Esta semana, se producirán en la Corte Internacional de Justicia de La Haya alegatos para que el Tribunal se pronuncie sobre una situación de forma: si éste es o no competente para analizar la demanda marítima boliviana. De acoger la posición chilena, la presentación quedará ahí y la situación territorial entre ambos países se mantendrá como hasta hoy. En caso contrario, se avanzará hasta el fondo del alegato del país vecino, con un pronunciamiento que se concretará en el segundo semestre.
Durante estos días, serán sometidas a prueba muchas de las posiciones transversales y cohesionadas de la política chilena, luego de que volviera a imponerse la idea de que éste era un asunto de Estado (como si los otros no lo fueran) y que, por lo tanto, el debate debía clausurarse y la única posición digna de existir en el espacio público era la del Gobierno.
Al respecto no ha habido innovación y eso parece gustarle a los chilenos: el canciller Heraldo Muñoz es el mejor evaluado en las encuestas, como por lo general lo son los ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país en situación de conflicto con los vecinos. Y es así que persiste, en Chile y en sus dirigentes, una idea de la defensa a todo evento de los límites fronterizos que no recoge las nuevas tendencias mundiales y el propio discurso de la globalización en la que, se supone, estamos virtuosamente insertos.
Nos referimos con esto a las nuevas concepciones de soberanía que están basadas en el diálogo y la integración, con la eliminación incluso de los vestigios de las fronteras, como sucede en Europa, continente que se desangró mucho más brutalmente y hace menos años que la Guerra del Pacífico. O al abordaje binacional o supranacional de los desafíos energéticos, como ocurre hoy en Sudamérica. Estas políticas, no sin resistencia, contribuyen a subrayar lo común de la historia, presente y futuro de los pueblos, por sobre sus diferencias.
En la época del endiosamiento de las encuestas, no ha habido en nuestro país dirigentes dispuestos a caminar por el desierto y aportar a un nuevo sentido común. Si alguna vez los hubo, han preferido ahora actuar según lo que les conviene y recorrer el camino más fácil: cuadrarse detrás de la posición del Gobierno y de la dureza del canciller. El propio Heraldo Muñoz agradeció una señal: “en cuanto a la presencia de las máximas autoridades de nuestro Congreso y de un grupo destacado de parlamentarios, quiero decir que la valoramos mucho y que envía un mensaje potente de unidad nacional en un momento clave”.
Otro elemento central es la poderosa ofensiva comunicacional boliviana, y el modo en que ha sido contrarrestada por Chile. En la recta final, la Cancillería trata de persuadir que la ansiedad del país vecino es señal de desesperación, que la Corte no se deja influir por esas acciones y que la respuesta chilena es, en consonancia a su tradición diplomática, sobria y clara. Esta cuestión no es en absoluto técnica, y tiene que ver con la política exterior de ambos países y su capacidad para volcar voluntades a favor en la opinión pública mundial. El pronunciamiento del Tribunal, si bien jurídico y de forma, será leído en las coordenadas recién descritas, dando cuenta del éxito chileno o, en su defecto, como una comprobación del aislamiento de nuestro país respecto, especialmente, de la región, situación que el propio comando de Michelle Bachelet criticó y comprometió revertir de llegar al gobierno.
Éste no es asunto simplemente compartimentado en Relaciones Exteriores. Está, de algún modo, vinculado con las excepcionalidades de nuestra política interna y con la radicalidad de la revolución neoliberal, que provocó un sentido común que no deja permear debates que están instalados a pocos kilómetros de acá: la integración y la colaboración, tal como constituciones que re-definen el concepto de nación y la relación con el territorio. Es por estas mismas razones que para buena parte de nuestra dirigencia resulte inconcebible hablar de cosas –para ellos- tan excéntricas como las Leyes de Medios o las asambleas constituyentes.
Es curiosa, decíamos, esta insularidad, porque no se condice con la disposición que ha tenido el país a ser parte activa de la globalización económica, al punto que es uno de los que más Tratados de Libre Comercio ha firmado, con condiciones muy ventajosas a la inversión extranjera.
Es de esperar que este clima dé lugar a una reflexión más compleja sobre nuestra soberanía. Lo que llamamos “el mar chileno” ¿es realmente de los chilenos? ¿Quiénes se benefician de sus riquezas? ¿Cuánto contribuyen al país y al bien común? No vaya a ser que estemos empeñados en defender algo que ya hemos perdido, sin darnos cuenta.
Esta semana, se producirán en la Corte Internacional de Justicia de La Haya alegatos para que el Tribunal se pronuncie sobre una situación de forma: si éste es o no competente para analizar la demanda marítima boliviana. De acoger la posición chilena, la presentación quedará ahí y la situación territorial entre ambos países se mantendrá como hasta hoy. En caso contrario, se avanzará hasta el fondo del alegato del país vecino, con un pronunciamiento que se concretará en el segundo semestre.
Durante estos días, serán sometidas a prueba muchas de las posiciones transversales y cohesionadas de la política chilena, luego de que volviera a imponerse la idea de que éste era un asunto de Estado (como si los otros no lo fueran) y que, por lo tanto, el debate debía clausurarse y la única posición digna de existir en el espacio público era la del Gobierno.
Al respecto no ha habido innovación y eso parece gustarle a los chilenos: el canciller Heraldo Muñoz es el mejor evaluado en las encuestas, como por lo general lo son los ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país en situación de conflicto con los vecinos. Y es así que persiste, en Chile y en sus dirigentes, una idea de la defensa a todo evento de los límites fronterizos que no recoge las nuevas tendencias mundiales y el propio discurso de la globalización en la que, se supone, estamos virtuosamente insertos.
Nos referimos con esto a las nuevas concepciones de soberanía que están basadas en el diálogo y la integración, con la eliminación incluso de los vestigios de las fronteras, como sucede en Europa, continente que se desangró mucho más brutalmente y hace menos años que la Guerra del Pacífico. O al abordaje binacional o supranacional de los desafíos energéticos, como ocurre hoy en Sudamérica. Estas políticas, no sin resistencia, contribuyen a subrayar lo común de la historia, presente y futuro de los pueblos, por sobre sus diferencias.
En la época del endiosamiento de las encuestas, no ha habido en nuestro país dirigentes dispuestos a caminar por el desierto y aportar a un nuevo sentido común. Si alguna vez los hubo, han preferido ahora actuar según lo que les conviene y recorrer el camino más fácil: cuadrarse detrás de la posición del Gobierno y de la dureza del canciller. El propio Heraldo Muñoz agradeció una señal: “en cuanto a la presencia de las máximas autoridades de nuestro Congreso y de un grupo destacado de parlamentarios, quiero decir que la valoramos mucho y que envía un mensaje potente de unidad nacional en un momento clave”.
Otro elemento central es la poderosa ofensiva comunicacional boliviana, y el modo en que ha sido contrarrestada por Chile. En la recta final, la Cancillería trata de persuadir que la ansiedad del país vecino es señal de desesperación, que la Corte no se deja influir por esas acciones y que la respuesta chilena es, en consonancia a su tradición diplomática, sobria y clara. Esta cuestión no es en absoluto técnica, y tiene que ver con la política exterior de ambos países y su capacidad para volcar voluntades a favor en la opinión pública mundial. El pronunciamiento del Tribunal, si bien jurídico y de forma, será leído en las coordenadas recién descritas, dando cuenta del éxito chileno o, en su defecto, como una comprobación del aislamiento de nuestro país respecto, especialmente, de la región, situación que el propio comando de Michelle Bachelet criticó y comprometió revertir de llegar al gobierno.
Éste no es asunto simplemente compartimentado en Relaciones Exteriores. Está, de algún modo, vinculado con las excepcionalidades de nuestra política interna y con la radicalidad de la revolución neoliberal, que provocó un sentido común que no deja permear debates que están instalados a pocos kilómetros de acá: la integración y la colaboración, tal como constituciones que re-definen el concepto de nación y la relación con el territorio. Es por estas mismas razones que para buena parte de nuestra dirigencia resulte inconcebible hablar de cosas –para ellos- tan excéntricas como las Leyes de Medios o las asambleas constituyentes.
Es curiosa, decíamos, esta insularidad, porque no se condice con la disposición que ha tenido el país a ser parte activa de la globalización económica, al punto que es uno de los que más Tratados de Libre Comercio ha firmado, con condiciones muy ventajosas a la inversión extranjera.
Es de esperar que este clima dé lugar a una reflexión más compleja sobre nuestra soberanía. Lo que llamamos “el mar chileno” ¿es realmente de los chilenos? ¿Quiénes se benefician de sus riquezas? ¿Cuánto contribuyen al país y al bien común? No vaya a ser que estemos empeñados en defender algo que ya hemos perdido, sin darnos cuenta.
Esta semana, se producirán en la Corte Internacional de Justicia de La Haya alegatos para que el Tribunal se pronuncie sobre una situación de forma: si éste es o no competente para analizar la demanda marítima boliviana. De acoger la posición chilena, la presentación quedará ahí y la situación territorial entre ambos países se mantendrá como hasta hoy. En caso contrario, se avanzará hasta el fondo del alegato del país vecino, con un pronunciamiento que se concretará en el segundo semestre.
Durante estos días, serán sometidas a prueba muchas de las posiciones transversales y cohesionadas de la política chilena, luego de que volviera a imponerse la idea de que éste era un asunto de Estado (como si los otros no lo fueran) y que, por lo tanto, el debate debía clausurarse y la única posición digna de existir en el espacio público era la del Gobierno.
Al respecto no ha habido innovación y eso parece gustarle a los chilenos: el canciller Heraldo Muñoz es el mejor evaluado en las encuestas, como por lo general lo son los ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país en situación de conflicto con los vecinos. Y es así que persiste, en Chile y en sus dirigentes, una idea de la defensa a todo evento de los límites fronterizos que no recoge las nuevas tendencias mundiales y el propio discurso de la globalización en la que, se supone, estamos virtuosamente insertos.
Nos referimos con esto a las nuevas concepciones de soberanía que están basadas en el diálogo y la integración, con la eliminación incluso de los vestigios de las fronteras, como sucede en Europa, continente que se desangró mucho más brutalmente y hace menos años que la Guerra del Pacífico. O al abordaje binacional o supranacional de los desafíos energéticos, como ocurre hoy en Sudamérica. Estas políticas, no sin resistencia, contribuyen a subrayar lo común de la historia, presente y futuro de los pueblos, por sobre sus diferencias.
En la época del endiosamiento de las encuestas, no ha habido en nuestro país dirigentes dispuestos a caminar por el desierto y aportar a un nuevo sentido común. Si alguna vez los hubo, han preferido ahora actuar según lo que les conviene y recorrer el camino más fácil: cuadrarse detrás de la posición del Gobierno y de la dureza del canciller. El propio Heraldo Muñoz agradeció una señal: “en cuanto a la presencia de las máximas autoridades de nuestro Congreso y de un grupo destacado de parlamentarios, quiero decir que la valoramos mucho y que envía un mensaje potente de unidad nacional en un momento clave”.
Otro elemento central es la poderosa ofensiva comunicacional boliviana, y el modo en que ha sido contrarrestada por Chile. En la recta final, la Cancillería trata de persuadir que la ansiedad del país vecino es señal de desesperación, que la Corte no se deja influir por esas acciones y que la respuesta chilena es, en consonancia a su tradición diplomática, sobria y clara. Esta cuestión no es en absoluto técnica, y tiene que ver con la política exterior de ambos países y su capacidad para volcar voluntades a favor en la opinión pública mundial. El pronunciamiento del Tribunal, si bien jurídico y de forma, será leído en las coordenadas recién descritas, dando cuenta del éxito chileno o, en su defecto, como una comprobación del aislamiento de nuestro país respecto, especialmente, de la región, situación que el propio comando de Michelle Bachelet criticó y comprometió revertir de llegar al gobierno.
Éste no es asunto simplemente compartimentado en Relaciones Exteriores. Está, de algún modo, vinculado con las excepcionalidades de nuestra política interna y con la radicalidad de la revolución neoliberal, que provocó un sentido común que no deja permear debates que están instalados a pocos kilómetros de acá: la integración y la colaboración, tal como constituciones que re-definen el concepto de nación y la relación con el territorio. Es por estas mismas razones que para buena parte de nuestra dirigencia resulte inconcebible hablar de cosas –para ellos- tan excéntricas como las Leyes de Medios o las asambleas constituyentes.
Es curiosa, decíamos, esta insularidad, porque no se condice con la disposición que ha tenido el país a ser parte activa de la globalización económica, al punto que es uno de los que más Tratados de Libre Comercio ha firmado, con condiciones muy ventajosas a la inversión extranjera.
Es de esperar que este clima dé lugar a una reflexión más compleja sobre nuestra soberanía. Lo que llamamos “el mar chileno” ¿es realmente de los chilenos? ¿Quiénes se benefician de sus riquezas? ¿Cuánto contribuyen al país y al bien común? No vaya a ser que estemos empeñados en defender algo que ya hemos perdido, sin darnos cuenta.
