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Organizaciones: Ley de Asociatividad no debe apuntar solo a destrabar proyectos energéticos

Diana Porras |Jueves 25 de diciembre 2014 9:51 hrs.

Marcha en contra de HidroAysen  05

Considerando las diferencias entre comunidades y empresas por la instalación de proyectos energéticos, Chile Sustentable, Ecosistemas y otros actores advirtieron que la propuesta del Ejecutivo priorizaría un diálogo centrado en las compensaciones económicas más que en el ordenamiento territorial y la importancia de una participación ciudadana vinculante, por ejemplo.

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En octubre pasado el Gobierno reiteró que a fines de año se enviaría una iniciativa que impulsará la asociatividad entre las comunidades locales y las empresas.

En mayo de este año se lanzó la Agenda de Energía, que incluye la presentación de este proyecto de Ley de Asociatividad.

Esteban Valenzuela, presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, planteó su preocupación y llamó a que esta oportunidad no termine siendo un “ofertón” para cooptar a las comunidades y facilite nuevas inversiones.

Para Valenzuela es “evidente que se enmarca dentro de la visión que se tiene de que algunos proyectos energéticos están trabados” y esta es una manera de generar un acercamiento entre esta industria y los habitantes.

Luego de varios meses de debate y de entrevistarse con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, funcionarios de la cartera y expertos del ámbito tributario, ambiental y las propias comunidades, la Comisión entregó sus conclusiones en octubre. Entre ellas, destacan aquéllas enfocadas en esta materia.

Valenzuela recordó que proponen “que el 70 por ciento de los recursos que generen las centrales quedarán en los municipios y gobierno regional, y el 30 por ciento a las comunidades aledañas a los mismos. Entiendo que este proyecto estaría pensando solo en las iniciativas nuevas y este porcentaje se distribuiría al revés, 70 por ciento para las comunidades y 30 para municipios”.

En este sentido, advirtió que se deben discutir tres sentidos estructurales: posibilidad de que las comunidades digan que no, el proyecto no puede quedar exclusivamente para las comunidades que están junto a un proyecto y más institucionalización.

“Es necesaria una coparticipación de los municipios y las regiones en las ventas que generan estas megaindustrias extractivas o eléctricas. Esto es importante porque cuando se vincula todo a premios para la población aledaña se convierten en megaproyectos de cooptación y eso hay que evitarlo. Muchas veces son regalos por una vez”, dijo.

El ministro Pacheco ha manifestado que “lo que está sucediendo cada vez más es que los lugares en que se localizan o se quiere localizar estos proyectos se hacen la legítima pregunta de cómo me beneficio yo con este proyecto. Por ello, la respuesta que estamos dando es que vamos a presentar un proyecto de ley de asociatividad antes de fin de este año”.

También comentó hace algunas semanas que están pensando, “junto con la ley de Rentas Municipales, obligar a las empresas a que paguen la patente en donde está su instalación, ecualizar la tarifa y además fijar algún indicador de asociación entre la comunidad que acoja esta central eléctrica y la localidad, la comuna y la región”.

Un conjunto de organizaciones planteó que ve con alerta el avance del Gobierno, “en lo que pareciera ser una versión 2.0 de las leyes de compensación planteadas en administraciones anteriores”.

En una declaración pública, Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano y Ecosistemas, entre otros, aseguraron que “si la propuesta no incorpora el enfoque de Derechos Humanos, derechos de los pueblos indígenas, ordenamiento territorial y participación ciudadana vinculante, será una legislación que sólo apunta a una retribución económica para destrabar proyectos energéticos”, como dijo Patricio Segura, de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

“Hay que discutir un enfoque de derechos en el cual se fortalezca el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y así hacerse cargo de los impactos ecológicos en los territorios”, agregó Segura.

Además de estas condiciones, advirtieron que la relación entre las empresas y las comunidades locales debiera considerar una asesoría independiente para apoyo de comunidades y un royalty o participación en utilidades de la empresa no inferior al diez por ciento. Para su administración, deben conformarse fundaciones o corporaciones integradas mayoritariamente por miembros de las comunidades afectadas, elegidos para tal efecto, y asignarse colectivamente para un Plan de Desarrollo Local.

Concluyeron que no están escuchando los planteamientos de quienes participaron en las mesas de Energía 2050 y de la propia Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional, que no sólo abordaron materias de tipo fiscal o económico.