Los años 2010 y 2011 se produjeron huelgas de hambre de presos mapuches en contra de las condiciones en que se llevaban los procesos judiciales en su contra, la aplicación de la ley Antiterrorista y el doble enjuiciamiento por justicia ordinaria y militar.
Tales manifestaciones reafirmaron el debate por los derechos de los pueblos originarios. No obstante, la ex vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo, no reconoció cambios a la fecha desde las protestas de varios comuneros en la Araucanía: “Lamentablemente son los mismos los que siguen en el poder y siguen haciendo las mismas viejas prácticas, a las que todos los que fueron procesados en el gobierno de Michelle Bachelet se vieron enfrentados. A Bachelet la tenemos de nuevo en el gobierno. Tampoco quiero defender a Piñera, no se trata de eso, sino de la responsabilidad que han tenido los diferentes gobiernos en esta situación. Quieren verlo solamente como un tema cultural, pero los demás aquí se nos niegan constantemente, especialmente los derechos territoriales, políticos y económicos. No están presentes”, dijo.
Por su parte, la ex defensora nacional Paula Vial apuntó al ámbito de la justicia militar y criticó que todavía persiste una normativa que permite que causas que involucran a víctimas civiles sean conocidas por esta justicia: “La reforma que sí se realizó y que está pendiente en esta materia, obedece a la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que sea flexible, que se adapte a las realidades sociales existentes y a las necesidades de un Estado de Derecho moderno, que sea coherente con los tratados internacionales ratificados por Chile y en general de los Derechos Humanos. En estos años se han producido cambios en la justicia militar, aunque sin alcanzar el nivel necesario para resguardar las garantías de las personas”, aseguró.
La abogada de la Universidad Católica destacó que la ley Antiterrorista ha sido aplicada principalmente, sino de manera exclusiva, para casos mapuches: “Se proclama desde hace años la voluntad de diálogo para buscar caminos y soluciones y, por otro lado, se militariza la región. Ante cada nuevo suceso se reacciona enviando más efectivos especiales, actuando como si se tratara de una zona en guerra”, expuso.
Mientras, el historiador José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, precisó que los grupos indígenas, con el apoyo internacional, se consideran un “pueblo”, no solo una etnia o cultura. Es decir, personas que forman un colectivo y son sujetos con derechos.
“A nivel de autoridades e intelectuales, no lo entienden para nada. Y no solo no lo entienden, sino que argumentan sobre por qué derechos especiales, por qué territorios especiales. Y la demanda indígena en Chile no es muy distinta a lo que señala y votó Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas el año 2007”, afirmó.
Respecto al intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, Bengoa advirtió un buen paso retórico de la autoridad al pedir perdón, puesto que no se había hecho nunca: “Es un tema incómodo para los presidentes y políticos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Hugo Gutiérrez, consideró que “lo que intenta hacer este intendente es ponerse a la cabeza de estas reivindicaciones. Él entiende la importancia, al menos para el pueblo mapuche, de tener autoridades que sean representativas de ellos. En lo formal y dentro del concepto del Estado de Chile, la figura del intendente es una figura relevante y creo que él está intentando estar a la altura de las circunstancias”.
Gutiérrez expuso que el reconocimiento de los diversos pueblos no ha venido acompañado por parte de la Constitución debido, según el parlamentario, a una negativa de la derecha por no querer dividir el Estado de Chile en diversos pueblos. “Esa es una discusión fundamental a dar cuando se elabore la nueva Constitución Política”, indicó.
Los años 2010 y 2011 se produjeron huelgas de hambre de presos mapuches en contra de las condiciones en que se llevaban los procesos judiciales en su contra, la aplicación de la ley Antiterrorista y el doble enjuiciamiento por justicia ordinaria y militar.
Tales manifestaciones reafirmaron el debate por los derechos de los pueblos originarios. No obstante, la ex vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo, no reconoció cambios a la fecha desde las protestas de varios comuneros en la Araucanía: “Lamentablemente son los mismos los que siguen en el poder y siguen haciendo las mismas viejas prácticas, a las que todos los que fueron procesados en el gobierno de Michelle Bachelet se vieron enfrentados. A Bachelet la tenemos de nuevo en el gobierno. Tampoco quiero defender a Piñera, no se trata de eso, sino de la responsabilidad que han tenido los diferentes gobiernos en esta situación. Quieren verlo solamente como un tema cultural, pero los demás aquí se nos niegan constantemente, especialmente los derechos territoriales, políticos y económicos. No están presentes”, dijo.
Por su parte, la ex defensora nacional Paula Vial apuntó al ámbito de la justicia militar y criticó que todavía persiste una normativa que permite que causas que involucran a víctimas civiles sean conocidas por esta justicia: “La reforma que sí se realizó y que está pendiente en esta materia, obedece a la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que sea flexible, que se adapte a las realidades sociales existentes y a las necesidades de un Estado de Derecho moderno, que sea coherente con los tratados internacionales ratificados por Chile y en general de los Derechos Humanos. En estos años se han producido cambios en la justicia militar, aunque sin alcanzar el nivel necesario para resguardar las garantías de las personas”, aseguró.
La abogada de la Universidad Católica destacó que la ley Antiterrorista ha sido aplicada principalmente, sino de manera exclusiva, para casos mapuches: “Se proclama desde hace años la voluntad de diálogo para buscar caminos y soluciones y, por otro lado, se militariza la región. Ante cada nuevo suceso se reacciona enviando más efectivos especiales, actuando como si se tratara de una zona en guerra”, expuso.
Mientras, el historiador José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, precisó que los grupos indígenas, con el apoyo internacional, se consideran un “pueblo”, no solo una etnia o cultura. Es decir, personas que forman un colectivo y son sujetos con derechos.
“A nivel de autoridades e intelectuales, no lo entienden para nada. Y no solo no lo entienden, sino que argumentan sobre por qué derechos especiales, por qué territorios especiales. Y la demanda indígena en Chile no es muy distinta a lo que señala y votó Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas el año 2007”, afirmó.
Respecto al intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, Bengoa advirtió un buen paso retórico de la autoridad al pedir perdón, puesto que no se había hecho nunca: “Es un tema incómodo para los presidentes y políticos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Hugo Gutiérrez, consideró que “lo que intenta hacer este intendente es ponerse a la cabeza de estas reivindicaciones. Él entiende la importancia, al menos para el pueblo mapuche, de tener autoridades que sean representativas de ellos. En lo formal y dentro del concepto del Estado de Chile, la figura del intendente es una figura relevante y creo que él está intentando estar a la altura de las circunstancias”.
Gutiérrez expuso que el reconocimiento de los diversos pueblos no ha venido acompañado por parte de la Constitución debido, según el parlamentario, a una negativa de la derecha por no querer dividir el Estado de Chile en diversos pueblos. “Esa es una discusión fundamental a dar cuando se elabore la nueva Constitución Política”, indicó.
Los años 2010 y 2011 se produjeron huelgas de hambre de presos mapuches en contra de las condiciones en que se llevaban los procesos judiciales en su contra, la aplicación de la ley Antiterrorista y el doble enjuiciamiento por justicia ordinaria y militar.
Tales manifestaciones reafirmaron el debate por los derechos de los pueblos originarios. No obstante, la ex vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo, no reconoció cambios a la fecha desde las protestas de varios comuneros en la Araucanía: “Lamentablemente son los mismos los que siguen en el poder y siguen haciendo las mismas viejas prácticas, a las que todos los que fueron procesados en el gobierno de Michelle Bachelet se vieron enfrentados. A Bachelet la tenemos de nuevo en el gobierno. Tampoco quiero defender a Piñera, no se trata de eso, sino de la responsabilidad que han tenido los diferentes gobiernos en esta situación. Quieren verlo solamente como un tema cultural, pero los demás aquí se nos niegan constantemente, especialmente los derechos territoriales, políticos y económicos. No están presentes”, dijo.
Por su parte, la ex defensora nacional Paula Vial apuntó al ámbito de la justicia militar y criticó que todavía persiste una normativa que permite que causas que involucran a víctimas civiles sean conocidas por esta justicia: “La reforma que sí se realizó y que está pendiente en esta materia, obedece a la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que sea flexible, que se adapte a las realidades sociales existentes y a las necesidades de un Estado de Derecho moderno, que sea coherente con los tratados internacionales ratificados por Chile y en general de los Derechos Humanos. En estos años se han producido cambios en la justicia militar, aunque sin alcanzar el nivel necesario para resguardar las garantías de las personas”, aseguró.
La abogada de la Universidad Católica destacó que la ley Antiterrorista ha sido aplicada principalmente, sino de manera exclusiva, para casos mapuches: “Se proclama desde hace años la voluntad de diálogo para buscar caminos y soluciones y, por otro lado, se militariza la región. Ante cada nuevo suceso se reacciona enviando más efectivos especiales, actuando como si se tratara de una zona en guerra”, expuso.
Mientras, el historiador José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, precisó que los grupos indígenas, con el apoyo internacional, se consideran un “pueblo”, no solo una etnia o cultura. Es decir, personas que forman un colectivo y son sujetos con derechos.
“A nivel de autoridades e intelectuales, no lo entienden para nada. Y no solo no lo entienden, sino que argumentan sobre por qué derechos especiales, por qué territorios especiales. Y la demanda indígena en Chile no es muy distinta a lo que señala y votó Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas el año 2007”, afirmó.
Respecto al intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, Bengoa advirtió un buen paso retórico de la autoridad al pedir perdón, puesto que no se había hecho nunca: “Es un tema incómodo para los presidentes y políticos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Hugo Gutiérrez, consideró que “lo que intenta hacer este intendente es ponerse a la cabeza de estas reivindicaciones. Él entiende la importancia, al menos para el pueblo mapuche, de tener autoridades que sean representativas de ellos. En lo formal y dentro del concepto del Estado de Chile, la figura del intendente es una figura relevante y creo que él está intentando estar a la altura de las circunstancias”.
Gutiérrez expuso que el reconocimiento de los diversos pueblos no ha venido acompañado por parte de la Constitución debido, según el parlamentario, a una negativa de la derecha por no querer dividir el Estado de Chile en diversos pueblos. “Esa es una discusión fundamental a dar cuando se elabore la nueva Constitución Política”, indicó.
