Migración laboral: La falencia del sistema de extranjería del Estado
Este jueves de conmemora el Día Internacional del Migrante. El grueso de los extranjeros que llaga a nuestro país lo hace buscando trabajo y nuevas condiciones de vida para ellos y sus familias, pero ¿en qué situación están trabajando realmente?, ¿Chile les abre las puertas o coloca trabas para su desarrollo?, ¿cuáles son los instrumentos legales utilizados?, ¿son los correctos?
Paula Correa
Miércoles 17 de diciembre 2014 21:55 hrs.
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Se le conoce como “migrantes económicos” a aquellos que llegan a nuestro país a trabajar o para abrirse nuevos caminos. Este es el perfil de migrantes que más vemos en las noticias, en reportajes televisivos que abordan la trata de personas, abusos laborales o las condiciones de hacinamiento extremas de sus viviendas.
Según señaló Rodolfo Noriega Presidente del Comité de Refugiados Peruanos, el sesenta por ciento de estos extranjeros son mujeres y, de ellas, la gran mayoría trabaja en el servicio doméstico. También se concentran en empleos temporales en la agricultura, el comercio, la construcción la hotelería, el turismo, la gastronomía, entre otros.
Rodolfo Noriega
La mayor parte de ellos son empleos informales, no se les pide documentos y las condiciones no están claras o incluso a veces están al margen de la ley. Para acceder al empleo formal se debe contar con una “visa sujeta a contrato”, sistema que genera otras complicaciones.
“En el caso de una mujer extranjera, las formalidades para una relación laboral son mayores, porque además de tener un contrato escrito, que es lo que existe el Código del Trabajo y que se le paguen las imposiciones, deben tener una residencia y la residencia depende precisamente del contrato, de la relación laboral. Allí se genera un circulo vicioso”, afirmó y añadió que comienza con irregularidad migratoria y trabajo informal, después se regulariza peor, normalmente, cualquier situación que afecte la relación laboral va a generar, en consecuencia, otra situación de irregularidad migratoria.
Rodolfo Noriega afirmó que este modelo exalta la asimetría entre trabajador y empleador, al condicionar la residencia a la mantención del vínculo laboral, lo que ampara irregularidades de todo tipo. Más aún cuando, de romperse el contrato, la ley sólo otorga un plazo de 30 días para demostrar que se cuenta con un nuevo trabajo.
A esto se suma que la ley actual establece un máximo de un 15 por ciento de trabajadores extranjeros para las empresas, pero muchos empleadores buscan incrementar ese número, lo que logran muy fácilmente a través del uso del multirut o la subcontratación.
Trabas a los migrantes capacitados y falta de información
Pero no todos los migrantes están en condiciones de vulnerabilidad. Hay quienes tienen competencias laborales excepcionales y además, cuentan con un fuerte interés de trabajar en el servicio público, lo que es fundamental en áreas como la Salud, donde existe un alto déficit de especialistas. Sin embargo se topan con una serie de trabas, como la falta de reconocimiento de sus títulos profesionales.
Con esto el país desperdicia un importante potencial que no se conoce con claridad ante la falta de información específica sobre los migrantes económicos. Esto pasa por que sólo se les pide señalar su profesión o a qué vienen a trabajar cuando se trata de un antecedente para obtener un beneficio migratorio.
Ante esto, Diego Carrasco, Presidente del Observatorio Internacional de Migrantes (OCIM) sostuvo que se deben generar los estudios correspondientes.
“Es fundamental regular la situación de los trabajadores migrantes. En particular la conformación de una unidad especializada de seguimiento y monitoreo de sus derechos”, afirmó y añadió que “es importante que el Estado pueda contar con una base de datos especializada sobre trabajadores migrantes en Chile, que esté actualizada, que tenga información permanente y que, sobre todo, la sociedad chilena conozca del tema para que pueda generar las condiciones que se requieren”.
Falencias del marco institucional
Chile ratificó el 2005 la Convención Internacional de Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias y Naciones Unidas y, desde 2011, constantemente lo llama a hacer cambios de fondo.
El año pasado el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto para modificar la actual legislación, pero el texto contó con una serie de reparos. Ante esto el actual gobierno decidió iniciar un trabajo para presentar una indicación o una nueva iniciativa el 2015.
Así lo confirmó el Jefe de la Unidad de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, quien apuntó a la ineficacia de los actuales instrumentos para hacer frente al fenómeno.
Rodrigo Sandoval
“La Migración laboral es una de las dimensiones donde se nota la falencia del sistema de extranjería del Estado chileno en relación a sus migrantes.”, afirmó y añadió que “se trata de un área que no ha sido suficientemente abordada, que está amparada en una lógica muy obsoleta, proveniente de una ley de extranjería que viene del año 75 y que no da cuenta de las distintas modalidades, formatos y motivos migratorios que caracterizan la migración moderna que hoy se hace muy frecuente en Chile”.
Para precisar, hoy contamos con un decreto de ley, que, según indicó Sandoval, “proviene de la dictadura, se sustenta en una lógica de Seguridad Nacional, es restrictivo y excluyente”.
En esa línea afirmó que “no podemos pretender que la migración se limite a la regulación de la mera extranjería. No es sólo definir perfiles migratorios, requisitos, condiciones de ingreso y salida de personas, significa hacerse cargo del impacto sociocultural que implica” y añadió que se debe avanzar a un modelo migratorio que aborde el tema desde un enfoque de derecho y aporte a crear una sociedad multicultural y diversa.
Se le conoce como “migrantes económicos” a aquellos que llegan a nuestro país a trabajar o para abrirse nuevos caminos. Este es el perfil de migrantes que más vemos en las noticias, en reportajes televisivos que abordan la trata de personas, abusos laborales o las condiciones de hacinamiento extremas de sus viviendas.
Según señaló Rodolfo Noriega Presidente del Comité de Refugiados Peruanos, el sesenta por ciento de estos extranjeros son mujeres y, de ellas, la gran mayoría trabaja en el servicio doméstico. También se concentran en empleos temporales en la agricultura, el comercio, la construcción la hotelería, el turismo, la gastronomía, entre otros.
Rodolfo Noriega
La mayor parte de ellos son empleos informales, no se les pide documentos y las condiciones no están claras o incluso a veces están al margen de la ley. Para acceder al empleo formal se debe contar con una “visa sujeta a contrato”, sistema que genera otras complicaciones.
“En el caso de una mujer extranjera, las formalidades para una relación laboral son mayores, porque además de tener un contrato escrito, que es lo que existe el Código del Trabajo y que se le paguen las imposiciones, deben tener una residencia y la residencia depende precisamente del contrato, de la relación laboral. Allí se genera un circulo vicioso”, afirmó y añadió que comienza con irregularidad migratoria y trabajo informal, después se regulariza peor, normalmente, cualquier situación que afecte la relación laboral va a generar, en consecuencia, otra situación de irregularidad migratoria.
Rodolfo Noriega afirmó que este modelo exalta la asimetría entre trabajador y empleador, al condicionar la residencia a la mantención del vínculo laboral, lo que ampara irregularidades de todo tipo. Más aún cuando, de romperse el contrato, la ley sólo otorga un plazo de 30 días para demostrar que se cuenta con un nuevo trabajo.
A esto se suma que la ley actual establece un máximo de un 15 por ciento de trabajadores extranjeros para las empresas, pero muchos empleadores buscan incrementar ese número, lo que logran muy fácilmente a través del uso del multirut o la subcontratación.
Trabas a los migrantes capacitados y falta de información
Pero no todos los migrantes están en condiciones de vulnerabilidad. Hay quienes tienen competencias laborales excepcionales y además, cuentan con un fuerte interés de trabajar en el servicio público, lo que es fundamental en áreas como la Salud, donde existe un alto déficit de especialistas. Sin embargo se topan con una serie de trabas, como la falta de reconocimiento de sus títulos profesionales.
Con esto el país desperdicia un importante potencial que no se conoce con claridad ante la falta de información específica sobre los migrantes económicos. Esto pasa por que sólo se les pide señalar su profesión o a qué vienen a trabajar cuando se trata de un antecedente para obtener un beneficio migratorio.
Ante esto, Diego Carrasco, Presidente del Observatorio Internacional de Migrantes (OCIM) sostuvo que se deben generar los estudios correspondientes.
“Es fundamental regular la situación de los trabajadores migrantes. En particular la conformación de una unidad especializada de seguimiento y monitoreo de sus derechos”, afirmó y añadió que “es importante que el Estado pueda contar con una base de datos especializada sobre trabajadores migrantes en Chile, que esté actualizada, que tenga información permanente y que, sobre todo, la sociedad chilena conozca del tema para que pueda generar las condiciones que se requieren”.
Falencias del marco institucional
Chile ratificó el 2005 la Convención Internacional de Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias y Naciones Unidas y, desde 2011, constantemente lo llama a hacer cambios de fondo.
El año pasado el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto para modificar la actual legislación, pero el texto contó con una serie de reparos. Ante esto el actual gobierno decidió iniciar un trabajo para presentar una indicación o una nueva iniciativa el 2015.
Así lo confirmó el Jefe de la Unidad de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, quien apuntó a la ineficacia de los actuales instrumentos para hacer frente al fenómeno.
Rodrigo Sandoval
“La Migración laboral es una de las dimensiones donde se nota la falencia del sistema de extranjería del Estado chileno en relación a sus migrantes.”, afirmó y añadió que “se trata de un área que no ha sido suficientemente abordada, que está amparada en una lógica muy obsoleta, proveniente de una ley de extranjería que viene del año 75 y que no da cuenta de las distintas modalidades, formatos y motivos migratorios que caracterizan la migración moderna que hoy se hace muy frecuente en Chile”.
Para precisar, hoy contamos con un decreto de ley, que, según indicó Sandoval, “proviene de la dictadura, se sustenta en una lógica de Seguridad Nacional, es restrictivo y excluyente”.
En esa línea afirmó que “no podemos pretender que la migración se limite a la regulación de la mera extranjería. No es sólo definir perfiles migratorios, requisitos, condiciones de ingreso y salida de personas, significa hacerse cargo del impacto sociocultural que implica” y añadió que se debe avanzar a un modelo migratorio que aborde el tema desde un enfoque de derecho y aporte a crear una sociedad multicultural y diversa.
Se le conoce como “migrantes económicos” a aquellos que llegan a nuestro país a trabajar o para abrirse nuevos caminos. Este es el perfil de migrantes que más vemos en las noticias, en reportajes televisivos que abordan la trata de personas, abusos laborales o las condiciones de hacinamiento extremas de sus viviendas.
Según señaló Rodolfo Noriega Presidente del Comité de Refugiados Peruanos, el sesenta por ciento de estos extranjeros son mujeres y, de ellas, la gran mayoría trabaja en el servicio doméstico. También se concentran en empleos temporales en la agricultura, el comercio, la construcción la hotelería, el turismo, la gastronomía, entre otros.
Rodolfo Noriega
La mayor parte de ellos son empleos informales, no se les pide documentos y las condiciones no están claras o incluso a veces están al margen de la ley. Para acceder al empleo formal se debe contar con una “visa sujeta a contrato”, sistema que genera otras complicaciones.
“En el caso de una mujer extranjera, las formalidades para una relación laboral son mayores, porque además de tener un contrato escrito, que es lo que existe el Código del Trabajo y que se le paguen las imposiciones, deben tener una residencia y la residencia depende precisamente del contrato, de la relación laboral. Allí se genera un circulo vicioso”, afirmó y añadió que comienza con irregularidad migratoria y trabajo informal, después se regulariza peor, normalmente, cualquier situación que afecte la relación laboral va a generar, en consecuencia, otra situación de irregularidad migratoria.
Rodolfo Noriega afirmó que este modelo exalta la asimetría entre trabajador y empleador, al condicionar la residencia a la mantención del vínculo laboral, lo que ampara irregularidades de todo tipo. Más aún cuando, de romperse el contrato, la ley sólo otorga un plazo de 30 días para demostrar que se cuenta con un nuevo trabajo.
A esto se suma que la ley actual establece un máximo de un 15 por ciento de trabajadores extranjeros para las empresas, pero muchos empleadores buscan incrementar ese número, lo que logran muy fácilmente a través del uso del multirut o la subcontratación.
Trabas a los migrantes capacitados y falta de información
Pero no todos los migrantes están en condiciones de vulnerabilidad. Hay quienes tienen competencias laborales excepcionales y además, cuentan con un fuerte interés de trabajar en el servicio público, lo que es fundamental en áreas como la Salud, donde existe un alto déficit de especialistas. Sin embargo se topan con una serie de trabas, como la falta de reconocimiento de sus títulos profesionales.
Con esto el país desperdicia un importante potencial que no se conoce con claridad ante la falta de información específica sobre los migrantes económicos. Esto pasa por que sólo se les pide señalar su profesión o a qué vienen a trabajar cuando se trata de un antecedente para obtener un beneficio migratorio.
Ante esto, Diego Carrasco, Presidente del Observatorio Internacional de Migrantes (OCIM) sostuvo que se deben generar los estudios correspondientes.
“Es fundamental regular la situación de los trabajadores migrantes. En particular la conformación de una unidad especializada de seguimiento y monitoreo de sus derechos”, afirmó y añadió que “es importante que el Estado pueda contar con una base de datos especializada sobre trabajadores migrantes en Chile, que esté actualizada, que tenga información permanente y que, sobre todo, la sociedad chilena conozca del tema para que pueda generar las condiciones que se requieren”.
Falencias del marco institucional
Chile ratificó el 2005 la Convención Internacional de Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias y Naciones Unidas y, desde 2011, constantemente lo llama a hacer cambios de fondo.
El año pasado el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto para modificar la actual legislación, pero el texto contó con una serie de reparos. Ante esto el actual gobierno decidió iniciar un trabajo para presentar una indicación o una nueva iniciativa el 2015.
Así lo confirmó el Jefe de la Unidad de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, quien apuntó a la ineficacia de los actuales instrumentos para hacer frente al fenómeno.
Rodrigo Sandoval
“La Migración laboral es una de las dimensiones donde se nota la falencia del sistema de extranjería del Estado chileno en relación a sus migrantes.”, afirmó y añadió que “se trata de un área que no ha sido suficientemente abordada, que está amparada en una lógica muy obsoleta, proveniente de una ley de extranjería que viene del año 75 y que no da cuenta de las distintas modalidades, formatos y motivos migratorios que caracterizan la migración moderna que hoy se hace muy frecuente en Chile”.
Para precisar, hoy contamos con un decreto de ley, que, según indicó Sandoval, “proviene de la dictadura, se sustenta en una lógica de Seguridad Nacional, es restrictivo y excluyente”.
En esa línea afirmó que “no podemos pretender que la migración se limite a la regulación de la mera extranjería. No es sólo definir perfiles migratorios, requisitos, condiciones de ingreso y salida de personas, significa hacerse cargo del impacto sociocultural que implica” y añadió que se debe avanzar a un modelo migratorio que aborde el tema desde un enfoque de derecho y aporte a crear una sociedad multicultural y diversa.
