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Año X, 21 de enero de 2018

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Diputadas presentan proyecto que penaliza la violencia gineco-obstétrica

Con el objetivo de consagrar de manera legal el concepto de “violencia gineco-obstétrica”, las diputadas (PPD) Loreto Carvajal y Marcela Hernando (PRSD) presentaron un proyecto de ley para perseguir conductas de funcionarios de centros médicos que eventualmente podrían agredir a las futuras madres que se encuentran ejerciendo sus labores de parto.

Sandra Trafilaf

  Miércoles 28 de enero 2015 20:50 hrs.
Violencia

Las diputadas de la Nueva Mayoría, Loreto Carvajal del PPD y Marcela Hernando del Partido Radical presentaron un proyecto de ley para sancionar la violencia de funcionarios de centros médicos contra mujeres embarazadas, y explicaron que la moción parlamentaria busca entregar derechos a las mujeres que en una situación de vulnerabilidad, como es el momento previo a traer un hijo o hija al mundo, y se ven expuestas a malos tratos verbales o supuesta atención negligente por parte de médicos, matronas o asistentes al parto.

El proyecto busca establecer disposiciones generales y conceptos como los derechos de la mujer embarazada, la asistencia al parto, concepto de violencia gineco-obstétrica, actos que constituyan esta forma de violencia, derechos de la mujer no embarazada y derechos del padre, entre otros.

También define sanciones a los funcionarios de la Salud, sean de recintos privados o públicos, a través del Código Penal y al Prestador de Salud que incumpliere total o parcialmente con lo dispuesto en la presente ley, los que podrían ser castigados por la autoridad sanitaria competente con multas de 10 a 50 UTM.

La diputada PPD, Loreto Carvajal, sostuvo que en el marco de la creación de un ministerio de la Mujer, se puedan consagrar derechos básicos: “Queremos establecer en nuestra legislación primero la institucionalidad, y más que eso el concepto de violencia gineco- obstétrica. Nos parece relevante hoy día cuando en el Congreso estamos discutiendo el ministerio de la Mujer, que establezcamos también como país la dignidad de las mujeres, y por supuesto establecer un decálogo de derechos básicos. Hoy la dignidad de la mujer debe también traducirse en hechos concretos. Lo que nosotros buscamos efectivamente es que se sancione a través del Código Penal las conductas que obstaculicen los derechos de las mujeres”.

La diputada radical, en tanto, explicó que la moción parlamentaria busca establecer, garantizar y promover los derechos de las mujeres al momento de ser sometidas a cualquier procedimiento ginecológico.

“Aquella mujer que no es consultada en un hospital público y que se le realiza una cesárea inconsulta cuando no es justificada desde el punto de vista de la salud, o cuando se viola y se discrimina sus posibilidades de tener apego con su bebé y se le retira de su lado las primeras horas, o cuando un funcionario de la salud, cualquier calidad que este tenga, trata o maltrata a una joven extranjera en el momento en que está por tener un bebé, la idea es que todas estas cosas sean penalizadas como un delito”.

En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román señaló que las parlamentarias antes de criminalizar las conductas de los funcionarios, deberían considerar las falencias que existen en los recintos de salud pública.

“Comparto que hay violencia obstétrica, es indudable que la hay, pero resulta que antes de presentar ese proyecto las diputadas deberían ver cuántas matronas faltan en este país, cuántos médicos faltan en este país, cómo gestionan los directores de hospital, que hay hospitales que tienen de todo para sus pacientes y otros que no tienen nada. Muchas veces, en la gran mayoría de los casos, las pacientes deberían demandar porque no le hacen la cesárea cuando corresponde, no hay ninguna opción, ellas piden y claman por una cesárea y nadie les dice que bueno porque hay una presión enorme para disminuir las cesáreas”.

La presidenta del Colegio de Matronas explicó que quienes son las principales afectadas son las mujeres de menores ingresos, porque las personas que tienen recursos ya tienen agendadas sus respectivas cesáreas y su parto tiene un tratamiento diferente.

A juicio de la dirigente las diputadas deberían dar cuenta de cuántos son los recursos que pone el Estado para evitar la violencia obstétrica, y concluyó que quien debiera ser enjuiciado es el Estado por no haber hecho un estudio serio de la humanización del parto y del nacimiento.

Las diputadas de la Nueva Mayoría, Loreto Carvajal del PPD y Marcela Hernando del Partido Radical presentaron un proyecto de ley para sancionar la violencia de funcionarios de centros médicos contra mujeres embarazadas, y explicaron que la moción parlamentaria busca entregar derechos a las mujeres que en una situación de vulnerabilidad, como es el momento previo a traer un hijo o hija al mundo, y se ven expuestas a malos tratos verbales o supuesta atención negligente por parte de médicos, matronas o asistentes al parto.

El proyecto busca establecer disposiciones generales y conceptos como los derechos de la mujer embarazada, la asistencia al parto, concepto de violencia gineco-obstétrica, actos que constituyan esta forma de violencia, derechos de la mujer no embarazada y derechos del padre, entre otros.

También define sanciones a los funcionarios de la Salud, sean de recintos privados o públicos, a través del Código Penal y al Prestador de Salud que incumpliere total o parcialmente con lo dispuesto en la presente ley, los que podrían ser castigados por la autoridad sanitaria competente con multas de 10 a 50 UTM.

La diputada PPD, Loreto Carvajal, sostuvo que en el marco de la creación de un ministerio de la Mujer, se puedan consagrar derechos básicos: “Queremos establecer en nuestra legislación primero la institucionalidad, y más que eso el concepto de violencia gineco- obstétrica. Nos parece relevante hoy día cuando en el Congreso estamos discutiendo el ministerio de la Mujer, que establezcamos también como país la dignidad de las mujeres, y por supuesto establecer un decálogo de derechos básicos. Hoy la dignidad de la mujer debe también traducirse en hechos concretos. Lo que nosotros buscamos efectivamente es que se sancione a través del Código Penal las conductas que obstaculicen los derechos de las mujeres”.

La diputada radical, en tanto, explicó que la moción parlamentaria busca establecer, garantizar y promover los derechos de las mujeres al momento de ser sometidas a cualquier procedimiento ginecológico.

“Aquella mujer que no es consultada en un hospital público y que se le realiza una cesárea inconsulta cuando no es justificada desde el punto de vista de la salud, o cuando se viola y se discrimina sus posibilidades de tener apego con su bebé y se le retira de su lado las primeras horas, o cuando un funcionario de la salud, cualquier calidad que este tenga, trata o maltrata a una joven extranjera en el momento en que está por tener un bebé, la idea es que todas estas cosas sean penalizadas como un delito”.

En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román señaló que las parlamentarias antes de criminalizar las conductas de los funcionarios, deberían considerar las falencias que existen en los recintos de salud pública.

“Comparto que hay violencia obstétrica, es indudable que la hay, pero resulta que antes de presentar ese proyecto las diputadas deberían ver cuántas matronas faltan en este país, cuántos médicos faltan en este país, cómo gestionan los directores de hospital, que hay hospitales que tienen de todo para sus pacientes y otros que no tienen nada. Muchas veces, en la gran mayoría de los casos, las pacientes deberían demandar porque no le hacen la cesárea cuando corresponde, no hay ninguna opción, ellas piden y claman por una cesárea y nadie les dice que bueno porque hay una presión enorme para disminuir las cesáreas”.

La presidenta del Colegio de Matronas explicó que quienes son las principales afectadas son las mujeres de menores ingresos, porque las personas que tienen recursos ya tienen agendadas sus respectivas cesáreas y su parto tiene un tratamiento diferente.

A juicio de la dirigente las diputadas deberían dar cuenta de cuántos son los recursos que pone el Estado para evitar la violencia obstétrica, y concluyó que quien debiera ser enjuiciado es el Estado por no haber hecho un estudio serio de la humanización del parto y del nacimiento.