Las empresas chilenas mantienen una deuda equivalente al PIB nacional -de unos US$ 280 mil millones- a mediano y largo plazo, al tiempo que algunas clasificadoras de riesgo ya han advertido de al menos cuatro grandes grupos con problemas de liquidez, alertando por ello a los mercados.

De allí que en los últimos meses hayamos asistido a una serie de noticias sobre ventas y fusiones de empresas, eventos que se han producido como respuesta natural a un endeudamiento obviamente alto que, si bien ha servido para crecer, restringe más temprano que tarde el acceso a más créditos baratos, con la consecuente falta de liquidez que ha obligado a los agentes a redimensionar sus proyectos y ajustarse a la nueva realidad de la economía mundial.

La situación se ha producido en medio de una desaceleración de la economía global que se arrastra desde 2008 y que reduce tanto las perspectivas de cantidad de ventas en los mercados, como los precios a los cuales los grandes exportadores pueden colocar sus productos. También se ha ralentizado la actividad nacional, con una ostensible baja de la demanda interna, la que, además, también presenta a nivel familiar niveles de endeudamiento altos, del orden del 60 por ciento de los ingresos de un año, hecho que amerita abordar con mesura nuevos préstamos.

Así las cosas, lo que se debiera esperar es que tanto nuevas inversiones como mayor demanda en el país tiene para un tiempo, porque los actuales recursos están enfocados en asumir los proyectos en desarrollo (algo así como el 21 por ciento del PIB), mientras que los nuevos habrá que volver a analizarlos con arreglo a las citadas condiciones de los mercados nacional y externo.

Las conversaciones que se han desarrollado en las últimos días entre las nuevas autoridades de Hacienda y las dirigencias empresariales han apuntado en la dirección de las incertidumbres que provocan las reformas, más allá de las que resultan de los riesgos propios de los negocios, y los segundos se han quejado sobre el impacto que dichas reformas (tributaria, laboral y/o constitucional) tienen en la estabilidad requerida para invertir, culpándolas, finalmente, de la desaceleración.

Si imaginamos la empresa como un conjunto de personas que convergen en la generación de un bien o servicio, para lo cual cada quien pone su parte de capital, maquinarias, conocimiento, tecnología y trabajo, y se asume que el grupo está en dura competencia con otros para sobrevivir, se podría afirmar que la mejor política para que éstas se desarrollaran es evitarles todo peso adicional que las haga más lentas e improductivas, de manera que puedan generar rápidamente su propio capital y no caer en deudas que las hacen trabajar para los bancos. Para que hablar de los tributos y cargas burocráticas innecesarias.

Pero como el siglo XXI parece exigir de Estados más intervinientes que el siglo XX, dada una ciudadanía que exige más derechos y más acceso al bienestar generado, a éstos hay que financiarlos, razón por la que, solidariamente, cada cual asume una carga impositiva de acuerdo a su capacidad de generación de riqueza como deber para sustentar la democracia y el Estado de Derecho, bienes que no son gratuitos y que implican mantener accesible una gran cantidad de servicios demandados para un armónico y buen vivir social.

Por eso la exigencia moderna a los Estados de no solo ser eficientes en el gasto de los recursos que todos aportamos vía impuestos, sino además, que opere de tal forma que no le aplique más costos de transacción y administración a las personas y empresas que crean riqueza, de manera que estas puedan competir con sus iguales internos y externos y sigan aportando tributos, empleo, inversión y crecimiento, máxime en un país que, como Chile, el 80% del PIB es generado por los privados.

La conversación pertinente entre el Gobierno y las empresas, es, pues, ver cómo hacemos para financiar las reformas exigidas, de una u otra forma, por una ciudadanía empoderada que quiere gozar de los resultados del desarrollo, al tiempo que el Estado descarga a las empresas de todo tipo de peso burocrático innecesario para que sigan compitiendo y, sobre todo, existiendo, condición sine qua non para que generen la riqueza que se requiere para que las reformas sean viables en el largo plazo.

Redundar majaderamente en el peso de las reformas para el conjunto social es estéril, porque es evidente y ya todos sabemos que tienen costos asociados. Insistir en aquello sin buscar fórmulas inteligentes que readecuen la carga a las empresas por otras vías, significa en realidad que o no queremos ninguna reforma o no entendemos que nada en la vida es gratis.