En una reciente entrevista para un libro que será publicado en los próximos meses, el ex Presidente Ricardo Lagos recordó que cuando era ministro de Educación en el gobierno de Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger se le acercó con una petición especial. El poderoso ministro de la Secretaría General de la Presidencia le dijo: “Ahora hay que hacer que los movimientos sociales no sigan tan activos, de lo contrario, ¿cómo vamos a gobernar si cada día nos piden más?, ¿cómo podemos controlar las expectativas?”.

La gestión de las expectativas ha sido un eje central en las transiciones políticas contemporáneas. En Sudáfrica, Nelson Mandela no encarceló a los blancos que habían oprimido durante décadas a la mayoría negra, incluyéndolo a él mismo. Lech Walesa tampoco juzgó a los ex líderes comunistas que reprimieron al movimiento sindical Solidaridad en Polonia en los años 80. Y los gobernantes españoles de la transición, como el socialista Felipe González, decidieron simplemente olvidarse del pasado franquista del país.

En este contexto internacional, la transición chilena aparece como más valiente y más decidida a encarar su pasado. Sin embargo, hay un concepto que permeó profundamente la cultura política y empresarial de nuestro país y que no está omnipresente en las transiciones de las naciones antes mencionadas. Se trata del concepto de “en la medida de lo posible”, que Aylwin acuñó inicialmente para referirse a obtener justicia en temas de derechos humanos. Hacer cosas “en la medida de los posible” puede sonar razonable y gradualista (otro concepto que cuenta con el respaldo entusiasta de la Concertación y de la Nueva Mayoría). Sin embargo, este concepto fue evolucionando hacia “en la medida de lo legal”, que primero utilizó el gobierno de Sebastián Piñera (todo lo que no fuera ilegal estaba permitido; ¿por qué vender sus acciones en Chilevisión si la ley no lo prohibía?) y después el propio hijo de la Presidenta Bachelet para justificar el negocio especulativo en Machalí de Caval. Hasta cierto punto, esta ética de “en la medida de lo posible” también permeó a grandes empresas: entregar fondos de campaña “en la medida de lo posible”, hasta que nos pillen, y después, si nos pillan, simplemente tratar de arreglar el entuerto pagando los impuestos evadidos al Servicio de Impuestos Internos, cuya finalidad era, hasta hace poco, recuperar “en la medida de lo posible” los tributos adeudados al Estado.

En fin, la política de “en la medida de lo posible”, más que ser un saludable afán de moderación, se convirtió en una excusa para empujar las fronteras éticas hasta el límite. Julio Ponce Lerou, Giorgio Martelli, Enrique Correa, Sebastián Piñera, el Choclo Délano y tantos más son los actores que dan vida a esta obra criolla.

Y ahora también se ha sumado la propia Presidenta. Su nuevo gabinete político es, precisamente, una encarnación casi perfecta de la filosofía de “en la medida de lo posible” que, si la historia de los últimos 25 años sirve como referencia, suele inclinarse casi siempre hacia la derecha y los poderes tradicionales.

Y lo mismo sucede con la ambigüedad respecto a cómo se procederá para idear y redactar una nueva Constitución. Cuando el 28 de abril Bachelet anunció por cadena nacional que “en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos que deberá desembocar en la nueva carta fundamental”, surgieron más preguntas que certezas. Cada uno interpretó lo que quiso creer.

Sin embargo, ese anuncio no era muy distinto a lo que la propia mandataria había prometido en su discurso del 21 de mayo del año pasado. Y en este dejó en claro que la gradualidad y “en la medida de lo posible” serían las métricas más importantes. Hace casi un año dijo: “La actual Constitución, pese a todas sus reformas, aún arrastra una profunda desconfianza en la soberanía popular y en la capacidad de diálogo democrático de las personas. El rol fundamental del Estado, como garante del bien común y de los derechos de las personas, es asegurar que el cambio de la Constitución se realice con sentido de largo plazo, gradualidad y gobernabilidad. Y es por eso que trabajaremos, con participación social y diálogo político, para dotarnos de una nueva Constitución que ponga en su centro a los Derechos Humanos, a la democracia y a la buena política como base del orden común. No hay nueva Constitución sin participación”.

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O sea, ya hace un año Bachelet anunció una Constitución nueva “en la medida de los posible”, aunque durante los últimos 12 meses no hizo nada para avanzar en esa agenda y sólo los escándalos de los últimos cuatro meses la obligaron a retomar esa agenda.

La política chilena de hacer las cosas “en la medida de lo posible” está hace varios años en curso de colisión con las expectativas que tienen muchos ciudadanos. Felipe González afirmó una vez que “la característica de un líder político es que tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de los otros”. Y es en esta esfera donde nuestros líderes actuales, incluyendo a la Presidenta, están reprobando. Cuando Bachelet trató de jugar inicialmente la carta de la cariñocracia para obtener la simpatía del pueblo por el caso Caval (al estilo de ¿quién no tiene un hijo cacho?) mostró claramente que no estaba en sintonía con el estado de ánimo de la nación. Y ahora que ha nombrado un equipo político conservador y comprometido con el establishment, lo que la prensa de derecha celebró como un giro al centro, está demostrando que tampoco sabe gestionar las expectativas de mucha gente, siendo presa de encuestas realizadas por politólogos mayoritariamente conservadores y un cuarto poder mayoritariamente de derecha y a favor del status quo que ha imperado desde el retorno a la democracia en 1990.

Como el gobierno ha descartado en los hechos una Asamblea Constituyente, una posible solución al tema constitucional sería una solución intermedia al estilo de Sudáfrica. Los cabildos y reuniones ciudadanas que ha propuesto Bachelet de poco servirán si, al final, esos planteamientos tienen que pasar por un Parlamento que actualmente está muy desprestigiado debido al financiamiento irregular y acaso ilegal que recibieron varios de sus miembros para ser elegidos. Así, una vía de resolver este dilema podría ser que el próximo Congreso, que se elegirá en 2016, sea al mismo tiempo un Congreso constituyente. Por lo tanto, los ciudadanos no sólo votaremos por nuestros diputados y senadores, sino también por los legisladores que darán vida a una nueva Constitución. Idealmente, en esas elecciones se permitiría la participación de movimientos ciudadanos y sociales, de manera tal que puedan integrar el nuevo Congreso constituyente.

El problema, claro, es que ese período de tiempo parece muy lejano y Bachelet tiene que mostrar resultados ahora, así sean a medias. Y así nos encontramos en un círculo vicioso.

“La magia de la política radica que, al final, el poder no es más que la administración de las expectativas”, afirmó una vez Felipe González. Por desgracia, en Chile las expectativas se están gestionando de manera equivocada.