En septiembre pasado Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y quien ejerce las funciones de director del Área Sociocultural de la Presidencia en esta administración, declaró al diario El Mercurio que “Chile no debería obligar a una Primera Dama o a un ‘Primer Marido’ a tomar un cargo. Si una Primera Dama es muy destacada en su área, no tiene por qué dejar su trabajo para hacerse cargo de fundaciones que de repente podrían no interesarle”.

Y precisamente, luego de que se destapara el caso llamado “nueragate”, en el cual se publicó la petición de un crédito de 6.500 millones de pesos por parte de la empresa Caval de la que Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, es dueña en un 50 por ciento, se ha generado el debate sobre la conveniencia de que el cargo de Primera Dama siga teniendo las atribuciones que actualmente posee, vale decir que tenga a su haber la Dirección Sociocultural de la Presidencia, lo que implica encabezar 7 fundaciones: Prodemu, Integra, Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos, Todo Chilenter y Fundación de la Familia.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, uno de los problemas primordiales es que las fundaciones que preside la Primera Dama presentan una anomalía de origen, ya que fueron establecidas como organizaciones de derecho privado, pero con financiamiento público y sus directorios están formados por funcionarios públicos, por lo que Precht sostiene que lo ideal es que estas fundaciones sean transformadas en servicios públicos integrales.

“Es una figura absolutamente anómala, porque en Chile los servicios públicos deben crearse por ley, y así está en nuestra normativa. Y durante mucho tiempo se han creado estas fundaciones que se crean en una notaría, en las cuales después se hace una sesión de directorio, y se le da este cargo de presidente de directorio a quien ocupa el rol de Primera Dama. Pero son fundaciones que tienen financiamiento público, funciones públicas, sus directores casi todos vienen del sector público o son funcionarios públicos, y la preside además la esposa o cónyuge o el hijo del Presidente de la República. Eso es lo que nosotros decimos: de esa función debemos alejar, e ir regularizando las fundaciones, pero por otro lado alejar a la Primera Dama o quien ocupe este cargo de esta función que es una función casi de director de servicio público”

Para María Jaraquemada de Ciudadano Inteligente, otro de los problemas que se podrían suscitar con la desregulación bajo la cual funciona este cargo, tiene que ver con las responsabilidades eventuales que un trabajador del Estado debe asumir cuando se prueban delitos relacionados con sus funciones, pero que en el caso de la Primera Dama puede eximirse de culpa ya que no es un funcionario público desde el punto de vista legal.

“Entonces nos vemos frente a problemas como, por ejemplo, si es que hubiera tráfico de influencias en lo que está ocurriendo hoy, que no estoy diciendo que lo haya porque no ha habido una investigación, pero si lo hubiera es un delito que podría llegar a no configurarse de parte de Sebastián Dávalos, porque él no es funcionario público. O si hubiera malversación de caudales públicos, por ejemplo. Y yo creo que también es importante saber los intereses y patrimonio que tiene la persona que ocupa el cargo, por si hubiera un conflicto de interés con las mismas fundaciones que presiden. Yo creo que eso es un avance, ante lo que tenemos hoy que es una desregulación del tema”.

Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, pone el acento en el carácter machista que esta institución tiene, ya que en el caso del rol de Primera Dama, éste implica que es la mujer quien debe acompañar al Presidente detrás del escenario del poder, y deben mostrarse como una familia ejemplar para el resto de los ciudadanos, presentando una especie de estereotipo de mujer que no responde a la figura femenina del siglo XXI.

“Tenemos un cargo que, más que nada es un adorno que se pone como para hacer una especie de asistencialismo, que se le ponía a las esposas de los presidentes para que ellas pudieran trabajar. La mayoría hizo sus organizaciones sociales, pero que tenían que ver con algún tipo de ayuda más bien asistencialista. Si es bajo esas funciones, la verdad es que yo creo que el cargo no tiene ningún sentido. Su finalidad última es que aparezca una mujer haciendo cosas buenas para la gente. Y la verdad es que las mujeres si queremos podemos hacer cosas buenas, y si queremos podemos estar en los ámbitos que nosotras queramos, desde la posición que queramos”.

Finalmente, María Jaraquemada sostiene que es posible aplicar una solución intermedia que permita que un familiar cercano al presidente o presidenta pueda ejercer este cargo, sin embargo es necesario que se sometan a las medidas pro transparencia como el declarar su patrimonio e intereses, y que se rijan a las normativas relativas al servicio público, como cualquier otro funcionario del Estado.

“Se puede buscar una fórmula intermedia, por así decirlo, que sea un excepción, que en ese cargo se permita que sea un pariente del Presidente, porque en general en los cargos públicos, por ejemplo la hija del Presidente Piñera, que ella cumplía funciones en el gabinete, ella tampoco estaba contratada porque no se puede. En la Administración Pública tú no puedes contratar a parientes cercanos tuyos, entonces podríamos hacer esa excepción, pero que esté sujeto a una regulación, y no como hoy en día que es un cargo que no existe en la ley, pero sí existe en la práctica”.