“El proyecto cumple con la normativa vigente de carácter ambiental aplicable. Lo anterior sobre la base a lo informado por los organismos del Estado con competencia ambiental que participaron en él”, indica el informe que recomienda aprobar el proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, expansión de la planta Bocamina II, que será votado el próximo lunes 16 de marzo por la Intendencia de la Región del Biobío.
El proyecto de Endesa considera una inversión de 184 millones de dólares y según el informe, no generaría riesgo para la salud de la población por la cantidad y calidad de afluentes, ni tampoco afectaría los recursos naturales. Sin embargo, la aprobación está sujeta a una serie de compromisos entre los que destacan la instalación de filtros de tecnología avanzada, techar las canchas de carbón y otras medidas de manejo ambiental.
Ante esto Luis Villablanca, presidente del Sindicato Independiente de la Pesca Artesanal (Sipamar, Coronel), afirmó que la empresa no ha cumplido con el acuerdo fijado en Tribunales. Además, manifestó su molestia ante la falta de control de las emanaciones contaminantes.
“Para que se den estas condiciones todavía queda mucho tiempo, porque, de todas las cosas que están en el convenio que se firmó con los pobladores y los pescadores artesanales, nada de eso se ha cumplido. Se han visto avances pero queda mucho por hacer”. Para los trabajadores pesqueros lo más preocupante es que la autoridad se comprometió, en agosto del año pasado, a tomar muestras de sangre por el plomo que se está absorbiendo en la comuna de Coronel, pero nada de eso se ha hecho, argumentando falta de presupuesto.
Estos acuerdos emanan después de una resolución de la Corte Suprema que mantuvo paralizada la planta. En este sentido, el dirigente afirmó que no hay que olvidar que “Bocamina al inicio hizo todo mal, presentó un proyecto y construyó otro, e incurrió en faltas que fueron sancionadas en agosto pasado por la Superintendencia del Medioambiente por cuatro mil 700 millones de pesos”.
Entre estos incumplimientos destaca desarrollar actividades para las que se exigía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sin contar con ella.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Océna, Álex Muñoz, sostuvo que esta zona ha sido incluida dentro de las llamadas “zonas de sacrificio”, donde no se pueden aprobar nuevas fuentes contaminantes. Además, mostró desconfianza sobre la emisión del documento a pocos días de su eventual votación e indicó que es parte de una visión político-económica.
“Todo hace parecer que es el gobierno el que está detrás de la aprobación de proyectos energéticos, portuarios y mineros, que son muy deficientes en lo ambiental, pero que las autoridades requieren para mostrar cifras de crecimiento mayores a las que vimos el año pasado”. En el caso de la región del Biobío, según explicó Muñoz, existirían contradicciones entre lo que dicen los organismos técnicos y las decisiones finales de los servicios de evaluación ambiental.
El ambientalista sostuvo que estas centrales a carbón son altamente perjudiciales, no son necesarias y su instalación sólo responde a los intereses particulares de grupos como Endesa y Colbún. De hecho, Endesa ha afirmado que de cerrar Bocamina II perdería entre 600 mil y un millón de dólares diarios.
En ese sentido, reiteró que Chile cuenta con recursos para producir energía limpia e hizo un llamado a las autoridades a repensar la estrategia político- energética a nivel nacional.
Tanto la empresa como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental afirmaron que no pueden referirse al tema hasta que no sea votado el próximo lunes 16.
“El proyecto cumple con la normativa vigente de carácter ambiental aplicable. Lo anterior sobre la base a lo informado por los organismos del Estado con competencia ambiental que participaron en él”, indica el informe que recomienda aprobar el proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, expansión de la planta Bocamina II, que será votado el próximo lunes 16 de marzo por la Intendencia de la Región del Biobío.
El proyecto de Endesa considera una inversión de 184 millones de dólares y según el informe, no generaría riesgo para la salud de la población por la cantidad y calidad de afluentes, ni tampoco afectaría los recursos naturales. Sin embargo, la aprobación está sujeta a una serie de compromisos entre los que destacan la instalación de filtros de tecnología avanzada, techar las canchas de carbón y otras medidas de manejo ambiental.
Ante esto Luis Villablanca, presidente del Sindicato Independiente de la Pesca Artesanal (Sipamar, Coronel), afirmó que la empresa no ha cumplido con el acuerdo fijado en Tribunales. Además, manifestó su molestia ante la falta de control de las emanaciones contaminantes.
“Para que se den estas condiciones todavía queda mucho tiempo, porque, de todas las cosas que están en el convenio que se firmó con los pobladores y los pescadores artesanales, nada de eso se ha cumplido. Se han visto avances pero queda mucho por hacer”. Para los trabajadores pesqueros lo más preocupante es que la autoridad se comprometió, en agosto del año pasado, a tomar muestras de sangre por el plomo que se está absorbiendo en la comuna de Coronel, pero nada de eso se ha hecho, argumentando falta de presupuesto.
Estos acuerdos emanan después de una resolución de la Corte Suprema que mantuvo paralizada la planta. En este sentido, el dirigente afirmó que no hay que olvidar que “Bocamina al inicio hizo todo mal, presentó un proyecto y construyó otro, e incurrió en faltas que fueron sancionadas en agosto pasado por la Superintendencia del Medioambiente por cuatro mil 700 millones de pesos”.
Entre estos incumplimientos destaca desarrollar actividades para las que se exigía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sin contar con ella.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Océna, Álex Muñoz, sostuvo que esta zona ha sido incluida dentro de las llamadas “zonas de sacrificio”, donde no se pueden aprobar nuevas fuentes contaminantes. Además, mostró desconfianza sobre la emisión del documento a pocos días de su eventual votación e indicó que es parte de una visión político-económica.
“Todo hace parecer que es el gobierno el que está detrás de la aprobación de proyectos energéticos, portuarios y mineros, que son muy deficientes en lo ambiental, pero que las autoridades requieren para mostrar cifras de crecimiento mayores a las que vimos el año pasado”. En el caso de la región del Biobío, según explicó Muñoz, existirían contradicciones entre lo que dicen los organismos técnicos y las decisiones finales de los servicios de evaluación ambiental.
El ambientalista sostuvo que estas centrales a carbón son altamente perjudiciales, no son necesarias y su instalación sólo responde a los intereses particulares de grupos como Endesa y Colbún. De hecho, Endesa ha afirmado que de cerrar Bocamina II perdería entre 600 mil y un millón de dólares diarios.
En ese sentido, reiteró que Chile cuenta con recursos para producir energía limpia e hizo un llamado a las autoridades a repensar la estrategia político- energética a nivel nacional.
Tanto la empresa como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental afirmaron que no pueden referirse al tema hasta que no sea votado el próximo lunes 16.
“El proyecto cumple con la normativa vigente de carácter ambiental aplicable. Lo anterior sobre la base a lo informado por los organismos del Estado con competencia ambiental que participaron en él”, indica el informe que recomienda aprobar el proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, expansión de la planta Bocamina II, que será votado el próximo lunes 16 de marzo por la Intendencia de la Región del Biobío.
El proyecto de Endesa considera una inversión de 184 millones de dólares y según el informe, no generaría riesgo para la salud de la población por la cantidad y calidad de afluentes, ni tampoco afectaría los recursos naturales. Sin embargo, la aprobación está sujeta a una serie de compromisos entre los que destacan la instalación de filtros de tecnología avanzada, techar las canchas de carbón y otras medidas de manejo ambiental.
Ante esto Luis Villablanca, presidente del Sindicato Independiente de la Pesca Artesanal (Sipamar, Coronel), afirmó que la empresa no ha cumplido con el acuerdo fijado en Tribunales. Además, manifestó su molestia ante la falta de control de las emanaciones contaminantes.
“Para que se den estas condiciones todavía queda mucho tiempo, porque, de todas las cosas que están en el convenio que se firmó con los pobladores y los pescadores artesanales, nada de eso se ha cumplido. Se han visto avances pero queda mucho por hacer”. Para los trabajadores pesqueros lo más preocupante es que la autoridad se comprometió, en agosto del año pasado, a tomar muestras de sangre por el plomo que se está absorbiendo en la comuna de Coronel, pero nada de eso se ha hecho, argumentando falta de presupuesto.
Estos acuerdos emanan después de una resolución de la Corte Suprema que mantuvo paralizada la planta. En este sentido, el dirigente afirmó que no hay que olvidar que “Bocamina al inicio hizo todo mal, presentó un proyecto y construyó otro, e incurrió en faltas que fueron sancionadas en agosto pasado por la Superintendencia del Medioambiente por cuatro mil 700 millones de pesos”.
Entre estos incumplimientos destaca desarrollar actividades para las que se exigía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sin contar con ella.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Océna, Álex Muñoz, sostuvo que esta zona ha sido incluida dentro de las llamadas “zonas de sacrificio”, donde no se pueden aprobar nuevas fuentes contaminantes. Además, mostró desconfianza sobre la emisión del documento a pocos días de su eventual votación e indicó que es parte de una visión político-económica.
“Todo hace parecer que es el gobierno el que está detrás de la aprobación de proyectos energéticos, portuarios y mineros, que son muy deficientes en lo ambiental, pero que las autoridades requieren para mostrar cifras de crecimiento mayores a las que vimos el año pasado”. En el caso de la región del Biobío, según explicó Muñoz, existirían contradicciones entre lo que dicen los organismos técnicos y las decisiones finales de los servicios de evaluación ambiental.
El ambientalista sostuvo que estas centrales a carbón son altamente perjudiciales, no son necesarias y su instalación sólo responde a los intereses particulares de grupos como Endesa y Colbún. De hecho, Endesa ha afirmado que de cerrar Bocamina II perdería entre 600 mil y un millón de dólares diarios.
En ese sentido, reiteró que Chile cuenta con recursos para producir energía limpia e hizo un llamado a las autoridades a repensar la estrategia político- energética a nivel nacional.
Tanto la empresa como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental afirmaron que no pueden referirse al tema hasta que no sea votado el próximo lunes 16.
