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Política y doble moral para proteger la corrupción


Martes 10 de febrero 2015 8:48 hrs.


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Nuestra sociedad, desde hace bastante tiempo, se ha sumergido en una situación en la cual los antivalores han invadido la política, la economía, la iglesia, la economía, las FFAA y las relaciones sociales. Los últimos hechos incluyendo la Polar, los casos de abuso sexual de niños por parte de religiosos, el robo de los sueños de miles de estudiantes por universidades que entienden la educación como un bien de consumo, el reciente caso PENTA.

Son casos demostrativos de corrupción que en los últimos años se fueron dando, pero que no eran tratados como tales, blindados por la doble moral que los justificaba o relativizaba como no queriendo aceptar una realidad, en la que la pérdida de valores y las conductas contrarias a la ética ganaban terreno. Hoy se puede demostrar que la corrupción ha ido progresivamente en aumento, así como las conductas antiéticas, desde los tiempos de la dictadura cívico militar hasta los gobiernos democráticos en los últimos años.

Las prácticas corruptas hace rato que están presentes en la administración del Estado y en la empresa privada, el desvío de fondos de las arcas públicas, favoreciendo intereses individuales, de grupos o de partidos políticos, la aceptación de sobornos para defender intereses privados en el congreso. Se suma a esto algo que ya se ha asumido como “normal” en el Estado, el cuoteo y el reparto de cargos entre amigos y familiares, o la compra de votos en las elecciones, comportamientos que claramente contribuyen a la fragmentación y al desequilibrio de la cooperación social.

Prácticas que al final de los años 89-90 legalizaron la apropiación de empresas y bienes fiscales por un grupo de amigos y parientes del dictador, este es el origen de PENTA, al final de la dictadura. Durante el gobierno de Patricio Aylwin se decidió no hacer nada al respecto, con el argumento de que al igual que en los DDHH se debía hacer justicia en la medida de lo posible, para no arriesgar “la transición”, liberando de responsabilidades a los empresarios pinochetistas inescrupulosos que se enriquecieron entre gallos y media noche.
Todo este ambiente, prácticamente legalizado por la doble moral, hace que Individuos, todos prominentes políticos, que se declaran defensores del bien común y de las clases medias, actúen como lo hicieron en el caso PENTA. Sintiéndose impunes y capaces de llevar a cabo acciones para estafar al Estado, sin importar la legalidad y las consecuencias de dicha acción con tal de conseguir sus propósitos.

Pónganle el nombre que quieran, “error o boletas ideológicamente falsas”, pero lo sucedido es corrupción, una estafa al Estado, realizada por políticos impulsados por la ambición del poder y la avaricia. Ellos son culpables de delitos tributarios, lavado de activos y cohecho, cometieron uno de los fraudes más escandalosos cometidos contra el fisco para obtener recursos y financiar a la UDI y a sus candidatos y a otros, entre los cuales se encuentran algunos supuestamente independientes.

Personajes que de manera grosera “normalizan” su accionar delincuencial a través del control de los medios de comunicación y por el ejercicio del poder, con lo que terminan minando la base moral de la nación.

En teoría política se enseña que los sistemas políticos que están dirigidos por una elite económica, y que tienen por principio en su forma de gobierno, el interés desmedido por las riquezas se denominan oligarquías. Es el modelo neoliberal que fue diseñado en dictadura y que hoy heredamos, en el cual se fomenta la riqueza para una minoría o elite a costa del incremento de la pobreza en el resto de la población.

Pero somos un país en el cual “todo se olvida con el tiempo,” en el que por conveniencia superior y “por el interés nacional” las cosas no se hablan claras y en el cual, para una parte de la elite política, la dictadura aun no es dictadura. La oligarquía económica y la oligarquía política concertacionista, comparten el argumento “del aporte de la dictadura” en sentar las bases de un modelo económico que según ellos, “nos hace” sentir orgullosos ante el mundo y que le dio hasta hoy estabilidad al país.

Con el control absoluto de los medios de comunicación le han vendido ese cuento a generaciones de compatriotas, sumándole que además somos un país ejemplo de convivencia nacional, que hoy exporta su modelo de transición a la democracia. Un modelo económico que es generador de desigualdades y que tiene hoy a la mayoría de nuestro pueblo sumido en la desesperanza, o peor aun, que se sostiene sobre la base de una Constitución diseñada y aprobada por la dictadura cívico militar, instrumento que validó y justificó las violaciones a los DDHH.

Toda esta patraña comunicacional juega un papel sin duda determinante en hacer olvidar o tergiversar la historia, ocultando el hecho de que producto de las negociaciones que originaron la transición a la democracia, entre la dictadura y la naciente Concertación, hasta bien entrados los años 90 en el Congreso Nacional juraban como senadores designados, civiles y ex Comandantes en jefe del Ejército, directamente vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Chile, hasta el propio dictador ocupó ese cargo. O que Pinochet no pudo ser condenado en Inglaterra donde estaba recluido bajo cargos de crímenes de lesa humanidad, porque fue respaldado por el gobierno de Frei, bajo el argumento de que este debía ser jugado en Chile, lo que nunca sucedió.

Negociaciones que con el ejercicio de la doble moral, relegaron la aplicación de la justicia a culpables de crímenes de lesa humanidad, elevando a la categoría de ganadores a la minoría que el propio pueblo había derrotado en las urnas en el plebiscito de 1988. Todo esto ha contribuido a que la corrupción se posesione hoy con un alto costo en nuestra sociedad, que la falta de ética en el sector público ya no sea un hecho aislado, sino que se manifiesta mediante actos concretos, con repercusiones evidentes que devalúan al Estado, al gobierno a la política y a la administración publica.

Es un tema a reflexionar, pero no para ocultar las cosas, se requieren medidas concretas y claras para poner freno a la corrupción, el ejercicio de la política ha perdido credibilidad y por este camino se va directo a una crisis de legitimidad del sistema político, perturbando con ello el funcionamiento de las instituciones democráticas. Un ambiente enrarecido que se carga mas aun con las ultimas noticias, las que vinculan al hijo de la presidenta Bachelet con la cúpula del Banco de Chile y al tráfico de influencias para obtener beneficios personales y bien lucrativos, lo que tendrá que aclararse.

Para limpiar la política de todo esto hace falta una actitud publica distinta y asumir una actitud de compromiso con la verdad, sin dobleces ni doble moral, con un estilo que no caiga en la búsqueda premeditada de acuerdos políticos cupulares que, como hasta ahora sucedió, mediatizan los hechos y aprisionan la verdad. Un esfuerzo que incluye terminar con la larga espera de la justicia en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, terminando con la impunidad que no solo se manifiesta en la denegación de justicia, sino que en lo que significa para los afectados el enfrentar procesos de investigación largos e infructuosos, y en la falta de condenas reales para los autores de estos crímenes contra la humanidad.

Durante los últimos años en Chile se construyó una sociedad homogénea, en la cual por ley y en la propia Constitución se proscribieron las ideas que sus ideólogos estimaron dañinas para la sociedad, una tarea a la que se sumaron fácilmente quienes con un pensamiento ya sea escolástico o pragmático, han pretendido convertir las ideas de los clásicos de la filosofía en un “catecismo” para practicar las más diversas formas de oportunismo.

De esa manera la ignominia y la ignorancia que con represión y terror intentaron hacer desaparecer los pensamientos de los creadores de la filosofía de la praxis, construyeron dogmas que cerraron el paso a la verdad a la ciencia y al crecimiento de una ética universal. Eso es lo que hoy esta en crisis y fomenta la corrupción, vulgarizando y reduciendo el objetivo de la vida a la acumulación de bienes materiales por medio de la avaricia y poder individual en desmedro del colectivo social.

El intento que hizo la dictadura cívico militar y luego la alianza entre la oligarquía económica, la derecha y la oligarquía concertacionista, fue construir un dogma expresado hoy en el modelo neoliberal que les une. Impidieron el conocimiento de lo nuevo interrumpiendo el sabio espiral que obliga permanentemente y por razones de su propia naturaleza a analizar comportamientos nuevos y presentes en la vida real.

Quienes no concordamos con esta aberración social, política y económica solo nos queda insistir en la necesidad de interrelacionar la teoría con la práctica y entender el juego de sus relaciones. Ya quedó demostrado que no es correcto elevar tal decisión específica en una coyuntura histórica o política válida para ella, a la categoría de estrategia a largo alcance.

Tenemos que recordar lo que aprendimos, que el pensamiento abstracto y filosófico sólo tiene valor en sus vínculos con la práctica, y con el movimiento real de los sucesos históricos presentes de manera contradictoria en la vida. Contrario a lo que nos han impuesto como modelo de vida debemos analizar los acontecimientos objetivos más importantes, los cuales nos permitan descubrir las tendencias y líneas principales del desarrollo del modelo neoliberal en nuestro país y su proceso de decadencia, lo que hoy se manifiesta en la corrupción y la doble moral que prende proteger a sus actores y hacerlos pasar al olvido sin culpas ni castigo.

Enrique Villanueva M

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