Este jueves la Corte Suprema fue el lugar donde las defensas del “cartel de los pollos” y la Fiscalía se jugaron las últimas cartas para revertir la sentencia que dictó el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que condenó a Don Pollo, Agropsuper y Ariztía a pagar en conjunto una multa de 60 millones de dólares, la más alta en la historia contra los delitos de colusión.

Sin embargo, existen otros elementos en la actual legislación que la Fiscalía de Delitos Económicos no consideró, según indicó Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

“Bueno, podría haber aplicado la disolución de la sociedades y eso está establecido dentro de nuestra normativa. En consecuencia creo que la están sacando barata porque claramente, por la gravedad del hecho, por los años en que estuvieron coludidos, por la forma que lo hicieron, porque no hay que dejar de lado que estuvieron agrupados durante años y coordinados por la asociación gremial”.

Hernán Calderón, explicó que si aplicáramos el proyecto de ley que modifica el decreto de ley 211, las multas que correspondería pagar a las empresas coludidas serían el triple.

“Las utilidades obtenidas fueron inmensamente superiores a las multas. Las multas son mínimas en consideración al daño que causaron, al sobreprecio que ellos obtuvieron y la gravedad del hecho que consumaron. En consecuencia nosotros pensamos de que estas multas son las máximas que puede aplicar nuestra legislación de libre competencia, y por eso también estamos promoviendo de que estas multen a tres veces el daño causado”.

Por su parte, la defensa de la empresa Don Pollo solicitó una baja en su multa, debido a que no puede pagar los 10 millones de dólares que le corresponden, porque sus ganancias solo llegan al 1 por ciento de esa cifra.

Agrosuper acusó vicios en la investigación realizada por la Fiscalía. En tanto que Ariztía negó que haya participado en una colusión, y agregó que de concretarse la multa, generaría para la compañía inestabilidad financiera.

Es así que la Fiscalía, por intermedio del abogado Felipe Irarrázaval, consideró como irrisorio el argumento de la defensa debido a la existencia de 280 mil correos electrónicos que comprobarían 17 años de colusión.

Por esta razón, el fiscal solicitó que se cumpla con la sentencia del TDLC.

“Lo que la Fiscalía pide es que se confirme la sentencia 139 del TDLC, pero que además de eso se establezca o se suba la multa a Don Pollo, porque los otros ya tienen la multa máxima, Ariztía y Agrosuper, y se imponga adicionalmente a la disolución de la APA una multa de 20 mil UTA. Así que eso es lo que está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica y esperamos que sea lo que conceda la corte suprema”

Finalmente, la Corte Suprema dio por terminado los alegatos y se tomará un plazo de cuatro a seis meses para entregar su resolución frente al caso.