Diario y Radio U Chile

Año XI, 19 de julio de 2019

Escritorio

Sector público: “El salario mínimo es mal precedente para negociar”

Pronto se inicia la negociación por aumento salarial del sector público. Distintos representantes de las agrupaciones que componen a este sector expusieron los temas en deuda por parte del gobierno pasado, como que el reajuste incluya a profesores no municipalizados  y detalles de Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal (PMG).

Tania González

  Miércoles 16 de julio 2014 20:05 hrs. 
salario minimo

Este lunes, la Presidenta Michelle Bachelet, confirmó la promulgación de la ley que reajusta el salario e ingreso mínimo mensual de 210 mil pesos a 225 mil pesos,  dándose un  alza del 7,1 por ciento (de forma retroactiva) a partir del primero de julio de este año.

Al sector público no ha dejado indiferente tal anuncio, más aún cuando éste involucra una próxima una negociación.

En consecuencia,  la Cámara de Diputados aprobó también el proyecto de acuerdo que solicita a la mandataria buscar la solución para el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los profesores de Chile y que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público.

Si bien la petición parlamentaria está focalizada al mundo educacional, la mesa del sector público, desde la administración pasada, demanda un reajuste salarial de 8,8 por ciento y una modificación diferenciada de un 10 por ciento para los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, defendió un reajuste del sector que permita recuperar el poder adquisitivo y que signifique aporte al crecimiento económico del país, pero no con perspectiva de futuro e IPC proyectado, sino que con el índice acumulado del último año.

“Todos los años hemos reclamado porque este reajuste al sector público llegue a todos los profesores y no solo a los municipalizados, sino también a los particular subvencionados y a los corporados, porque ahí se produce una situación extremadamente injusta del punto de vista de que a todos los sostenedores y a los denominados “cooperadores de la función educativa del Estado”, se les reajusta las unidades de subvención en el mismo porcentaje en que se reajusta el sector público, que es superior al IPC, sin embargo, ellos no tienen la obligación de traspasar esto a sus trabajadores” advirtió el líder de los maestros.

Asimismo, Gajardo opinó que “los criterios de reajustabilidad en el futuro deben cambiarse, considerando cuánto es lo mínimo que necesita una familia para vivir junto con otros parámetros”  y adelantó que la mesa del sector público, que reúne a más de 10 gremios, se está reuniendo para definir el petitorio de negociación y poder presentarlo en septiembre al Ejecutivo.

Por su parte, Oscar Yáñez, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, estimó que el monto acordado de salario mínimo es una mala señal para la futura negociación con el sector público.

“Nosotros estamos en un proceso de negociaciones con el gobierno, respecto a la larga paralización que tuvimos el año pasado de cerca de 34 días, en ese contexto hay productos que todavía están irresueltos. El año pasado avanzamos en la ley del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal (PMG), quedaron pendientes el interventor provisional, la asignación profesional, técnica y de responsabilidad y el tema de la ley de planta” apuntó Yáñez.

Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), sostuvo que el reajuste del 7,1 por ciento es incierto según la inflación y que se corre el riesgo de amarrarse con una cifra que podría no satisfacer las expectativas.

“Que el gobierno quiera sentirse tentado también con nosotros a negociar un reajuste no para un año solamente, ofreciendo tal vez algunas cositas adicionales como las que se les ofreció a la CUT, reformas laborales de las que nadie tiene certeza que va a ocurrir con ellas. Si con estas reformas laborales va a ocurrir lo mismo que con la tributaria o lo que se prevé que ocurrirá con la reforma educacional, la verdad es que yo prefiero ninguna reforma”, reprochó Maturana.

En el área de la salud se percibe que tanto el acuerdo de salario mínimo como las concesiones de hospitales involucran compromisos presidenciales que tienen “letra chica”, al menos así lo afirmó el líder de Confusam, quien desesperanzado comentó que “el gobierno de la Nueva Mayoría será igual que los de la Concertación y esto tendrá impacto en la negociación con el sector estatal  que se sentará a la mesa con desconfianza”.