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Igualdad y Crecimiento

Columna de opinión por Roberto Meza
Lunes 15 de diciembre 2014 17:15 hrs.


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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha liberado su último Informe, afirmando que, en la mayoría de los países socios, la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado su nivel más alto de las últimas tres décadas: el 10% de la población más rica gana 9.5 veces el ingreso del 10% más pobre. En los años ‘80 esta proporción era de 7 veces.

El banco suizo UBS y la consultora Wealth-X, por su parte, revelaron recientemente que unas 211 mil familias “ultra-ricas” del mundo (con activos por más de US$ 30 millones) controlan el 13% de la riqueza global, es decir, unos US$ 30 millones de millones (alrededor de 100 veces el PIB de Chile). Según el estudio, en 2014 la cantidad “ultra-ricos” subió 6% y su riqueza 7%, debido a que el valor de activos como acciones y propiedades, aumentó en todo el mundo.

En paralelo a este incremento de los más ricos, el 10% de menores ingresos ha observado no solo un crecimiento menor durante los buenos tiempos, sino también pérdidas mayores de ingresos en los malos, generando un tipo de mercado que mejora para la producción de bienes y servicios conspicuos (yates, aviones privados, joyas, obras de arte, etc.) y se reduce para productos masivos a raíz de la disminución del poder de compra de sectores de menores ingresos, concentrando su demanda en alimentación y haciendo subir esos precios.

A mayor abundamiento, a nivel macro, las políticas públicas de las últimas décadas han tendido a favorecer la movilidad del capital, reduciendo sistemáticamente las tasas de impuestos en todos los países: la tasa legal superior media OCDE disminuyó desde 66% en 1981, al 51% en 1990, y al 41% en 2008, cuando comenzó la crisis, aumentando así los factores que impulsan la desigualdad e impactando negativamente en el crecimiento económico, dada la menor demanda de amplias mayorías consumidoras medias y bajas.

La OCDE asegura que los países cuya desigualdad de ingresos disminuye, crecen más rápido que los que la han incrementado. En su análisis afirma que el principal mecanismo mediante el cual la desigualdad afecta el crecimiento es la reducción de oportunidades de educación para niños de bajos niveles socioeconómicos, lo que obstaculiza su movilidad social y desarrollo de habilidades.

Los expertos OCDE concluyen que los gobiernos deben aplicar políticas para reducir desigualdades de ingresos, no sólo para mejorar resultados sociales, sino también para sostener el crecimiento de la economía a largo plazo, el que se beneficiará con políticas de redistribución a través de impuestos (reformas tributarias) y de redistribución mediante transferencias (bonos)

Según el análisis, estas medidas “son claves para asegurar que los beneficios del crecimiento se distribuyan más ampliamente”, no obstante los problemas asociados a planes de redistribución, pues más impuestos pueden impactar las inversiones y las transferencias tienen su costo en la medida que los recursos no llegan plenamente a su destino.

El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, declaró que “hay pruebas contundentes que demuestran que solucionar la alta y creciente desigualdad es crucial para promover el crecimiento fuerte y sostenible” y que aquella “debe estar en el centro del debate político. Los países que promueven la igualdad de oportunidades para todos desde edad temprana son los que van a crecer y prosperar”, dijo.

Así y todo -y tal vez antes que las soluciones políticas- el derrumbe de los precios del petróleo debería ajustar con más rapidez los mercados hacia una mayor igualdad, dado que la energía representa buena parte del costo de producir alimentos y metales. Y aunque se prevé que por esta razón los comoditties como el cobre caerán de precio, también sus costos se verán reducidos.

En efecto, la violenta caída de más de 40% del crudo incidirá en los valores de los alimentos, pues aproximadamente 45% de los gastos necesarios para cultivar y cosechar arroz corresponden a combustibles, lubricantes, electricidad y fertilizante, según la Administración de Información Energética de EE.UU. Para el maíz y el trigo, en tanto, la energía representaría un 54%.

Para países como Chile, la energía implica entre 30% y 40% de los costos operativos de la minería, guarismos que, junto al mayor valor internacional del dólar –que incentiva las exportaciones- beneficiarán el costo de producción del metal rojo, equilibrando las pérdidas por el menor precio internacional del cobre, ingresos de los cuales dependen buena parte de las posibilidades de redistribuir en educación, capacitación, salud o previsión, así como para reactivar la demanda y consumo interno.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.