Informaciones publicadas en un matutino indican que el ministerio de Defensa, encabezado por el ex diputado DC Jorge Burgos, analiza una eventual reforma al Código de Justicia Militar en Chile, la cual sería presentada por el Ejecutivo durante el primer semestre del próximo año.
A groso modo, el texto contempla tres artistas principales en esta reforma. En primer lugar, se evalúa la estructura orgánica de los tribunales que imparten la justicia militar; además de un análisis del procedimiento y la competencia de dichos tribunales; y en último punto se delimitan los delitos que le conciernen.
Esto reviste especial importancia, toda vez que distintos hechos que involucran a uniformados y tienen como víctimas a civiles, hoy pasan a la justicia militar. En ello podemos citar la muerte de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, o la muerte de Jorge Aravena, en febrero pasado, quien falleció al ser abandonado al interior de un furgón policial. Relacionado también con carabineros están las múltiples lesiones de civiles en distintas manifestaciones.
Esta reforma ha sido ampliamente solicitada por organizaciones sociales. Juanita Aguilera, presidenta de la comisión chilena contra la tortura, señala que es un cambio vital para sacar a los civiles de estos tribunales.
“Una modificación es vital para que los juicios de civiles sean vistos en esos tribunales. Hay un planteamiento de ONU en el EPU, donde se le pide una reforma a Chile, para que los uniformados que han cometido delito sean sometidos a la justicia ordinaria como cualquier otra persona”, dijo.
Desde el Parlamento, este cambio ha sido propuesto en distintas iniciativas, la última presentada en 2013 por la actual presidenta del Senado, Isabel Allende. En esta línea, el diputado Roberto León, presidente de la comisión de Defensa, destaca la necesidad de un cambio legislativo, el cual ya había sido revisado extraoficialmente entre parlamentarios y el ministro Burgos.
El diputado señala que “es algo que hemos conversado con el ministro Burgos. Hay que limitar la responsabilidad limitar a hechos militares. Es demasiado amplia la responsabilidad, y hechos que debieran pasar a justicia común quedan en el área militar, y tenemos mucho que avanzar en esa materia”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado en DDHH Nelson Caucoto, destaca que la Corte Suprema ha apuntado a que los imputados y víctimas civiles deben salir de la justicia militar, por lo que debe reformarse en función que ésta sea un instrumento castrense para situaciones internas de carácter disciplinario.
En último punto, destacar que las facultades de la Justicia Militar fueron ampliamente criticadas en el último Examen Periódico Universal que Chile rindió a principios de año ante Naciones Unidas.
Informaciones publicadas en un matutino indican que el ministerio de Defensa, encabezado por el ex diputado DC Jorge Burgos, analiza una eventual reforma al Código de Justicia Militar en Chile, la cual sería presentada por el Ejecutivo durante el primer semestre del próximo año.
A groso modo, el texto contempla tres artistas principales en esta reforma. En primer lugar, se evalúa la estructura orgánica de los tribunales que imparten la justicia militar; además de un análisis del procedimiento y la competencia de dichos tribunales; y en último punto se delimitan los delitos que le conciernen.
Esto reviste especial importancia, toda vez que distintos hechos que involucran a uniformados y tienen como víctimas a civiles, hoy pasan a la justicia militar. En ello podemos citar la muerte de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, o la muerte de Jorge Aravena, en febrero pasado, quien falleció al ser abandonado al interior de un furgón policial. Relacionado también con carabineros están las múltiples lesiones de civiles en distintas manifestaciones.
Esta reforma ha sido ampliamente solicitada por organizaciones sociales. Juanita Aguilera, presidenta de la comisión chilena contra la tortura, señala que es un cambio vital para sacar a los civiles de estos tribunales.
“Una modificación es vital para que los juicios de civiles sean vistos en esos tribunales. Hay un planteamiento de ONU en el EPU, donde se le pide una reforma a Chile, para que los uniformados que han cometido delito sean sometidos a la justicia ordinaria como cualquier otra persona”, dijo.
Desde el Parlamento, este cambio ha sido propuesto en distintas iniciativas, la última presentada en 2013 por la actual presidenta del Senado, Isabel Allende. En esta línea, el diputado Roberto León, presidente de la comisión de Defensa, destaca la necesidad de un cambio legislativo, el cual ya había sido revisado extraoficialmente entre parlamentarios y el ministro Burgos.
El diputado señala que “es algo que hemos conversado con el ministro Burgos. Hay que limitar la responsabilidad limitar a hechos militares. Es demasiado amplia la responsabilidad, y hechos que debieran pasar a justicia común quedan en el área militar, y tenemos mucho que avanzar en esa materia”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado en DDHH Nelson Caucoto, destaca que la Corte Suprema ha apuntado a que los imputados y víctimas civiles deben salir de la justicia militar, por lo que debe reformarse en función que ésta sea un instrumento castrense para situaciones internas de carácter disciplinario.
En último punto, destacar que las facultades de la Justicia Militar fueron ampliamente criticadas en el último Examen Periódico Universal que Chile rindió a principios de año ante Naciones Unidas.
Informaciones publicadas en un matutino indican que el ministerio de Defensa, encabezado por el ex diputado DC Jorge Burgos, analiza una eventual reforma al Código de Justicia Militar en Chile, la cual sería presentada por el Ejecutivo durante el primer semestre del próximo año.
A groso modo, el texto contempla tres artistas principales en esta reforma. En primer lugar, se evalúa la estructura orgánica de los tribunales que imparten la justicia militar; además de un análisis del procedimiento y la competencia de dichos tribunales; y en último punto se delimitan los delitos que le conciernen.
Esto reviste especial importancia, toda vez que distintos hechos que involucran a uniformados y tienen como víctimas a civiles, hoy pasan a la justicia militar. En ello podemos citar la muerte de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, o la muerte de Jorge Aravena, en febrero pasado, quien falleció al ser abandonado al interior de un furgón policial. Relacionado también con carabineros están las múltiples lesiones de civiles en distintas manifestaciones.
Esta reforma ha sido ampliamente solicitada por organizaciones sociales. Juanita Aguilera, presidenta de la comisión chilena contra la tortura, señala que es un cambio vital para sacar a los civiles de estos tribunales.
“Una modificación es vital para que los juicios de civiles sean vistos en esos tribunales. Hay un planteamiento de ONU en el EPU, donde se le pide una reforma a Chile, para que los uniformados que han cometido delito sean sometidos a la justicia ordinaria como cualquier otra persona”, dijo.
Desde el Parlamento, este cambio ha sido propuesto en distintas iniciativas, la última presentada en 2013 por la actual presidenta del Senado, Isabel Allende. En esta línea, el diputado Roberto León, presidente de la comisión de Defensa, destaca la necesidad de un cambio legislativo, el cual ya había sido revisado extraoficialmente entre parlamentarios y el ministro Burgos.
El diputado señala que “es algo que hemos conversado con el ministro Burgos. Hay que limitar la responsabilidad limitar a hechos militares. Es demasiado amplia la responsabilidad, y hechos que debieran pasar a justicia común quedan en el área militar, y tenemos mucho que avanzar en esa materia”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado en DDHH Nelson Caucoto, destaca que la Corte Suprema ha apuntado a que los imputados y víctimas civiles deben salir de la justicia militar, por lo que debe reformarse en función que ésta sea un instrumento castrense para situaciones internas de carácter disciplinario.
En último punto, destacar que las facultades de la Justicia Militar fueron ampliamente criticadas en el último Examen Periódico Universal que Chile rindió a principios de año ante Naciones Unidas.
