Escuche aquí la entrevista completa.

La legislación que acaba de implementarse indica que el lobby es la gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deben adoptar las autoridades regidas por esta ley. En lo práctico, ¿qué es para ti el lobby y por qué es consustancial a la política?

Esa definición es muy clara, pero deja un segundo aspecto que es la gestión de intereses. El lobby, de acuerdo a la ley 20.730, es cuando una persona natural o jurídica representa los intereses de otros. Si es remunerado se le llama lobby; si no, gestión de intereses. Eso es extremadamente importante, porque la ley obliga al sujeto activo, al que ejerce el lobby o gestión de intereses, a hacer esa definición. Cuando la ley entró en vigencia, el 28 de noviembre, se abrieron los registros de audiencias, de viajes, de donaciones y de lobbystas o gestores de intereses.

Lobbysta entonces es un profesional, un operador que actúa en representación de una empresa o un grupo de personas. Pero, por ejemplo, si el gerente de una empresa está interesado en que la legislación considere un aspecto que atañe a su producción y él mismo concurre al despacho de un parlamentario o ministro, ¿está haciendo lobby?

Sí. Si el presidente de una empresa constructora se reúne, por ejemplo, con el ministro de Obras Públicas y le dice que la comunidad de Chiloé necesita un mejor puente o algo relacionado, está ejerciendo lobby. ¿Por qué? Porque es remunerado como presidente de esa compañía para defender los intereses de su compañía.

Ahora se ha abierto un registro donde tienen que inscribirse las personas o instituciones que hacen lobby. ¿Qué pasa con las otras personas que hacen lobby, los gerentes, por ejemplo, cuyo oficio no es eso sino defender los intereses de su empresa? ¿Tienen que inscribirse?

Primero, hay que clarificar que en el Congreso y en los ministerios se abrieron los registros y ya hay lobbystas y gestores de intereses registrados. Cualquier personas natural o jurídica que quiera tener una audiencia o discutir un tema en particular con algún ministro, subsecretario, jefe de gabinete o cualquier otra persona que el ministro estime conveniente, puede hacerlo a través de esta plataforma.

O sea, hay que inscribirse aunque sea para una sola oportunidad.

Lo que hay que clarificar es el ámbito del lobby. Si cualquiera de estas personas va a conversar con el ministro sobre un proyecto de ley, una política pública, una gestión que tenga que ver con sus intereses, sí debe inscribirse.

Entonces es muy complejo, porque no todas las audiencias y comunicaciones están acotadas a un tema en particular. Muchos temas a veces salen en un almuerzo, en un viaje, ¿cómo se regulan esos casos?

De una manera u otra, ciudadanos, empresas, sindicatos, gremios, todos tratamos de influir en representación de intereses de terceros. Creo que ahí está la ética y moral de cada persona y el eje que pone el sujeto pasivo, el que recibe la acción de lobby -ministros, autoridades- para darse cuenta de lo que está sucediendo y hacer ese registro. La ley es un piso, no es un cielo, no es donde se termina. Se establece una base de trabajo en la que todos tenemos que colaborar y cuando existen irregularidades es el sujeto pasivo el que tiene la responsabilidad de denunciar estos hechos.

Pareciera que estamos frente a un dolo, a un delito. ¿Por qué la necesidad de regularlo? ¿Cuáles son los excesos que se cometen en esto que justifiquen la necesidad de una ley?

Hay varios ámbitos. Parto por decir que la actividad del lobby no es mala, tiene una mala marca, mala reputación, pero el lobby y la gestión de intereses sucede en todos los ámbitos y lo importante, y por qué se implementa esta ley, es transparentar las actividades, transparentar los intereses de aquellos que quieren influir en la política pública, el por qué y ver cómo esta incidencia permea la aprobación o rechazo de una ley.

De tal forma, la ciudadanía podría controlar. Si se aprueba una ley sobre construcción, por ejemplo, podríamos saber con quiénes se reunieron los parlamentarios que decidieron esa ley, quiénes ejercieron lobby, pero nunca se va a poder colegir que hay algo irregular en la decisión que adopta una autoridad respecto del lobby. Tendría que registrarse que se ofreció una compensación, una coima.

Eso es un delito, pero plantearle mi punto de vista a un ministro en relación a un proyecto de ley o al diseño de una política pública no es delito. Si defiendo intereses de organizaciones de ciclistas, voy a hablar al ministerio de Obras Públicas, hablo con el alcalde de una comuna, y les digo que es importante que construyamos canales exclusivos de tránsito para bicicletas, no estoy cometiendo un delito. Ahora, es importante que aquellos vecinos que viven en esa comuna, por ejemplo, sepan quiénes están detrás de esta propuesta y tengan también la posibilidad de incidir. Hay que cambiar la perspectiva de la coima, porque podemos empezar a discutir el financiamiento de campañas políticas y creo que esta ley actúa bien en coordinación con eso.

Bueno, la idea es que esta ley opere con otras leyes. ¿De qué sirve regular el lobby si todavía se tolera que las sociedades anónimas puedan financiar las campañas electorales? Eso es un lobby gigantesco.

Nuestra postura, como fundación, es distinta. Creemos que el financiamiento de campañas políticas debe ser transparente y oportuno. No consideramos malo que una empresa financie una campaña política. El problema es que debe ser transparente y oportuno y me refiero a que el elector sepa, antes de votar, cuáles son las empresas que los financian.

¿Es lo mismo el lobby y el tráfico de influencias?

No, el tráfico de influencias es un delito. Lo que regula esta ley es quién se reúne con quién y para qué. Si veo a un ministro, como lobbysta gestor de interés, tengo que decir para qué lo voy a ver, a quién represento, para que esto se transparente. A lo que apuntas son algunos vacíos de la ley. Por ejemplo, no regula las conversaciones telefónicas o por correo electrónico ni las actividades en terreno de las autoridades.

¿Eso es una omisión?

En otros países sí se regula. De hecho, en Estados Unidos es bastante severa y cambió mucho en 2007, cuando se obligó a todos los lobbystas registrados a ver de dónde venían los dineros, con quién se reunían, para donde iban las influencias. Hasta hoy, la ley prohíbe que cualquier ex miembro del Congreso o el gobierno se convierta en lobbysta antes de dos años. Pero lo que hicieron en Estados Unidos es dejar de registrarse y hoy se dice que hay más de 100 mil lobbystas en Washington, pero en el registro solo hay doce mil.

¿Los lobbystas están obligados también a llevar una especie de contabilidad sobre lo que reciben? Un operador que representa a una empresa, por ejemplo, ¿ está obligado a declarar cuánto le pagaron?

Por supuesto que no y ese es otro de los grandes vacíos de esta ley. Quiero dejar muy claro que esto es un tremendo avance en materia de transparencia y probidad, pero hay grandes vacíos. En la medida que vamos viendo cómo se implementa la ley, el Gobierno y el Congreso tendrán que tomar parte para hacer cambios.

¿La ley regula, por ejemplo, lo que acabas de decir, sobre la prohibición de ejercer lobby después de que uno deja una función pública? Desde el ministerio de Educación, por ejemplo, mucha gente cruzó a establecimientos educacionales.

Eso es distinto, es la puerta giratoria, el conflicto de intereses entre la función pública y privada.

Pero también es lobby. Hay ex parlamentarios o ex ministros que se dedican a eso. Eso no queda establecido en esta ley.

No. Esta ley estuvo once años en discusión. En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet la idea original era regular la industria, no las actividades de los sujetos pasivos, que son las autoridades. La idea era regular cómo funcionaría la industria de lobbystas y gestores de intereses, cuánto se va a transparentar o cuánto pueden pagar. Luego, en la administración del presidente Piñera, se cambió la idea para que no se regulara la industria, pero sí la actividad de lobbystas y gestores. Dentro de eso, quedaron muchos vacíos en la ley.

También hay formas de influir en los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, no quisimos difundir publicidad de Hidroaysén y tuvimos todas las tentaciones habidas y por haber y protestas por negarnos. Esta forma de hacer publicidad que tienen las empresas, y también la administración pública, en los medios de comunicación, ¿cabe en el lobby, en el tráfico de influencias?

En ninguno. De hecho, muchas agencias de comunicaciones actúan dentro de la norma, de lo legal, para posicionar temas en los medios. Si soy directora de una agencia y uno de mis clientes es una empresa, haré la gestión para que los medios entrevisten a una persona o se posicione el tema. Eso no es lobby, que es solo hacia las autoridades. Los medios no son autoridades públicas.

¿Cómo comparas nuestra legislación con la de otros lugares en el mundo, Estados Unidos particularmente? ¿Nos falta mucho o vamos bien encaminados?

En términos de transparencia, es un avance que no es comparable en la región. En Perú existe una ley de lobby que no ha tenido la mejor ejecución, se han cometido muchas irregularidades que han derivado en casos de corrupción. En Brasil también hay una ley bastante vaga y en México existe una asociación de cabildeo, pero tampoco está regulada. Estados Unidos e Inglaterra son los únicos dos países donde conocemos una ley de lobby, pero en todos estos países sí existen irregularidades. La Ley de Lobby, en Chile, es un paso gigante para continuar el trabajo de transparencia. Falta un mayor aporte de la sociedad civil para que existan mecanismos de fiscalización que hoy no existen, además del trabajo que tendrá que hacer el sujeto pasivo frente a eventuales irregularidades.

¿También hay sanciones?

Existen sanciones, alguien podría llegar a la cárcel, pero el mecanismo para implementar estas sanciones está enfocado en el sujeto pasivo. Es decir, si un ministro se reúne con un lobbysta y olvida anotarlo en el registro y ese lobbysta no estaba registrado, eso se considera una irregularidad. Se hace una investigación a través del Consejo para la Transparencia y otros organismos que estarán a cargo de fiscalizar este proceso y la multa y sanción recaen en el sujeto pasivo. No existe mecanismo hoy para que las multas y sanciones se apliquen a los sujetos activos, sino solo a los pasivos.

La frase dice que hecha la ley, hecha la trampa. Tengo la sensación de que nuestro país dicta muchas leyes que sirven para que el mundo diga, por ejemplo, que tenemos una ley de lobby, aunque no sirva de mucho.

Lo más importante dentro de esta ley en particular es que se abre un mecanismo completamente nuevo de interacción entre las autoridades y la sociedad civil. Ahí puedes ver el impacto de esta ley. Antes, si yo quería reunirme con un ministro, no tenía forma. Tenía que ver si un amigo conoce a alguien que trabaje en el ministerio, tenía que rebuscármelas. Hoy, si quiero reunirme con un ministro, lo único que tengo que hacer es llenar una solicitud.

¿Y la autoridad está obligada a atenderte?

Está obligada a dar igualdad de trato respecto de ese tema. Eso significa que una organización de la sociedad civil debe tener la misma oportunidad de acercarse a la autoridad que una empresa, por ejemplo.

Esto promueve entonces la organización ciudadana.

Sí. Es que dentro de las organizaciones de la sociedad civil existen múltiples competencias, no siempre van a estar en la defensa de intereses, pero con esta ley es interesante ver cómo esas organizaciones podrán aumentar esa competencia o trabajar con otras organizaciones que tienen la gestión de intereses como parte de su ámbito de competencia. Eso es lo importante, que las oportunidades para golpear la puerta de una autoridad son igualitarias, al menos dentro del marco de la ley. Si la autoridad dice que no, tendrá que decirle que no a todo el resto. Si la autoridad no puede reunirse conmigo, pero sí quiere porque le dio la oportunidad a una empresa, tendrá que definir quién dentro de su ministerio o gabinete se reunirá conmigo.

¿Cuál es el alcance de la ley sobre los funcionarios públicos? ¿Los alcaldes, por ejemplo, están sometidos?

Sí. La ley se implementará en tres etapas. La primera entró en vigencia el 28 de noviembre con los ministerios, el Congreso, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, etc. Luego, el 28 de abril, nos vamos a los servicios, intendencias, seremis y organismos regionales. Y el 28 de agosto pasamos a los municipios.