En Mayo recién pasado el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó invocar la Ley Antiterrorista afirmando que existía un compromiso de la Presidenta. “No hay invocación de Ley Antiterrorista en este periodo mientras no se modernice la ley, mientras no se haga un nuevo proyecto”, destacó la autoridad de gobierno.
Después de este mea culpa de la Presidenta, y del Fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el caso del sociólogo Emilio Berkhoff, que calificó en términos vinculantes que el juzgado de garantía de Cañete es el órgano jurisdiccional a quien le corresponde determinar el tema de los testigos protegidos y no al Ministerio Público, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, confirmó que el gobierno invocará la Ley Antiterrorista por el caso de la bomba en el vagón del metro Los Dominicos.
Abogados defensores de Derechos Humanos, políticos y representantes de organizaciones, coinciden en señalar que esta Ley es una de las herencias que dejó la dictadura, que pese a sus modificaciones, sigue siendo una herramienta para reprimir a los luchadores sociales y no se justifica en un estado de derecho.
La ley Antiterrorista permite mantener a los acusados periodos de incomunicación y encarcelamiento por tiempos más prolongados, limita el acceso de los abogados defensores a las pruebas condenatorias y al sumario; restringe la posibilidad de acceder a la libertad, pues se requiere que los ministros sean todos titulares y que sea por unanimidad. Además la investigación permite vulnerar derechos fundamentales de las personas.
El diputado comunista y abogado Hugo Gutiérrez, declaró que esta invocación del ministro del Interior responde a la reedición de la política de los acuerdos y que existe un cogobierno con la Derecha. “En un gobierno como el nuestro, con esta espada de Damocles de la democracia de esta política de los consensos, en que todo hoy hay que consensuarlo o acordarlo con la derecha, este cogobierno con la derecha que por supuesto no le tomo mucho miedo a nuestro pueblo, yo creo que esta legislación debe ser modificada, tiene que haber una legislación antiterrorista, una legislación que persiga el delito terrorista pero que salga de una discusión democrática”.
El ex abogado defensor de Derechos Humanos, precisó que es una ley que en transición fue negociada con la derecha, y por ende los tipos penales que se generaron no buscan perseguir el terrorismo, y eso la hace carecer de legitimidad ante las Naciones Unidas, ante el sistema internacional de protección del sistema de derechos humanos.
El abogado Alberto Espinoza, respecto de esta invocación del ministro Peñailillo, señaló que en un estado democrático de derecho “es fundamental el principio de legalidad”, en ese contexto la calificación jurídica de las conductas de los hechos le corresponde de manera exclusiva a los tribunales de justicia, no depende del ministro del Interior ni del Ministerio Público, calificando esta actitud como la respuesta a consideraciones políticas y de presiones de la derecha que “pretenden calificar de terrorista acciones que hasta el momento los tribunales no han calificado, como ha sido en los casos de comuneros mapuche”.
“Hay unos personeros públicos que sufren verdaderas alucinaciones con el fenómeno terrorista y que han visto a miembros de las FARC circulando por distintas latitudes en el territorio nacional y han visto el terrorismo donde no lo han visto desde el punto de vista judicial, y ahí viene la crítica hacia el poder judicial, cuando en realidad en un estado de derecho quien califica un hecho delictivo son los tribunales”, destacó Alberto Espinoza.
El abogado agregó que la Ley Antiterrorista es un constante impedimento en los periodos de investigación, los que quedan cercenados con protección indebida a testigos encubiertos, delación compensada y una serie de mecanismos procesales que han sido seriamente cuestionados.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro por su parte enfatizó que en el país no existe el terrorismo. “Está más que demostrado que la ley Antiterrorista es una de las profunda secuelas que nos dejó la dictadura y ha sido una forma de controlar la movilización social, estoy absolutamente en desacuerdo con la invocación de la ley Antiterrorista. Por suerte en Chile no sufrimos terrorismo, los únicos líderes son los terroristas de Estado que están desde la dictadura. Hay que investigar lo que sucedió en el metro, sin duda”.
La Ley Antiterrorista ha sido cuestionada a nivel internacional, por los organismos preocupados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, la propia Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no invocar más esta normativa durante este nuevo período presidencial, es una herramienta legal que se encuentra deslegitimada desde hace varios años, por ello los expertos en derechos humanos, solo explican estas declaraciones del ministro del Interior en el marco de doblegarse una vez más a las presiones de los partidos de derecha.
En Mayo recién pasado el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó invocar la Ley Antiterrorista afirmando que existía un compromiso de la Presidenta. “No hay invocación de Ley Antiterrorista en este periodo mientras no se modernice la ley, mientras no se haga un nuevo proyecto”, destacó la autoridad de gobierno.
Después de este mea culpa de la Presidenta, y del Fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el caso del sociólogo Emilio Berkhoff, que calificó en términos vinculantes que el juzgado de garantía de Cañete es el órgano jurisdiccional a quien le corresponde determinar el tema de los testigos protegidos y no al Ministerio Público, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, confirmó que el gobierno invocará la Ley Antiterrorista por el caso de la bomba en el vagón del metro Los Dominicos.
Abogados defensores de Derechos Humanos, políticos y representantes de organizaciones, coinciden en señalar que esta Ley es una de las herencias que dejó la dictadura, que pese a sus modificaciones, sigue siendo una herramienta para reprimir a los luchadores sociales y no se justifica en un estado de derecho.
La ley Antiterrorista permite mantener a los acusados periodos de incomunicación y encarcelamiento por tiempos más prolongados, limita el acceso de los abogados defensores a las pruebas condenatorias y al sumario; restringe la posibilidad de acceder a la libertad, pues se requiere que los ministros sean todos titulares y que sea por unanimidad. Además la investigación permite vulnerar derechos fundamentales de las personas.
El diputado comunista y abogado Hugo Gutiérrez, declaró que esta invocación del ministro del Interior responde a la reedición de la política de los acuerdos y que existe un cogobierno con la Derecha. “En un gobierno como el nuestro, con esta espada de Damocles de la democracia de esta política de los consensos, en que todo hoy hay que consensuarlo o acordarlo con la derecha, este cogobierno con la derecha que por supuesto no le tomo mucho miedo a nuestro pueblo, yo creo que esta legislación debe ser modificada, tiene que haber una legislación antiterrorista, una legislación que persiga el delito terrorista pero que salga de una discusión democrática”.
El ex abogado defensor de Derechos Humanos, precisó que es una ley que en transición fue negociada con la derecha, y por ende los tipos penales que se generaron no buscan perseguir el terrorismo, y eso la hace carecer de legitimidad ante las Naciones Unidas, ante el sistema internacional de protección del sistema de derechos humanos.
El abogado Alberto Espinoza, respecto de esta invocación del ministro Peñailillo, señaló que en un estado democrático de derecho “es fundamental el principio de legalidad”, en ese contexto la calificación jurídica de las conductas de los hechos le corresponde de manera exclusiva a los tribunales de justicia, no depende del ministro del Interior ni del Ministerio Público, calificando esta actitud como la respuesta a consideraciones políticas y de presiones de la derecha que “pretenden calificar de terrorista acciones que hasta el momento los tribunales no han calificado, como ha sido en los casos de comuneros mapuche”.
“Hay unos personeros públicos que sufren verdaderas alucinaciones con el fenómeno terrorista y que han visto a miembros de las FARC circulando por distintas latitudes en el territorio nacional y han visto el terrorismo donde no lo han visto desde el punto de vista judicial, y ahí viene la crítica hacia el poder judicial, cuando en realidad en un estado de derecho quien califica un hecho delictivo son los tribunales”, destacó Alberto Espinoza.
El abogado agregó que la Ley Antiterrorista es un constante impedimento en los periodos de investigación, los que quedan cercenados con protección indebida a testigos encubiertos, delación compensada y una serie de mecanismos procesales que han sido seriamente cuestionados.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro por su parte enfatizó que en el país no existe el terrorismo. “Está más que demostrado que la ley Antiterrorista es una de las profunda secuelas que nos dejó la dictadura y ha sido una forma de controlar la movilización social, estoy absolutamente en desacuerdo con la invocación de la ley Antiterrorista. Por suerte en Chile no sufrimos terrorismo, los únicos líderes son los terroristas de Estado que están desde la dictadura. Hay que investigar lo que sucedió en el metro, sin duda”.
La Ley Antiterrorista ha sido cuestionada a nivel internacional, por los organismos preocupados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, la propia Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no invocar más esta normativa durante este nuevo período presidencial, es una herramienta legal que se encuentra deslegitimada desde hace varios años, por ello los expertos en derechos humanos, solo explican estas declaraciones del ministro del Interior en el marco de doblegarse una vez más a las presiones de los partidos de derecha.
En Mayo recién pasado el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó invocar la Ley Antiterrorista afirmando que existía un compromiso de la Presidenta. “No hay invocación de Ley Antiterrorista en este periodo mientras no se modernice la ley, mientras no se haga un nuevo proyecto”, destacó la autoridad de gobierno.
Después de este mea culpa de la Presidenta, y del Fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el caso del sociólogo Emilio Berkhoff, que calificó en términos vinculantes que el juzgado de garantía de Cañete es el órgano jurisdiccional a quien le corresponde determinar el tema de los testigos protegidos y no al Ministerio Público, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, confirmó que el gobierno invocará la Ley Antiterrorista por el caso de la bomba en el vagón del metro Los Dominicos.
Abogados defensores de Derechos Humanos, políticos y representantes de organizaciones, coinciden en señalar que esta Ley es una de las herencias que dejó la dictadura, que pese a sus modificaciones, sigue siendo una herramienta para reprimir a los luchadores sociales y no se justifica en un estado de derecho.
La ley Antiterrorista permite mantener a los acusados periodos de incomunicación y encarcelamiento por tiempos más prolongados, limita el acceso de los abogados defensores a las pruebas condenatorias y al sumario; restringe la posibilidad de acceder a la libertad, pues se requiere que los ministros sean todos titulares y que sea por unanimidad. Además la investigación permite vulnerar derechos fundamentales de las personas.
El diputado comunista y abogado Hugo Gutiérrez, declaró que esta invocación del ministro del Interior responde a la reedición de la política de los acuerdos y que existe un cogobierno con la Derecha. “En un gobierno como el nuestro, con esta espada de Damocles de la democracia de esta política de los consensos, en que todo hoy hay que consensuarlo o acordarlo con la derecha, este cogobierno con la derecha que por supuesto no le tomo mucho miedo a nuestro pueblo, yo creo que esta legislación debe ser modificada, tiene que haber una legislación antiterrorista, una legislación que persiga el delito terrorista pero que salga de una discusión democrática”.
El ex abogado defensor de Derechos Humanos, precisó que es una ley que en transición fue negociada con la derecha, y por ende los tipos penales que se generaron no buscan perseguir el terrorismo, y eso la hace carecer de legitimidad ante las Naciones Unidas, ante el sistema internacional de protección del sistema de derechos humanos.
El abogado Alberto Espinoza, respecto de esta invocación del ministro Peñailillo, señaló que en un estado democrático de derecho “es fundamental el principio de legalidad”, en ese contexto la calificación jurídica de las conductas de los hechos le corresponde de manera exclusiva a los tribunales de justicia, no depende del ministro del Interior ni del Ministerio Público, calificando esta actitud como la respuesta a consideraciones políticas y de presiones de la derecha que “pretenden calificar de terrorista acciones que hasta el momento los tribunales no han calificado, como ha sido en los casos de comuneros mapuche”.
“Hay unos personeros públicos que sufren verdaderas alucinaciones con el fenómeno terrorista y que han visto a miembros de las FARC circulando por distintas latitudes en el territorio nacional y han visto el terrorismo donde no lo han visto desde el punto de vista judicial, y ahí viene la crítica hacia el poder judicial, cuando en realidad en un estado de derecho quien califica un hecho delictivo son los tribunales”, destacó Alberto Espinoza.
El abogado agregó que la Ley Antiterrorista es un constante impedimento en los periodos de investigación, los que quedan cercenados con protección indebida a testigos encubiertos, delación compensada y una serie de mecanismos procesales que han sido seriamente cuestionados.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro por su parte enfatizó que en el país no existe el terrorismo. “Está más que demostrado que la ley Antiterrorista es una de las profunda secuelas que nos dejó la dictadura y ha sido una forma de controlar la movilización social, estoy absolutamente en desacuerdo con la invocación de la ley Antiterrorista. Por suerte en Chile no sufrimos terrorismo, los únicos líderes son los terroristas de Estado que están desde la dictadura. Hay que investigar lo que sucedió en el metro, sin duda”.
La Ley Antiterrorista ha sido cuestionada a nivel internacional, por los organismos preocupados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, la propia Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no invocar más esta normativa durante este nuevo período presidencial, es una herramienta legal que se encuentra deslegitimada desde hace varios años, por ello los expertos en derechos humanos, solo explican estas declaraciones del ministro del Interior en el marco de doblegarse una vez más a las presiones de los partidos de derecha.
