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Desastre ecológico del Río Cruces:

Vocera del Movimiento Acción por los Cisnes: “No podemos decir que esto nunca más va a ocurrir en el país”

Diana Porras |Domingo 19 de abril 2015 11:54 hrs.

Río Cruces

A 10 años de este ecocidio, el Movimiento Acción por los Cisnes está alerta ante los pasos de CELCO, la recuperación del humedal y el trabajo comunitario en la región.

La socióloga y Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Claudia Sepúlveda, forma parte del grupo fundador de esta organización que participó activamente de las protestas ciudadanas que advertían los riesgos de la Planta Celulosa de Valdivia por la descarga de sus Residuos Líquidos Industriales (Riles). Una experiencia que también compartió trabajando en el documental “Ciudad de Papel”.

El esperado informe de 2005 concluyó: “basados en muestreos realizados por la UACh y en los datos entregados por Celco en sus informes periódicos de monitoreos ambientales, se concluye que ha habido cambios significativos en la calidad del agua del río Cruces después del inicio de la operación”. La causa fundamental de la muerte de los cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza “Carlos Anwandter” fue la inanición debido a la desaparición de su principal alimento que es el Luchechillo (Egeria densa). El análisis toxicológico del equipo de la Universidad Austral, liderado por el Dr. Eduardo Jaramillo, comprobó que la disminución de este alimento fue por altas concentraciones de metales pesados.

¿Hay un aprendizaje del sistema en la búsqueda de prevenir o mitigar los impactos para evitar desastres como el del Río Cruces?

“En términos generales hubo un aprendizaje importante como país y sociedad. He sido testigo de un cambio sustantivo en la gente que trabaja en el ministerio de medioambiente comparando lo que era hace 10 años, teniendo en cuenta  los criterios y rigurosidad de los análisis. Todo esto quedó reflejado también en la reforma de las instituciones ambientales que se aprobó en el Congreso a finales de 2009 y que se empezó a implementar en 2010. Esto fue un efecto directo del desastre del Río Cruces porque entre todas sus consecuencias, una de ellas es que se hizo visible la crisis del sistema institucional ambiental. La  revisión profunda del tema finalizó en la reforma.

Ésta sumó herramientas como la paralización preventiva de las inversiones cuando hay situaciones de impactos no previstos, eso no existía cuando pasó lo de Valdivia. También sanciones más fuertes, sistemas de monitoreo y fiscalización más independientes de los tomadores de decisiones. Hoy tenemos una Superintendencia que establece planes de fiscalización independiente de la evaluación y esto ha ido mejorando. Pero la participación ciudadana es una deuda y mientras eso no sea en serio y profundo todos los avances quedan cojos porque se necesita mayor involucramiento de los afectados”.

CELCO paralizó por algunos meses en 2005 y luego retomó actividades descargando al mismo Río Cruces pero con reglas más estrictas. La Resolución 377/2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente estableció que el Titular CELCO debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  con una alternativa de descarga de los residuos industriales líquidos. Esto, se fue postergando y finalmente el Comité de Ministros dio el vamos a la opción de un nuevo ducto durante 2012. La Comisión Regional de uso de Borde Costero aseguró que este 2015 analizará la solicitud de concesión marítima realizada por Arauco que busca instalar ese ducto para evacuar los residuos de su planta en Mehuín.

En este contexto ¿es una lucha que se mantiene?

“Hay puntos pendientes bien importantes. Uno, es el tema de las descargas de residuos líquidos al mar a través de la bahía de Mehuín que es un conflicto que lleva por lo menos 20 años. Esta opción no es viable socialmente y políticamente porque ha sido muy torpe la manera en que se trató de imponer a las comunidades esta descarga sin disipar ni trabajar claramente las dudas legítimas ante los impactos que tendría. Más allá que exista una aprobación ambiental, falta una parte más política sobre una concesión dentro de un contexto donde hay otras demandas de uso que son de las propias  comunidades lafkenches, pescadores, etc. Tenemos un conflicto que ya no tiene que ver con si la Ley lo permite sino cual es la opción de desarrollo que se va a tomar en ese lugar. Creo que la balanza se inclina a no autorizar esta concesión,  todo apunta a eso y la empresa lo tiene claro”.

Hoy existe un debate sobre la relación de la política y el dinero. Se exige mayor transparencia sobre el alcance de ese vínculo. En el caso del Río Cruces, la ciudadanía llamó la atención sobre el actuar de un gran grupo económico en el país como es Angelini y los oídos sordos de las autoridades de la época. ¿La clase política ha sacado lecciones? 

“Una de las variables que atraviesa el caso, y probablemente en la mayoría de los conflictos ambientales, es la contaminación de la política y el dinero que viene de las empresas. Nosotros lo vimos de manera muy patente cuando era presidente, el empresario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que empujó a la aprobación de esta Planta. Esto, a pesar que los servicios públicos habían rechazado el proyecto porque era insuficiente y esto generó una situación muy compleja porque se vieron forzados a una aprobación sin las condiciones esperadas. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia.

Luego fue desconcertante que a pesar de la tremenda movilización ciudadana en Valdivia, nuestros parlamentarios nunca se la jugaron. Me caben dudas, no quiero dar nombres de ningún parlamentario, pero quizás muchos de ellos habían estado recibiendo dinero para sus campañas desde esta empresa. Por testimonios del caso Penta/Soquimich, tanto Copec como Celulosa Arauco, hicieron donaciones por distintas vías a campañas políticas. Es una posibilidad y explicaría algunas cosas. Por muchos años nos sentimos abandonados por la clase política y el Estado. Tratamos de buscar apoyo y no lo encontramos en ningún partido, no había resonancia y en parte porque estaba ese cruce.

El aprendizaje será lograr alcanzar mayor transparencia, pero lo que está pendiente es el espacio donde avancemos de verdad hacia que los actores y los ciudadanos participen en las decisiones. Todo apunta a un cambio generacional porque esta crisis permite reconocer que las personas actúan desde sus mundos y las prácticas que vienen con ellos. Hay que tener una nueva manera de entender la relación: estado/empresas/personas”.

¿Se puede repetir en Chile un caso como el desastre ecológico del Río Cruces?

Sí, lamentablemente no podemos decir que estamos en un nivel en que esto nunca más va a ocurrir. Esperamos que no ocurra pero todavía falta mucho. Hay empresas que han aprendido, pero Celco sacó lecciones aunque necesitan mejorar otras cosas pero los conflictos siguen ocurriendo en otros lugares. No todas las empresas tienen el mismo nivel de autocrítica o de revisión de sus procedimientos. Falta también el balance desde los servicios públicos porque, por ejemplo, en la región después de haber estado varios años sintiendo que habíamos logrado un avance en la relación con las autoridades ambientales sobre los espacios de trabajo conjunto, sentimos que ahora hay un retroceso.

A pesar, que la ciudadanía es muy consciente ambientalmente no vemos mucho eco en la región en general. Las cosas avanzan y retroceden, no son lineales. Siempre, lamentablemente, vamos a seguir enfrentando conflictos, controversias y casos complicados que nos van a  obligar a revisar y mejorar lo que tenemos”.

“Inédito reconocimiento”

En enero de 2014 se conoció el acuerdo compensatorio entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la empresa por 5.200 millones de pesos. ¿Fue suficiente?

“El fallo es valorable porque hay una reparación de derecho que es muy importante. Pero claramente no es suficiente porque el sentido de la demanda, que interpuso en 2005 el Consejo contra la empresa, era para reparar el daño causado. El fallo no ordenó medidas de reparación material sino que fueron de otro tipo como estudios, diagnósticos, un centro de investigación.  Esos elementos son relevantes para generar prácticas diferentes en torno al humedal pero no reparan el desastre. El ecosistema ha mostrado señales de recuperación, hay más cisnes que hace 4 años atrás, ha vuelto el luchecillo en algunos lugares, las aguas están un poco más limpias pero está lejos de tener las mismas condiciones de hace 10 años.

Hubo una falla de la ciencia también, claramente los científicos no cumplieron su rol. La jueza hizo un gran trabajo pero estaba muy sola porque no tenía grandes apoyos para saber cómo apuntar hacia las medidas de reparación. Fue inédito que la empresa reconociera el fallo en primera instancia. Y fue histórico que el CDE y los ciudadanos trabajáramos juntos para dar contenido al fallo y aprovechar la oportunidad. Ante otras medidas, se lograron cosas interesantes como el Programa Comunitario que se convirtió en un proceso participativo donde todas las comunidades diseñaron un conjunto de acciones de reparación que estuvieran vinculadas al desarrollo sustentable de los territorios”.

La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos aprobó este 2015 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Pulpa Textil de Arauco en Valdivia.

¿Cómo observan esta nueva iniciativa?

Esto tiene que ver con el ducto, la descarga al mar no sería viable y la empresa también lo sabe. El objetivo es duplicar la producción porque actualmente alcanzan 550 mil toneladas de celulosa kraft anualmente. Se quedó chica considerando la escala de producción que hoy día es calificada como rentable. No puede expandir porque en el Río Cruces no se va a aprobar un aumento.

Me parece bien en principio pero nosotros pedimos  participación ciudadana y fue denegada, no por la empresa sino desde las autoridades ambientales. Lo que estamos pidiendo es que se haga un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) porque es una operación que la empresa dice que no generaría impactos adicionales pero pensamos que debe ser evaluado con mayor rigurosidad porque estamos al lado de un ecosistema  que aún está en proceso de recuperación y hay un área protegida oficial”.