Durante una actividad en un liceo de la comuna de Independencia, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció una nueva dificultad en la tramitación de la Reforma Educacional, que esta vez se aleja de las vicisitudes de las discrepancias políticas, enfocándose en el ámbito constitucional.
Según el secretario de Estado, cuando se revisen los proyectos de fin al lucro y a la selección, en algún momento se tendrá que debatir un conflicto institucional, respecto de si prevalece el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la educación.
Para la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, el ministro Eyzaguirre se pone “un parche antes de la herida”, ya que pese a las ataduras constitucionales de la dictadura, la Nueva Mayoría cuenta con el poder político para resolver esta controversia.
La dirigente reconoció que “evidentemente aquí hay un problema constitucional que arrastramos desde la dictadura, en el momento en que se pone la libertad de enseñanza, entendida como libertad de negocio, por sobre el derecho a la educación”, sin embargo agregó que no se trata de una limitación absoluta ya que “tanto dentro de las capacidades que tiene hoy el ministerio sin hacer ninguna legislación, como de las posibilidades que tiene la Nueva Mayoría con su fuerza propia y su mayoría al interior del Parlamento, tienen posibilidades de hacer transformaciones profundas”.
La dirigente agregó que ante la falta de apoyo de los proyectos del Mineduc, se busca blindar una reforma que no va a traer soluciones a la crisis educacional.
Por otra parte, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, aseguró que ya se han identificado varias veces apremios constitucionales al enfrentar el derecho de la educación con el de enseñanza y propiedad.
El experto confirmó que la propiedad puede implicar una amenaza o un debilitamiento de la reforma del Gobierno, ya que “varias veces se han identificado potenciales conflictos entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y la propiedad, porque en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”, dijo.
Ruiz Tagle recordó que el año 2006 se presentó una reforma constitucional para establecer que el Estado tenía la obligación de velar por la calidad, aseguró que es una reforma bien estructurada, “al menos en el boletín 4222-07 que me tocó informar. Está bien planteada y además tiene otra ventaja, y es que podía ser el modelo a partir del cual todos los demás derechos sociales, la salud, la seguridad social, el derecho al trabajo, podrían ser reforzados y reconocidos de una manera más fuerte en la Constitución”, agregó.
Mientras, el ministro Eyzaguirre se ha limitado a señalar que el Ejecutivo continuará poniendo “por delante el derecho a la educación en todos nuestros proyectos”.
Durante una actividad en un liceo de la comuna de Independencia, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció una nueva dificultad en la tramitación de la Reforma Educacional, que esta vez se aleja de las vicisitudes de las discrepancias políticas, enfocándose en el ámbito constitucional.
Según el secretario de Estado, cuando se revisen los proyectos de fin al lucro y a la selección, en algún momento se tendrá que debatir un conflicto institucional, respecto de si prevalece el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la educación.
Para la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, el ministro Eyzaguirre se pone “un parche antes de la herida”, ya que pese a las ataduras constitucionales de la dictadura, la Nueva Mayoría cuenta con el poder político para resolver esta controversia.
La dirigente reconoció que “evidentemente aquí hay un problema constitucional que arrastramos desde la dictadura, en el momento en que se pone la libertad de enseñanza, entendida como libertad de negocio, por sobre el derecho a la educación”, sin embargo agregó que no se trata de una limitación absoluta ya que “tanto dentro de las capacidades que tiene hoy el ministerio sin hacer ninguna legislación, como de las posibilidades que tiene la Nueva Mayoría con su fuerza propia y su mayoría al interior del Parlamento, tienen posibilidades de hacer transformaciones profundas”.
La dirigente agregó que ante la falta de apoyo de los proyectos del Mineduc, se busca blindar una reforma que no va a traer soluciones a la crisis educacional.
Por otra parte, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, aseguró que ya se han identificado varias veces apremios constitucionales al enfrentar el derecho de la educación con el de enseñanza y propiedad.
El experto confirmó que la propiedad puede implicar una amenaza o un debilitamiento de la reforma del Gobierno, ya que “varias veces se han identificado potenciales conflictos entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y la propiedad, porque en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”, dijo.
Ruiz Tagle recordó que el año 2006 se presentó una reforma constitucional para establecer que el Estado tenía la obligación de velar por la calidad, aseguró que es una reforma bien estructurada, “al menos en el boletín 4222-07 que me tocó informar. Está bien planteada y además tiene otra ventaja, y es que podía ser el modelo a partir del cual todos los demás derechos sociales, la salud, la seguridad social, el derecho al trabajo, podrían ser reforzados y reconocidos de una manera más fuerte en la Constitución”, agregó.
Mientras, el ministro Eyzaguirre se ha limitado a señalar que el Ejecutivo continuará poniendo “por delante el derecho a la educación en todos nuestros proyectos”.
Durante una actividad en un liceo de la comuna de Independencia, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reconoció una nueva dificultad en la tramitación de la Reforma Educacional, que esta vez se aleja de las vicisitudes de las discrepancias políticas, enfocándose en el ámbito constitucional.
Según el secretario de Estado, cuando se revisen los proyectos de fin al lucro y a la selección, en algún momento se tendrá que debatir un conflicto institucional, respecto de si prevalece el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la educación.
Para la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, el ministro Eyzaguirre se pone “un parche antes de la herida”, ya que pese a las ataduras constitucionales de la dictadura, la Nueva Mayoría cuenta con el poder político para resolver esta controversia.
La dirigente reconoció que “evidentemente aquí hay un problema constitucional que arrastramos desde la dictadura, en el momento en que se pone la libertad de enseñanza, entendida como libertad de negocio, por sobre el derecho a la educación”, sin embargo agregó que no se trata de una limitación absoluta ya que “tanto dentro de las capacidades que tiene hoy el ministerio sin hacer ninguna legislación, como de las posibilidades que tiene la Nueva Mayoría con su fuerza propia y su mayoría al interior del Parlamento, tienen posibilidades de hacer transformaciones profundas”.
La dirigente agregó que ante la falta de apoyo de los proyectos del Mineduc, se busca blindar una reforma que no va a traer soluciones a la crisis educacional.
Por otra parte, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, aseguró que ya se han identificado varias veces apremios constitucionales al enfrentar el derecho de la educación con el de enseñanza y propiedad.
El experto confirmó que la propiedad puede implicar una amenaza o un debilitamiento de la reforma del Gobierno, ya que “varias veces se han identificado potenciales conflictos entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el derecho a la educación y la propiedad, porque en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”, dijo.
Ruiz Tagle recordó que el año 2006 se presentó una reforma constitucional para establecer que el Estado tenía la obligación de velar por la calidad, aseguró que es una reforma bien estructurada, “al menos en el boletín 4222-07 que me tocó informar. Está bien planteada y además tiene otra ventaja, y es que podía ser el modelo a partir del cual todos los demás derechos sociales, la salud, la seguridad social, el derecho al trabajo, podrían ser reforzados y reconocidos de una manera más fuerte en la Constitución”, agregó.
Mientras, el ministro Eyzaguirre se ha limitado a señalar que el Ejecutivo continuará poniendo “por delante el derecho a la educación en todos nuestros proyectos”.
