Este martes, la Cámara de Diputados aprobó el reajuste salarial del seis por ciento para los funcionarios públicos. La tensa sesión estuvo marcada por el aumento de sueldos para los propios parlamentarios y ministros, pese a que la “bancada estudiantil” pidiera que no se aplicara a altos cargos del Estado.

La indicación redactada por Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC) planteaba necesario avanzar en la credibilidad de la clase polìtica del país: “El hecho de que por aprobar este reajuste estemos a la vez reajustándonos nuestro propio sueldo en $500.000, resulta escandaloso a los ojos de cualquier compatriota que tiene que vivir con menos de esto. El tema de fondo entonces no es sólo el monto que implicaría lo que como país ahorraríamos de aprobarse esta indicación (del orden de los US$ 2.000.000), sino cuánto vale fortalecer nuestras instituciones”.

En el documento, los diputados insisten en la admisibilidad de la indicación, porque “el debate no puede reducirse sólo a un criterio formal, sino que también, a la hora de votar, debemos tener presente el carácter político de fondo que está detrás de esta iniciativa”.

Pese a las intenciones de los firmantes, las críticas fueron mayoritarias en la Cámara. Gran parte de los diputados argumentó “inadmisibilidad” en la propuesta que buscaba dejar fuera del reajuste a los funcionarios de grado A, B y C, que corresponden a la Presidenta Michelle Bachelet, los ministros de Estado, senadores, diputados y subsecretarios.

Previo a la votación, la ministra Javiera Blanco explicó que la iniciativa era inadmisible porque iba a “modificar la escala de remuneraciones”.

Javiera Blanco

A juicio del presidente de la Cámara, Aldo Cornejo (DC) “esta indicación fue declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda, debido a que es materia de exclusividad de la Presidenta de la República”.

Aldo Cornejo, presidente de la Cámara.

Los descargos de los ex dirigentes estudiantiles fueron inmediatos. Para Giorgio Jackson “(es) impresentable que se haya declarado inadmisible la iniciativa. En este caso nosotros lo único que queríamos lograr es excluirnos de una normativa que nos beneficia directamente”.

A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Boric criticó a los diputados gremialistas: “La UDI, dice que se rebela contra salud indigna y desempleo, pero no tiene vergüenza en subirse el sueldo 500 lucas. Un asco el doble estándar”.

Al igual que en otras ocasiones, el parlamentario adjuntó el documento de quienes habían votado a favor y en contra de la iniciativa.

Boric agregó que “rechazaron la posibilidad de que el reajuste no se aplicara a los sueldos más altos. Incluídos los de parlamentarios y ministros. Triste”.

La pelea de los trabajadores

La Mesa del Sector Público fue otra de las instancias divididas por el alza de salarios. Si bien, doce de los quince gremios representados apoyaron la propuesta del gobierno, la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) no dieron su aprobación al documento, y anunciaron movilizaciones a nivel nacional para manifestarse en contra del reajuste.

Las críticas vienen de la mano con un dificil año para los sindicatos. Diversas organizaciones se han levantado en contra de la conducción de la CUT por sentir que no representa las reales necesidades de los trabajadores. A esto, se suma la oposición presentada por tres de los históricos gremios de la Mesa del sector, al romper la unanimidad cuestionando la oferta del Ejecutivo.

Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, solicitó a la ciudadanía no asistir a los servicios públicos, ya que sólo habrá turnos éticos y humanitarios y explicó el porqué de la negativa de su gremio a aprobar este incremento salarial: “El reajuste real que están entregando a los funcionarios públicos no es de un 6 por ciento, es de un 0,5 por ciento real, el 5, 5 por ciento restante es recuperación del poder adquisitivo que han tenido los trabajadores por efecto de la inflación”.

Raúl de la Puente

Por su parte, el presidente de la Confenats, Victor Domingo Silva, la tercera organización que se negó a firmar el documento, señaló en entrevista con la tercera edición de Radionálisis, que el gremio que lidera deberá plantear su malestar al gobierno, ya que han cometido demasiadas injusticias con ellos, y la opinión pública debe saberlo.

Este miércoles los senadores deberán votar la iniciativa que, de ser aprobada, acelerará los procesos de movilización de los disidentes, según anunciaron sus dirigentes.