La crítica de la Democracia Cristiana a la falta de liderazgo en el Gobierno se conjugó la semana pasada con una sucesión de encuestas de opinión, plagadas de malas cifras para el Ejecutivo, y  un IPC que amenaza a la economía con la temida estanflación.  Resultado: un sombrío panorama que tensiona a La Moneda  en sus flancos político, económico y social, amenazando el cumplimiento de su programa de Gobierno.

En la arista política, la DC confirmó que los afanes diferenciadores no son sólo una táctica de posicionamiento del oficialismo partidario, sino el sentimiento unánime de un partido que ha hecho de la moderación un eje de su identidad. “Los chilenos podrán ver siempre en la DC a un partido que será garantía de un proceso de cambios responsable y eficiente”, reza uno de los párrafos del voto político del Consejo Nacional, refrendando la política de los “matices”, desplegada por la directiva, y la de “los acuerdos”, reimpulsada por Gutenberg Martínez.

En el plano social, el Gobierno sufre un distanciamiento entre la ciudadanía y las reformas estructurales del Programa de Gobierno.  Al menos según las encuestas, la derecha parece estar ganando su batalla comunicacional y la gente empieza a creer en los mensajes sobre el daño de la Reforma Tributaria a la clase media o la supuesta pérdida de libertad que ocasiona el término del lucro en la Educación.

Finalmente, en el ámbito económico,  el bajo crecimiento se ha hecho acompañar por una pésima amiga llamada inflación, que pone un cable a tierra en los fríos indicadores. Mientras la desaceleración afecta más al  1% de chilenos que concentra un 29% del PIB,  el IPC las emprende contra la vida cotidiana de la inmensa mayoría, que gasta todos sus ingresos en satisfacer necesidades básicas y pagar sus deudas.  Para empeorar las cosas, el último aventón inflacionario lo dio la reforma tributaria, por la vigencia de sus impuestos específicos.

Pero ninguno de estos tres problemas es la causa real del inminente frenazo en la agenda de transformaciones.  La verdadera sombra está en la pérdida del sentido fundacional de la coalición de Gobierno: una “nueva mayoría social y política”.

Recordemos que el proyecto de cambios de la Presidenta Michelle Bachelet suponía que una ciudadanía activa mantendría la presión sobre los vaivenes de la política, apalancando los proyectos de reformas en el Parlamento.  Porque claro está, no basta la superioridad parlamentaria para realizar los cambios que no se hicieron en 20 años de gobiernos de la Concertación; se requiere una fuerza social de contrapeso a la tentación del statu quo.

Sin esa “mayoría social” es casi imposible resistir la acción de los vigorosos poderes fácticos que se cuelan por los recovecos del Congreso y de La Moneda, ejerciendo una poderosa presión contra las transformaciones. Porque en ausencia del influjo social sobre la voluntad política de cambio, se impone el temor a un nuevo orden, que invade la acción política hasta de los más convencidos reformistas.

Y ahí es cuando irrumpe el discurso de las excusas para postergar o morigerar la agenda de reformas. La desaceleración, la desconfianza y las expectativas de los inversionistas brillan en la retina de los actores políticos, encegueciéndolos a la desigualdad, el endeudamiento y la falta de oportunidades.

Peor aún, el espacio abierto por el movimiento social de 2011 es invadido por nuevas agrupaciones con más sustento en la prensa que en el tejido social, como la Asociación de Emprendedores de Chile, que surgió bajo la manga de Juan Pablo Swett para oponerse a la reforma tributaria, o la Confederación de padres y apoderados (Confepa), inventada para liderar la resistencia contra la reforma educacional.

¿Y dónde está la mayoría social por los cambios? Trabajando y estudiando, confiada en que su voto será respetado, o absorta frente a una agenda confusa, llena de vacilaciones y temores.