Chile parece haber perdido su centro. Junto al desequilibrio político, la naturaleza se muestra interesada en ponernos en nuestro lugar, agregando penuria a un desacertado transitar. Y esta semana que pasó, que es de recogimiento y júbilo para los católicos, puede haber servido para hacer balances.

Pero ni siquiera en la entraña religiosa el examen es positivo. El cardenal Ricardo Ezzati sigue dando muestras de actitudes autoritarias, tan lejanas a las palabras del que debería ser su máximo referente. El Papa Francisco, en el Sínodo sobre la Familia, predicó acerca de la necesidad de “hablar con libertad y escuchar con humildad”. En una de sus últimas actuaciones, Ezzati resolvió, como Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica, aplicar su poder sobre el sacerdote Jorge Costadoat. Lo expulsó de la Facultad de Teología. Nada importó que fuera un académico con más de 20 años cumpliendo tal misión. La explicación: Costadoat no entregaba integralmente el programa del curso que impartía. Tal justificación no es avalada ni por el Consejo de la Facultad, ni por el Consejo de Calificación Académica.

La medida adoptada por el cardenal ha causado rechazo entre un grupo creciente de católicos. Malestar que se suma al provocado por la designación de Juan Barros, como Obispo de Osorno. En el caso de Costadoat, ya circula una carta firmada por 1023 personas, entre las que hay académicos, profesionales, obreros, intelectuales, dueñas de casa, religiosos y religiosas. Además de lo arbitrario, a Ezzati, se le cuestiona su contradictoria postura frente a la educación. Sólo el año pasado, ante al anuncio de la presentación de la Reforma Educacional, asumió una fuerte defensa de la libertad de enseñanza. Cuestión que sin libertad de cátedra resulta una falacia sólo destinada a proteger el negocio de la educación privada. La verdad no dicha por Ezzati es que la expulsión de Costadoat obedece a su forma no ortodoxa de mirar la Teología, como una ciencia que debe dar respuestas racionales en sus análisis.

La semana non sancta que comento incluyó otros aditamentos que socaban la democracia chilena. El General Director de Carabineros, general Gustavo González Jure, protestó por el contenido del Informe de Derechos Humanos para Estudiantes, realizado por el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH). A González Jure no le gustó que allí se afirmara que: “Las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos”.

A la polémica se sumó el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Apoyó la postura del general González Jure. Aseguró que el Informe del INDH cae en “una generalización que no puedo compartir”. Aleuy parece haber olvidado que Carabineros depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Que las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile deben obediencia al poder civil. Por tanto, cualquier discrepancia con otro organismo estatal, por más autónomo que sea -esa categoría tiene el INDH-, debe ser encauzada a través de su Ministerio.

Las palabras del subsecretario Aleuy no ayudan a aquietar las caóticas aguas políticas. Claramente esa no era su intención. Es posible que ellas apunten a ganar puntos en la pugna que mantiene su Partido, el Socialista, con el PPD de su superior jerárquico, el ministro Rodrigo Peñailillo. Y, de paso, restar protagonismo a éste en su propio beneficio. Definitivamente, los integrantes de la colación de Gobierno parecen preocupados solo de asegurar sus propias trincheras. Hasta el presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco, se ha permitido exigirle a Michelle Bachelet un mayor liderazgo. Tal petición puede ser justa, pero para hacerla hay que realizar aportes contundentes. Que se sepa, el PR ni siquiera ha mostrado liderazgo en temas que históricamente le han sido caros a su ideario, como la educación.

Finalmente, la semana pasada tampoco sirvió para dilucidar un tema que es llamativo, además de pernicioso. ¿Por qué los padres tienen que cargar con el proceder de hijos adultos? Con seguridad la presidenta Bachelet debió ser más categórica en el caso Caval. Por no haberlo sido, hoy paga responsabilidades que no son suyas. Ahora, el senador Jorge Pizarro, presidente electo de la Democracia Cristiana (DC), salió en defensa de sus hijos Sebastián -patético alcance de nombre- y Jorge. Ambos poseen una empresa, Ventus Consulting, que asumió un contrato de asesoría comunicacional, por $45 millones, con Soquimich (SQM). Entrevistado Pizarro, dijo que le duele que sus hijos se vean expuestos en un caso político y de gran impacto comunicacional. Hasta ahí, comprensible. Pero, luego, agregó que todo estaba en regla, contrato de por medio, que nada era ilegal. ¿Pero por qué no dejar que primero hablen los implicados? A no ser que el dinero haya ido a financiar parte de su campaña senatorial, cuestión que él niega.