpuso ante el Tribunal Constitucional una contienda de competencia, sobre la que se refirió el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jaime Pacheco.
“Básicamente la cuestión de competencia surge cuando un órgano del Estado estima que otro ente está ejerciendo atribuciones que no le corresponden. La tesis del Ministerio Público es que son ellos exclusivamente pueden disponer el secreto de los testigos y que un tribunal en etapa de investigación no podría controlar esa decisión, no podría dejarla sin efecto, y al haberlo hecho el juzgado de garantía de Cañete estaría inmiscuyéndose en las atribuciones que son propias del Ministerio Público. Esa es básicamente su tesis”, dijo el abogado de la Defensoría Penal Pública.
Pacheco afirmó que el tema es complejo, ya que la Fiscalía ha señalado que sus testigos son la única prueba que tienen contra Berkhoff. El problema es que la figura de los testigos en la ley común es admitida, pero no está claramente precisada, ni se estipula su real alcance.
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, expresó en conversación con nuestra emisora que cuando se invoca estos testigos protegidos indirectamente como parte de la utilización de la Ley Antiterrorista o es parte del código penal, se debe reducir la influencia que éstos tienen en el procedimiento.
Lorena Fríes señaló que “el Instituto ha sido claro en decir que si bien se pueden utilizar de acuerdo a estándares internacionales, no pueden ser el elemento central para condenar a una persona, y en ese sentido, nosotros hemos dicho que hay que hacer revisión de esos contextos. Además, hay una moción que acaba de incorporarse al Congreso, donde justamente se le baja la fuerza a los testigos, tanto en la 18.314 (ley Antiterrorista), como del Código de Procedimiento Penal”.
De hecho todo parece apuntar a la revisión. Al deponerse la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Angol después de 39 días de ayuno, el Gobierno se comprometió a realizar una Mesa de Diálogo donde se revisaría la Ley Antiterrorista y la ley común.
En esa línea, se habría sugerido ya la posible eliminación de testigos sin rostro en el contexto de delitos ordinarios, algo que inquietó a los diputados de Renovación Nacional, tal como indicó el diputado Germán Becker, quién planteó que “en la mesa de diálogo se planteó la eliminación de los testigos protegidos, lo cual a nosotros nos parece muy grave y esta mezcla de no aplicar la Ley Antiterrorista, eliminación de testigos protegidos, fiscales que están siendo amenazados. Al final lo que produce es que las investigaciones no se puedan desarrollar y los juicios no se pueden desarrollar en la debida forma. El acuerdo de instalar la mesa de diálogo, yo espero que esto no justifique el tema de la eliminación de los testigos protegidos, porque sería un paso atrás enorme”.
Esto en medio de un recrudecimiento del conflicto a raíz de la manifestación de Angol y cuando se revisan diversas causas en Tribunales. En ese sentido, los comuneros se manifestaron alerta de los pasos que dé el Gobierno, tanto de la formación de esta mesa, sus plazos e integrantes, como de las conclusiones que puedan emanar de ella.
