Sin embargo, el Ejecutivo ha sido emplazado a que aclare el rol de las Asistencias Técnicas Estudiantiles (ATE) en el marco de los proyectos de ley que consideran la reforma, ya que si bien en el actual paradigma de funcionamiento no consideran ilegalidades, hay aspectos cuestionables.

No es primera vez que las Asistencias Técnicas de Educación (ATE) complican al Gobierno. Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional se vio cuestionado, porque su esposa, Ana María Correa, participaba de la consultora Kúa.

Sin considerar que haya incompatibilidad, Palma dio a conocer la renuncia de su cónyuge a la empresa, con lo que, aseguró, se evita ruido sobre la reforma.

Ante esto, el Gobierno, a través del vocero Álvaro Elizalde, se limitó a respaldar la labor del ex diputado, quien “tiene que desarrollar una labor que es fundamental para efectivamente hacer realidad la Reforma Educacional. Estamos hablando de un ex parlamentario, una persona que ha consagrado su vida al servicio público, que comparte todo lo que son los principios que inspiran la reforma y tenemos la convicción que va a realizar un gran trabajo”.

Antes de que asumiera la administración de Michelle Bachelet, Claudia Peirano, militante democratacristiana, iba a ocupar el cargo que hoy ostenta Valentina Quiroga, en la subsecretaría de Educación, pero antes del 11 de marzo fue duramente cuestionada por su participación en sociedades que administraban colegios subvencionados, pero también por integrar una ATE.

En la ocasión las críticas vinieron desde el movimiento estudiantil, desde la propia Nueva Mayoría e incluso desde el interior de la DC, en la voz de la diputada Yasna Provoste.

Las ATE generan varias dudas. Se trata de un mercado creciente que mueve cerca de 100 millones de dólares al año de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), donde operan cerca de mil consultoras de heterogénea probidad, efectividad y calidad.

La diputada comunista Camila Vallejo ha criticado la mala gestión y los vínculos lucrativos de sostenedores, pero además cuestiona el fondo, es decir, la externalización de un servicio por el que debiera responsabilizarse el Estado, asegurando que éstas no debieran existir.

El 2008, la ley SEP generó oportunidades para estos servicios y, según Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, requieren ser transparentados en su funcionamiento.

Según el experto, el punto más crítico y el gran desafío para el ministerio de Educación “es que debería haber mayor información, sobre la calidad de los servicios prestados en aquellas que han acumulado más contrato o más tiempo, y eso debería ser por medio de un sistema de certificación de competencias para los consultores individuales, y otro de acreditación de los programas de las ATE que son más institucionales”.

El mercado de las ATE está madurando, ante lo que se hace indispensable generar transparencia ya que está débilmente regulado. Y aunque el Gobierno ha comprometido informes y estudios, aún no hay novedades.

Para Valenzuela es imprescindible avanzar en acreditación y certificación de la calidad, pero también se deben revisar los vínculos relacionados –entre consultoras y sostenedores- que pueden generar incompatibilidad.

Estos pueden derivar en procesos de autocontratación o contrataciones directas, lo que si bien no es ilegal, genera cuestionamientos en cuanto a probidad, transparencia y hasta uso eficiente de recursos.