Críticas a tardía condena a oficiales DINA por tortura y muerte de Ignacio Ossa
Familiares y ex compañeros de prisión comentaron el fallo del ministro en visita Leopoldo Llanos que condenó por los homicidios y secuestro calificado de Iván Olivares Coronel, Pedro Labra Saure, Jaime Ossa Galdames y el rapto de Gustavo Ramírez Calderón a Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Rolf Wenderoth, Basclay Zapata Fernando Lauriani a 5 años y un día como cómplice de homicidio; Francisco Ferrer Lima y Orlando Manzo Durán como cómplice del secuestro de Ramírez Calderón.
Martes 19 de agosto 2014 0:03 hrs.
Familiares del catedrático de la Universidad Católica, Ignacio Ossa Galdames, ejecutado hace 39 años por órdenes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), junto al director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos y el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, estos últimos compañeros de prisión del docente mientras permanecieron detenidos en Villa Grimaldi, comentaron el fallo del ministro en visita, Leopoldo Llanos que condenó a ocho integrantes de la DINA.
En la demanda civil, el Fisco ordenó pagar además una indemnización de 400 millones de pesos, distribuidos en distintos montos a los familiares de las respectivas víctimas.
Rosa Reyes prima de Ignacio Ossa, relató que la primera querella criminal fue interpuesta en 2000, tuvieron que pasar 14 años para que la familia pudiera conocer los hechos que rodearon la muerte de Ignacio, lamentando que su familia directa haya fallecido buscando justicia durante los últimos 39 años.
“Hace 14 años que la familia está esperando justicia, nosotros pensamos que con todos estos años que han pasado, la verdad es que no es justicia, ya que casi todos los familiares directos de Ignacio fallecieron, su hermana que luchó toda vida, Guadalupe Ossa Galdames, ella lamentablemente falleció y lamentablemente la idea era que ella hubiese estado acá en representación de su hermano fallecido y torturado salvajemente”
Uno de los compañeros de celda y también testigo de la llegada del catedrático de la UC al recinto de Villa Grimaldi en 1975, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, declaró que advirtió a sus carceleros que Ignacio sufría problemas cardiacos y que moriría si seguían torturándolo con electricidad, destacando que también existieron operaciones para encubrir estos crímenes.
“los torturadores y asesinos no sólo negaban lo que ocurría sino que también inventaban, mentían, en el caso de Ignacio Ossa muere en torturas producto de la electricidad en Villa Grimaldi, toman su cuerpo lo botan en la calle y simulan un accidente de tránsito. Así fue la dictadura, no sólo la represión militar sino también todas las acciones de encubrimiento que hasta el día de hoy dificultan, pero no impiden avanzar en la verdad y la justicia”
El amigo, compañero de trabajo en la época que ambos trabajaron en el Instituto de la UC y también compañero de celda, el historiador Gabriel Salazar precisó que no le extraña que pasaran 39 años sin hacer justicia en el caso de Ignacio Galdames.
“La justicia chilena opera con parámetros que estaban muy determinados por la cercanía a la dictadura y que, posteriormente, ha costado mucho que los abogados y los jueces chilenos tomen cartas en el asunto de manera responsable y que atiendan también a los derechos humanos como una cuestión fundamental en el dictamen de la justicia. No me extraña que es tarde, pero de todas maneras a pesar de que son 39 años, estamos aquí para, por lo menos, hacer un mínimo de justicia en la memoria de Ignacio”.
Consultado sobre su opinión por la existencia de un penal especial para violadores de los derechos humanos, Gabriel Salazar explicó que respecto de este tema también existe una discusión tardía y que no se justifica el sentido de impunidad que reina en el país, instituyendo penales excepcionales, que son a su juicio, “verdaderos resort” para quienes están convencidos que no han cometido ningún crimen.
En tanto, José Moya, detenido junto con el académico del Instituto de Letras de la Universidad Católica y sobreviviente de Villa Grimaldi, le rindió un tributo en su faceta de escritor y poeta.
“Esto que hoy día estamos de alguna manera conmemorando, que es un pequeño paso de justicia, sirviera también de reparación para ese joven de 30 años que era un brillante literato, un escritor, un poeta y cuya obra quedó inconclusa, y ojalá esto sirva para recuperar aquello que en aquella época él había creado, ojalá ese sea un mejor tributo para este joven luchador con el cual me tocó, compartir prisión y tortura”.
En tanto, el director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Alberto Rodríguez Gallardo manifestó que la justicia ha demorado en hacerse presente, sin embargo valoró que la cúpula de la Dina, comience a sumar una gran cantidad de sentencias. Asimismo agregó que en la actualidad hay 56 militares que están cumpliendo penas en las cárceles especiales de este país y alrededor de 900 los diversos agentes del Estado que están siendo sometidos a proceso.
Los condenados por los delitos de tortura, homicidio y rapto calificado son Manuel Contreras a cuatro penas de 10 años; Marcelo Moren Brito a 20 años y un día de cárcel; Miguel Krassnoff a 20 años y un día de cárcel; Rolf Wenderoth, a 5 años y un día de presidio; Basclay Zapata a 15 años de presidio; Fernando Lauriani a 5 años y un día de presidio; Francisco Ferrer Lima: a10 años y un día de presidio; y Orlando Manzo Durán a 3 años y un día de cárcel como cómplice del secuestro de Gustavo Ramírez Calderón.
Familiares del catedrático de la Universidad Católica, Ignacio Ossa Galdames, ejecutado hace 39 años por órdenes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), junto al director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos y el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, estos últimos compañeros de prisión del docente mientras permanecieron detenidos en Villa Grimaldi, comentaron el fallo del ministro en visita, Leopoldo Llanos que condenó a ocho integrantes de la DINA.
En la demanda civil, el Fisco ordenó pagar además una indemnización de 400 millones de pesos, distribuidos en distintos montos a los familiares de las respectivas víctimas.
Rosa Reyes prima de Ignacio Ossa, relató que la primera querella criminal fue interpuesta en 2000, tuvieron que pasar 14 años para que la familia pudiera conocer los hechos que rodearon la muerte de Ignacio, lamentando que su familia directa haya fallecido buscando justicia durante los últimos 39 años.
“Hace 14 años que la familia está esperando justicia, nosotros pensamos que con todos estos años que han pasado, la verdad es que no es justicia, ya que casi todos los familiares directos de Ignacio fallecieron, su hermana que luchó toda vida, Guadalupe Ossa Galdames, ella lamentablemente falleció y lamentablemente la idea era que ella hubiese estado acá en representación de su hermano fallecido y torturado salvajemente”
Uno de los compañeros de celda y también testigo de la llegada del catedrático de la UC al recinto de Villa Grimaldi en 1975, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, declaró que advirtió a sus carceleros que Ignacio sufría problemas cardiacos y que moriría si seguían torturándolo con electricidad, destacando que también existieron operaciones para encubrir estos crímenes.
“los torturadores y asesinos no sólo negaban lo que ocurría sino que también inventaban, mentían, en el caso de Ignacio Ossa muere en torturas producto de la electricidad en Villa Grimaldi, toman su cuerpo lo botan en la calle y simulan un accidente de tránsito. Así fue la dictadura, no sólo la represión militar sino también todas las acciones de encubrimiento que hasta el día de hoy dificultan, pero no impiden avanzar en la verdad y la justicia”
El amigo, compañero de trabajo en la época que ambos trabajaron en el Instituto de la UC y también compañero de celda, el historiador Gabriel Salazar precisó que no le extraña que pasaran 39 años sin hacer justicia en el caso de Ignacio Galdames.
“La justicia chilena opera con parámetros que estaban muy determinados por la cercanía a la dictadura y que, posteriormente, ha costado mucho que los abogados y los jueces chilenos tomen cartas en el asunto de manera responsable y que atiendan también a los derechos humanos como una cuestión fundamental en el dictamen de la justicia. No me extraña que es tarde, pero de todas maneras a pesar de que son 39 años, estamos aquí para, por lo menos, hacer un mínimo de justicia en la memoria de Ignacio”.
Consultado sobre su opinión por la existencia de un penal especial para violadores de los derechos humanos, Gabriel Salazar explicó que respecto de este tema también existe una discusión tardía y que no se justifica el sentido de impunidad que reina en el país, instituyendo penales excepcionales, que son a su juicio, “verdaderos resort” para quienes están convencidos que no han cometido ningún crimen.
En tanto, José Moya, detenido junto con el académico del Instituto de Letras de la Universidad Católica y sobreviviente de Villa Grimaldi, le rindió un tributo en su faceta de escritor y poeta.
“Esto que hoy día estamos de alguna manera conmemorando, que es un pequeño paso de justicia, sirviera también de reparación para ese joven de 30 años que era un brillante literato, un escritor, un poeta y cuya obra quedó inconclusa, y ojalá esto sirva para recuperar aquello que en aquella época él había creado, ojalá ese sea un mejor tributo para este joven luchador con el cual me tocó, compartir prisión y tortura”.
En tanto, el director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Alberto Rodríguez Gallardo manifestó que la justicia ha demorado en hacerse presente, sin embargo valoró que la cúpula de la Dina, comience a sumar una gran cantidad de sentencias. Asimismo agregó que en la actualidad hay 56 militares que están cumpliendo penas en las cárceles especiales de este país y alrededor de 900 los diversos agentes del Estado que están siendo sometidos a proceso.
Los condenados por los delitos de tortura, homicidio y rapto calificado son Manuel Contreras a cuatro penas de 10 años; Marcelo Moren Brito a 20 años y un día de cárcel; Miguel Krassnoff a 20 años y un día de cárcel; Rolf Wenderoth, a 5 años y un día de presidio; Basclay Zapata a 15 años de presidio; Fernando Lauriani a 5 años y un día de presidio; Francisco Ferrer Lima: a10 años y un día de presidio; y Orlando Manzo Durán a 3 años y un día de cárcel como cómplice del secuestro de Gustavo Ramírez Calderón.
Familiares del catedrático de la Universidad Católica, Ignacio Ossa Galdames, ejecutado hace 39 años por órdenes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), junto al director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos y el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, estos últimos compañeros de prisión del docente mientras permanecieron detenidos en Villa Grimaldi, comentaron el fallo del ministro en visita, Leopoldo Llanos que condenó a ocho integrantes de la DINA.
En la demanda civil, el Fisco ordenó pagar además una indemnización de 400 millones de pesos, distribuidos en distintos montos a los familiares de las respectivas víctimas.
Rosa Reyes prima de Ignacio Ossa, relató que la primera querella criminal fue interpuesta en 2000, tuvieron que pasar 14 años para que la familia pudiera conocer los hechos que rodearon la muerte de Ignacio, lamentando que su familia directa haya fallecido buscando justicia durante los últimos 39 años.
“Hace 14 años que la familia está esperando justicia, nosotros pensamos que con todos estos años que han pasado, la verdad es que no es justicia, ya que casi todos los familiares directos de Ignacio fallecieron, su hermana que luchó toda vida, Guadalupe Ossa Galdames, ella lamentablemente falleció y lamentablemente la idea era que ella hubiese estado acá en representación de su hermano fallecido y torturado salvajemente”
Uno de los compañeros de celda y también testigo de la llegada del catedrático de la UC al recinto de Villa Grimaldi en 1975, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, declaró que advirtió a sus carceleros que Ignacio sufría problemas cardiacos y que moriría si seguían torturándolo con electricidad, destacando que también existieron operaciones para encubrir estos crímenes.
“los torturadores y asesinos no sólo negaban lo que ocurría sino que también inventaban, mentían, en el caso de Ignacio Ossa muere en torturas producto de la electricidad en Villa Grimaldi, toman su cuerpo lo botan en la calle y simulan un accidente de tránsito. Así fue la dictadura, no sólo la represión militar sino también todas las acciones de encubrimiento que hasta el día de hoy dificultan, pero no impiden avanzar en la verdad y la justicia”
El amigo, compañero de trabajo en la época que ambos trabajaron en el Instituto de la UC y también compañero de celda, el historiador Gabriel Salazar precisó que no le extraña que pasaran 39 años sin hacer justicia en el caso de Ignacio Galdames.
“La justicia chilena opera con parámetros que estaban muy determinados por la cercanía a la dictadura y que, posteriormente, ha costado mucho que los abogados y los jueces chilenos tomen cartas en el asunto de manera responsable y que atiendan también a los derechos humanos como una cuestión fundamental en el dictamen de la justicia. No me extraña que es tarde, pero de todas maneras a pesar de que son 39 años, estamos aquí para, por lo menos, hacer un mínimo de justicia en la memoria de Ignacio”.
Consultado sobre su opinión por la existencia de un penal especial para violadores de los derechos humanos, Gabriel Salazar explicó que respecto de este tema también existe una discusión tardía y que no se justifica el sentido de impunidad que reina en el país, instituyendo penales excepcionales, que son a su juicio, “verdaderos resort” para quienes están convencidos que no han cometido ningún crimen.
En tanto, José Moya, detenido junto con el académico del Instituto de Letras de la Universidad Católica y sobreviviente de Villa Grimaldi, le rindió un tributo en su faceta de escritor y poeta.
“Esto que hoy día estamos de alguna manera conmemorando, que es un pequeño paso de justicia, sirviera también de reparación para ese joven de 30 años que era un brillante literato, un escritor, un poeta y cuya obra quedó inconclusa, y ojalá esto sirva para recuperar aquello que en aquella época él había creado, ojalá ese sea un mejor tributo para este joven luchador con el cual me tocó, compartir prisión y tortura”.
En tanto, el director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Alberto Rodríguez Gallardo manifestó que la justicia ha demorado en hacerse presente, sin embargo valoró que la cúpula de la Dina, comience a sumar una gran cantidad de sentencias. Asimismo agregó que en la actualidad hay 56 militares que están cumpliendo penas en las cárceles especiales de este país y alrededor de 900 los diversos agentes del Estado que están siendo sometidos a proceso.
Los condenados por los delitos de tortura, homicidio y rapto calificado son Manuel Contreras a cuatro penas de 10 años; Marcelo Moren Brito a 20 años y un día de cárcel; Miguel Krassnoff a 20 años y un día de cárcel; Rolf Wenderoth, a 5 años y un día de presidio; Basclay Zapata a 15 años de presidio; Fernando Lauriani a 5 años y un día de presidio; Francisco Ferrer Lima: a10 años y un día de presidio; y Orlando Manzo Durán a 3 años y un día de cárcel como cómplice del secuestro de Gustavo Ramírez Calderón.
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