Un pueblo, una nación, llamada Catalunya ha decidido, ha proclamado el pasado 9 de noviembre, por más del 80% de los 2.250.000 votos, ser un país libre, soberano e independiente. Así como nosotros, los pueblos de América, lo decidimos hace 200, luego de 300 años de subordinación humillante al imperio de Castilla. Ese mismo imperio no solo sometió por la fuerza y la masacre a los indios americanos desde México a la Patagonia, sino también a pueblos y naciones de la península Ibérica.

Durante más de 500 años, pacíficamente siempre, el pueblo catalán demostró su afán de independencia, llegando incluso a proclamarse una República durante algún tiempo. Sin embargo las mismas artimañas de la inquisición y el ejército prepotente que sometió a América, mantuvieron por la fuerza a millones de catalanes durante generaciones, anexados al llamado “Estado Español”, falso constructo político con pies de barro que solo ha podido sostenerse por la fuerza de tiranías, dictaduras y monarquías. La unión verdadera no puede ser por la fuerza, sino por la cooperación, la solidaridad, el sentido común de apoyo mutuo y sobre todo mediante el consentimiento popular de quienes deseas mantenerse unidos.

Los catalanes han tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Si bien no constituye una deliberación legítima ante los ojos ciegos de la Constitución Española y sus corroídas instituciones, constituye la expresión clara e indestructible del deseo y voluntad soberana del pueblo catalán, lo cual primará tarde o temprano.

Para quienes han estado en Cataluña y conocido a su gente; a sus hombre y mujeres, abuelitos y niños, todos absolutamente todos, amando su cultura, hablando su lengua materna: el catalán, bailando sus propios bailes, estudiando su propia historia, amando su grandiosa identidad, no les cabrá duda que lo que en estos días han declarado ante el mundo es su derecho innegable a la autodeterminación, su inalienable soberanía popular. Es cosa de tiempo su consolidación institucional.

Dentro del proceso independentista catalán crece y crece hoy la demanda por una Asamblea Constituyente, un “Proces Constituent” soberano, donde los ciudadanos catalanes no solo se independicen sino que se constituyan políticamente desde la participación directa y soberana de la ciudadanía. Esta vía parece ser la más adecuada para asegurar que, cuando se logre la independencia, sea la voluntad de los ciudadanos la que prime y decida cuáles serán las nuevas reglas del juego, qué tipo de gobierno tendrán, cómo será su democracia, qué modelo económico, social y político marcará la ruta del nuevo camino de esta nación para asegurar así el bien común de los catalanes y no los intereses mezquinos de los poderes económicos. Sin un proceso constituyente de participación ciudadana no habrá seguridad de que las nuevas instituciones respondan a las demandas de la ciudadanía y no se subordinen a los intereses económicos transnacionales, reemplazando la oligarquía catalana a la oligarquía española.

Mariano Rajoy, y toda la casta política que lo rodea subordinada a los poderes económicos, han negado simplemente la legitimidad tanto de la demanda catalana como del referéndum, respaldándose en vagos aspectos jurídicos. Pero como en todo proceso político fundacional, donde surge una nueva realidad política desde la soberanía popular, lo jurídico jamás puede estar por sobre la voluntad soberana del pueblo: supremo poder político de una nación.

Queda, luego de esto, esperar que la sensatez prime sobre la soberbia, que la prepotencia que ha poseído al Estado Español durante tantos siglos ceda ante la clara voluntad general de un país que desea caminar su propio camino, truncado por la violencia, mediante ejemplos únicos en la historia de democracia popular, de manifestación cívica masiva y pacífica. A ver si en ese camino propio, libre, se retorna luego a la unidad, pero desde el respeto, desde la confianza, la cooperación y la libertad sagrada de decidir tu propio destino.

Matías Sagredo Z