El pasados 7 y 8 de julio Chile se sometió en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos. Órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados más emblemáticos del derecho internacional de los derechos humanos.
Este jueves, dicho comité publicó su informe final, en el cual emitió diversas recomendaciones. Entre ellas, que el Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y con el objetivo de asegurar que su aplicación no esté dirigida a determinadas personas por su origen étnico o motivo social o cultural.
Sugerencias que llegan en medio de las presiones que mantiene la oposición para que la ley sea aplicada en hechos de colocación de artefactos explosivos en Santiago y la situación en la Araucanía. Que por cierto, esto último, es el cuarto argumento que la Alianza presentó para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Específicamente, por “mecanismos y leyes especiales adoptados en los atentados de las zonas de conflicto”.
Sobre redefinir la Ley Antiterrorista, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, precisó que “las correcciones que se hagan tendrán una extensión a todos los ciudadanos, para que no sean abusados en sus derechos individuales, pues el delito terrorista debe ser debidamente definido para que no pueda invocarse en la represión de delitos comunes”, expresó el jurista.
Otra de las indicaciones es respecto al proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición del aborto, en el cual se propone sea incorporada la despenalización en caso de embarazo producto de una violación o incesto.
“Se necesita atender esta realidad. Son más de cien mil abortos que se realizan clandestinamente en chile”, dijo Daniela Quintanilla, abogada de Corporación Humanas, quien expuso ante el Comité en Ginebra.
“En Chile la realidad es que las mujeres sí abortan y se ven forzadas, producto de la legislación interna totalmente criminalizadora que desconoce los derechos de la mujeres, de hecho el informe así lo expresa y reitera la preocupación respecto de incorporar en el ordenamiento interno, posibilidad o excepciones, a la prohibición absoluta del aborto, al menos en situaciones de aborto terapéutico, violaciones e incesto”, dijo
Por otra parte, en relación a la ley de Amnistía, el Comité solicitó que sea derogada para que ningún crimen de lesa humanidad quede impune. Ley que cabe recordar, fue impuesta por Augusto Pinochet.
En esta misma línea, al comité le preocupa el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados.
Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, dijo que ya es insostenible hacer caso omiso a las señales internacionales.
“Que no se aplique no es razón suficiente para no derogarlo, que esté vigente significa un riesgo permanente para los casos bajo este Decreto Ley de Amnistía, no se puede seguir dilatando cuando todas las señales internacionales van en esa dirección. Lo fundamental es volver a la frase emblemática ´verdad, justicia y reparación’, y en ese sentido cuando el secreto de los archivos hace que no se puede llevar a los responsables ante la justicia, eso no puede ser”, remarcó Piquer.
Cabe señalar que Chile como uno de los 168 Estados partes del mencionado pacto, debe presentar un nuevo informe periódico a más tardar el 31 de julio de 2019. Donde se revelará si las actuales recomendaciones fueron atendidas.
El pasados 7 y 8 de julio Chile se sometió en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos. Órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados más emblemáticos del derecho internacional de los derechos humanos.
Este jueves, dicho comité publicó su informe final, en el cual emitió diversas recomendaciones. Entre ellas, que el Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y con el objetivo de asegurar que su aplicación no esté dirigida a determinadas personas por su origen étnico o motivo social o cultural.
Sugerencias que llegan en medio de las presiones que mantiene la oposición para que la ley sea aplicada en hechos de colocación de artefactos explosivos en Santiago y la situación en la Araucanía. Que por cierto, esto último, es el cuarto argumento que la Alianza presentó para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Específicamente, por “mecanismos y leyes especiales adoptados en los atentados de las zonas de conflicto”.
Sobre redefinir la Ley Antiterrorista, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, precisó que “las correcciones que se hagan tendrán una extensión a todos los ciudadanos, para que no sean abusados en sus derechos individuales, pues el delito terrorista debe ser debidamente definido para que no pueda invocarse en la represión de delitos comunes”, expresó el jurista.
Otra de las indicaciones es respecto al proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición del aborto, en el cual se propone sea incorporada la despenalización en caso de embarazo producto de una violación o incesto.
“Se necesita atender esta realidad. Son más de cien mil abortos que se realizan clandestinamente en chile”, dijo Daniela Quintanilla, abogada de Corporación Humanas, quien expuso ante el Comité en Ginebra.
“En Chile la realidad es que las mujeres sí abortan y se ven forzadas, producto de la legislación interna totalmente criminalizadora que desconoce los derechos de la mujeres, de hecho el informe así lo expresa y reitera la preocupación respecto de incorporar en el ordenamiento interno, posibilidad o excepciones, a la prohibición absoluta del aborto, al menos en situaciones de aborto terapéutico, violaciones e incesto”, dijo
Por otra parte, en relación a la ley de Amnistía, el Comité solicitó que sea derogada para que ningún crimen de lesa humanidad quede impune. Ley que cabe recordar, fue impuesta por Augusto Pinochet.
En esta misma línea, al comité le preocupa el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados.
Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, dijo que ya es insostenible hacer caso omiso a las señales internacionales.
“Que no se aplique no es razón suficiente para no derogarlo, que esté vigente significa un riesgo permanente para los casos bajo este Decreto Ley de Amnistía, no se puede seguir dilatando cuando todas las señales internacionales van en esa dirección. Lo fundamental es volver a la frase emblemática ´verdad, justicia y reparación’, y en ese sentido cuando el secreto de los archivos hace que no se puede llevar a los responsables ante la justicia, eso no puede ser”, remarcó Piquer.
Cabe señalar que Chile como uno de los 168 Estados partes del mencionado pacto, debe presentar un nuevo informe periódico a más tardar el 31 de julio de 2019. Donde se revelará si las actuales recomendaciones fueron atendidas.
El pasados 7 y 8 de julio Chile se sometió en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos. Órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados más emblemáticos del derecho internacional de los derechos humanos.
Este jueves, dicho comité publicó su informe final, en el cual emitió diversas recomendaciones. Entre ellas, que el Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y con el objetivo de asegurar que su aplicación no esté dirigida a determinadas personas por su origen étnico o motivo social o cultural.
Sugerencias que llegan en medio de las presiones que mantiene la oposición para que la ley sea aplicada en hechos de colocación de artefactos explosivos en Santiago y la situación en la Araucanía. Que por cierto, esto último, es el cuarto argumento que la Alianza presentó para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Específicamente, por “mecanismos y leyes especiales adoptados en los atentados de las zonas de conflicto”.
Sobre redefinir la Ley Antiterrorista, el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, precisó que “las correcciones que se hagan tendrán una extensión a todos los ciudadanos, para que no sean abusados en sus derechos individuales, pues el delito terrorista debe ser debidamente definido para que no pueda invocarse en la represión de delitos comunes”, expresó el jurista.
Otra de las indicaciones es respecto al proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición del aborto, en el cual se propone sea incorporada la despenalización en caso de embarazo producto de una violación o incesto.
“Se necesita atender esta realidad. Son más de cien mil abortos que se realizan clandestinamente en chile”, dijo Daniela Quintanilla, abogada de Corporación Humanas, quien expuso ante el Comité en Ginebra.
“En Chile la realidad es que las mujeres sí abortan y se ven forzadas, producto de la legislación interna totalmente criminalizadora que desconoce los derechos de la mujeres, de hecho el informe así lo expresa y reitera la preocupación respecto de incorporar en el ordenamiento interno, posibilidad o excepciones, a la prohibición absoluta del aborto, al menos en situaciones de aborto terapéutico, violaciones e incesto”, dijo
Por otra parte, en relación a la ley de Amnistía, el Comité solicitó que sea derogada para que ningún crimen de lesa humanidad quede impune. Ley que cabe recordar, fue impuesta por Augusto Pinochet.
En esta misma línea, al comité le preocupa el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados.
Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, dijo que ya es insostenible hacer caso omiso a las señales internacionales.
“Que no se aplique no es razón suficiente para no derogarlo, que esté vigente significa un riesgo permanente para los casos bajo este Decreto Ley de Amnistía, no se puede seguir dilatando cuando todas las señales internacionales van en esa dirección. Lo fundamental es volver a la frase emblemática ´verdad, justicia y reparación’, y en ese sentido cuando el secreto de los archivos hace que no se puede llevar a los responsables ante la justicia, eso no puede ser”, remarcó Piquer.
Cabe señalar que Chile como uno de los 168 Estados partes del mencionado pacto, debe presentar un nuevo informe periódico a más tardar el 31 de julio de 2019. Donde se revelará si las actuales recomendaciones fueron atendidas.
