“El Estado debe cumplir con la consulta y ser garante de derechos”, señaló el Consejo Comunal Diaguita. Esta fue una de las principales conclusiones luego de que este martes la Corte Suprema resolviera anular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Minero El Morro, ubicado en el Huasco Alto, un poco más arriba del Proyecto Pascua Lama, en la región de Atacama.
La iniciativa es propiedad de un 70 por ciento de la empresa Goldcorp y en un 30 de Newgold. Consiste en la construcción y operación por 14 años, de una mina a tajo abierto para la extracción de oro y cobre, que espera obtener dos mil 215 toneladas de concentrado de cobre por día, con una serie de relaves que serán dispuestos en un depósito contenido por un muro que alcanzará una altura de 230 metros.
En el fallo, el Máximo Tribunal ordenó un nuevo proceso de consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto gracias a un recurso que presentó el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a 15 comunidades diaguitas a las que no se les realizó consulta alguna.
El abogado, en conversación con Radio Universidad de Chile, valoró la disposición de la Corte a respetar el proceso institucional y se refirió a los plazos de paralización.
“Lo que la corte suprema resolvió es que anuló el permiso ambiental y eso implica que el proyecto podría estar técnicamente paralizado un año, más o menos. Va a depender de qué manera y cuándo subsanen los defectos las autoridades ambientales y procedan a la consulta indígena. Eso es una cuestión relativa, no se sabe cuánto pueden tomar”, afirmó.
Estas son las mismas comunidades diaguitas que antes lograron frenar el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold. Pero también están los Huascoaltinos, quienes cuentan con títulos de Merced otorgados por el Estado, quienes también presentaron acciones ya que, si bien se procedió a consultarles el proceso fue irregular y las mismas comunidades señalaron que fue “de mala fe”. Luego, las autoridades decidieron suspenderla “sin fundamentos, es decir arbitrariamente”, afirmaron.
Así estas dos acciones habrían logrado ponerle coto a una iniciativa que avanzaba velozmente y que había sido fuertemente criticada por su impacto en el recurso hídrico de las cuencas del Valle de Huasco, afectándolos directamente al vivir de la agricultura y la ganadería.
En la zona además, hay cerca de diez mega proyectos mineros en las nacientes de las aguas y también plantas las termoeléctricas.
En ese sentido Lucio Cueca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) también valoró el fallo de la Corte al acoger los argumentos de los dirigentes indígenas, pero mostró preocupación sobre otra arista del fallo, afirmando que, tal como ocurrió en el caso de Minera Los Pumas en Arica, se estaría apuntando a un cambio de procedimiento que ralentizaría las acciones judiciales.
“También la Corte está entregando una señal en el sentido de que este tipo de recursos de protección ya no debieran ser tramitados en las cortes ordinarias, las cortes de apelaciones, sino que debieran ir al Tribunal Ambiental por la vía administrativa”, afirmó y añadió que eso debilita la institucionalidad de tribunales que debe proteger los derechos constitucionales que están siendo vulnerados.
A partir de este momento las propietarias del proyecto el Morro pueden intentar subsanar los reparos de la Corte Suprema para darle viabilidad nuevamente, ya que se rechazaron los informes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) donde manifestaba su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa. En tanto, las comunidades siguen atentas al desarrollo de las acciones.
“El Estado debe cumplir con la consulta y ser garante de derechos”, señaló el Consejo Comunal Diaguita. Esta fue una de las principales conclusiones luego de que este martes la Corte Suprema resolviera anular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Minero El Morro, ubicado en el Huasco Alto, un poco más arriba del Proyecto Pascua Lama, en la región de Atacama.
La iniciativa es propiedad de un 70 por ciento de la empresa Goldcorp y en un 30 de Newgold. Consiste en la construcción y operación por 14 años, de una mina a tajo abierto para la extracción de oro y cobre, que espera obtener dos mil 215 toneladas de concentrado de cobre por día, con una serie de relaves que serán dispuestos en un depósito contenido por un muro que alcanzará una altura de 230 metros.
En el fallo, el Máximo Tribunal ordenó un nuevo proceso de consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto gracias a un recurso que presentó el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a 15 comunidades diaguitas a las que no se les realizó consulta alguna.
El abogado, en conversación con Radio Universidad de Chile, valoró la disposición de la Corte a respetar el proceso institucional y se refirió a los plazos de paralización.
“Lo que la corte suprema resolvió es que anuló el permiso ambiental y eso implica que el proyecto podría estar técnicamente paralizado un año, más o menos. Va a depender de qué manera y cuándo subsanen los defectos las autoridades ambientales y procedan a la consulta indígena. Eso es una cuestión relativa, no se sabe cuánto pueden tomar”, afirmó.
Estas son las mismas comunidades diaguitas que antes lograron frenar el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold. Pero también están los Huascoaltinos, quienes cuentan con títulos de Merced otorgados por el Estado, quienes también presentaron acciones ya que, si bien se procedió a consultarles el proceso fue irregular y las mismas comunidades señalaron que fue “de mala fe”. Luego, las autoridades decidieron suspenderla “sin fundamentos, es decir arbitrariamente”, afirmaron.
Así estas dos acciones habrían logrado ponerle coto a una iniciativa que avanzaba velozmente y que había sido fuertemente criticada por su impacto en el recurso hídrico de las cuencas del Valle de Huasco, afectándolos directamente al vivir de la agricultura y la ganadería.
En la zona además, hay cerca de diez mega proyectos mineros en las nacientes de las aguas y también plantas las termoeléctricas.
En ese sentido Lucio Cueca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) también valoró el fallo de la Corte al acoger los argumentos de los dirigentes indígenas, pero mostró preocupación sobre otra arista del fallo, afirmando que, tal como ocurrió en el caso de Minera Los Pumas en Arica, se estaría apuntando a un cambio de procedimiento que ralentizaría las acciones judiciales.
“También la Corte está entregando una señal en el sentido de que este tipo de recursos de protección ya no debieran ser tramitados en las cortes ordinarias, las cortes de apelaciones, sino que debieran ir al Tribunal Ambiental por la vía administrativa”, afirmó y añadió que eso debilita la institucionalidad de tribunales que debe proteger los derechos constitucionales que están siendo vulnerados.
A partir de este momento las propietarias del proyecto el Morro pueden intentar subsanar los reparos de la Corte Suprema para darle viabilidad nuevamente, ya que se rechazaron los informes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) donde manifestaba su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa. En tanto, las comunidades siguen atentas al desarrollo de las acciones.
“El Estado debe cumplir con la consulta y ser garante de derechos”, señaló el Consejo Comunal Diaguita. Esta fue una de las principales conclusiones luego de que este martes la Corte Suprema resolviera anular de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Minero El Morro, ubicado en el Huasco Alto, un poco más arriba del Proyecto Pascua Lama, en la región de Atacama.
La iniciativa es propiedad de un 70 por ciento de la empresa Goldcorp y en un 30 de Newgold. Consiste en la construcción y operación por 14 años, de una mina a tajo abierto para la extracción de oro y cobre, que espera obtener dos mil 215 toneladas de concentrado de cobre por día, con una serie de relaves que serán dispuestos en un depósito contenido por un muro que alcanzará una altura de 230 metros.
En el fallo, el Máximo Tribunal ordenó un nuevo proceso de consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto gracias a un recurso que presentó el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a 15 comunidades diaguitas a las que no se les realizó consulta alguna.
El abogado, en conversación con Radio Universidad de Chile, valoró la disposición de la Corte a respetar el proceso institucional y se refirió a los plazos de paralización.
“Lo que la corte suprema resolvió es que anuló el permiso ambiental y eso implica que el proyecto podría estar técnicamente paralizado un año, más o menos. Va a depender de qué manera y cuándo subsanen los defectos las autoridades ambientales y procedan a la consulta indígena. Eso es una cuestión relativa, no se sabe cuánto pueden tomar”, afirmó.
Estas son las mismas comunidades diaguitas que antes lograron frenar el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold. Pero también están los Huascoaltinos, quienes cuentan con títulos de Merced otorgados por el Estado, quienes también presentaron acciones ya que, si bien se procedió a consultarles el proceso fue irregular y las mismas comunidades señalaron que fue “de mala fe”. Luego, las autoridades decidieron suspenderla “sin fundamentos, es decir arbitrariamente”, afirmaron.
Así estas dos acciones habrían logrado ponerle coto a una iniciativa que avanzaba velozmente y que había sido fuertemente criticada por su impacto en el recurso hídrico de las cuencas del Valle de Huasco, afectándolos directamente al vivir de la agricultura y la ganadería.
En la zona además, hay cerca de diez mega proyectos mineros en las nacientes de las aguas y también plantas las termoeléctricas.
En ese sentido Lucio Cueca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) también valoró el fallo de la Corte al acoger los argumentos de los dirigentes indígenas, pero mostró preocupación sobre otra arista del fallo, afirmando que, tal como ocurrió en el caso de Minera Los Pumas en Arica, se estaría apuntando a un cambio de procedimiento que ralentizaría las acciones judiciales.
“También la Corte está entregando una señal en el sentido de que este tipo de recursos de protección ya no debieran ser tramitados en las cortes ordinarias, las cortes de apelaciones, sino que debieran ir al Tribunal Ambiental por la vía administrativa”, afirmó y añadió que eso debilita la institucionalidad de tribunales que debe proteger los derechos constitucionales que están siendo vulnerados.
A partir de este momento las propietarias del proyecto el Morro pueden intentar subsanar los reparos de la Corte Suprema para darle viabilidad nuevamente, ya que se rechazaron los informes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) donde manifestaba su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa. En tanto, las comunidades siguen atentas al desarrollo de las acciones.
