El Papa y su embestida contra los obispos encubridores de pedófilos
Sin el manto de impunidad sistemático de decenas de obispos, la pedofilia no se hubiera convertido en una práctica habitual en la Iglesia Católica. Ahora el Papa decide enfrentar no solo a los abusadores, sino a la estructura que los ha sostenido.
Patricio López
Viernes 19 de junio 2015 11:23 hrs.
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La decisión del Papa Francisco de dar lugar a la investigación contra obispos encubridores de casos de pedofilia, junto con remecer la jerarquía eclesial, ha supuesto reconocer como verdad una denuncia realizada durante décadas por las organizaciones de víctimas: el encubrimiento de los pedófilos, si bien no oficial, fue institucional, puesto que se trató de un patrón de acción de altos estamentos la Iglesia Católica que no pudo operar sin la participación de decenas de purpurados.
El estándar en cientos de casos se tradujo en, primero, la liberación de responsabilidades penales de los pederastas por el solo hecho de vestir hábitos; segundo, el no avance y no escalamiento de las investigaciones más allá de las diócesis; tercero, la práctica de cambiar a los acusados de lugar a otros donde seguían ejerciendo y delinquiendo; cuarto, el chantaje y el pago extrajudicial de indemnizaciones a las víctimas, para evitar las denuncias; y quinto, la existencia de una burocracia y una logística para esconder a los acusados, como ocurrió con el ex obispo de La Serena, Francisco José Cox, cuyos delitos explotaron públicamente cuando era el encargado del Jubileo 2000 de la Conferencia Episcopal chilena.
A propósito, y en lo que al país respecta, el anuncio coincide con la exhibición en cartelera de las notables y recomendables El Club (Pablo Larraín) y El Bosque de Karadima (Matías Lira), películas ambas de fuerte inspiración en hechos reales donde se muestra cómo el encubrimiento obispal, también aquí, era una práctica institucional que dejaba a los pedófilos más allá del alcance de la justicia.
El Papa ha querido darle a este giro la máxima visibilidad. Durante su pontificado se ha referido en reiteradas ocasiones al tema, con declaraciones como “me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes causan a los menores. Somos conscientes de ese daño y no daremos marcha atrás en cuanto al tratamiento de ese problema y a las sanciones necesarias”.
Y ahora, justo después de anunciar las investigaciones, el Vaticano ha hecho un refuerzo público con un caso que no es de encubrimiento: el de Jozef Wesolowski, ex arzobispo y nuncio en la República Dominicana, quien será enjuiciado el 11 de julio por acusaciones de pagar sexo con menores y poseer material pornográfico infantil. Este proceso será el primero por esos cargos dentro de la ciudad estado, sede de la Iglesia Católica, que tiene 1.200 millones de fieles y buena parte de ellos en América Latina. Francisco ha hecho saber que el juicio cuenta con su aprobación, en su intento por mostrar dureza con los religiosos que han cometido abuso sexual.
Los abusos sexuales se hicieron masivos hace décadas, pero alcanzaron visibilidad desde la década del Noventa del siglo pasado, especialmente en Irlanda y Estados Unidos, para luego destaparse en todas las regiones del mundo. Casi en todos los casos, los dardos por el no juzgamiento de los crímenes apuntaron a las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, que actuaron protegiendo a los victimarios. Francisco entonces da ahora un paso adicional: no solo habrá mano dura para los pedófilos, sino también para quienes al interior del clero sostuvieron el manto de impunidad. Esto supone instalar el cuestionamiento en el nivel inmediatamente inferior a él.
De este modo, el pontífice ha venido dando señales que, para un público general, lo han convertido en un fenómeno, pero que al interior de la Curia suponen un remezón –con poderosas resistencias en contra- del armatoste ultraconservador creado por los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ya en el cónclave de 2005, el entonces cardenal Bergoglio había concentrado los apoyos de los cardenales disidentes de la línea vaticana, pero no fueron suficientes. En cambio, la sensación de crisis y la decadencia de la iglesia europea permitieron en 2012 que, por primera vez, un jesuita argentino llegara al poder, imponiéndose al papabile del oficialismo, el obispo de Milán Angelo Scola.
Habiendo transcurrido tres años desde entonces, la inmensa popularidad del Papa contrasta con una voluntad transformadora que pone la vara muy alta, además de enfrentarse a la desconfianza de quienes ven en sus discursos más cambio comunicacional que real. Para tal efecto se menciona, por ejemplo, que en el pasado mes de enero una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores, luego de que el Papa los reconociera públicamente. Sin embargo, en la cita continuaron manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, a pesar de que reconocieron tener registros internos de ellos. En esta nueva política, se plantea colaborar con la justicia de los países y no sólo crear instancias paralelas. El problema de la envergadura del cambio y de la incredulidad pública fue planteado en una entrevista con nuestro medio por el presidente de la Fundación para la Confianza y una de las víctimas de Fernando Karadima, José Andrés Murillo.
Es en este contexto que el Papa da un nuevo paso con el que se concentra en el delito de “abuso de poder episcopal”, que ya existía en el Derecho Canónico pero que ahora es precisado al establecerse los mecanismos para encarar estos casos. Para ello Francisco creó el año pasado una comisión, formada por 17 personas de distintas nacionalidades y varios laicos, entre ellos representantes de las víctimas, ante las cuales el Papa reconoció los abusos como una práctica corriente hasta hace pocos años dentro de la Iglesia Católica. Esta comisión de expertos, presidida por el cardenal estadounidense Sean O’Malley, elaboró la propuesta que ahora se dio a conocer.
Francisco ha dicho que al menos el 2 por ciento de los sacerdotes católicos son abusadores sexuales. Según las estadísticas de la Iglesia en el 2012, las más recientes disponibles, existen cerca de 414 mil en el mundo, con lo cual estarían involucrados en estos hechos más de ocho mil prelados. Pero, al sumar a los obispos encubridores y a las miles de víctimas, el problema es cuantitativa y cualitativamente mayor. Quizás sea un asunto demasiado grande para un hombre, e incluso para un Papa.
La decisión del Papa Francisco de dar lugar a la investigación contra obispos encubridores de casos de pedofilia, junto con remecer la jerarquía eclesial, ha supuesto reconocer como verdad una denuncia realizada durante décadas por las organizaciones de víctimas: el encubrimiento de los pedófilos, si bien no oficial, fue institucional, puesto que se trató de un patrón de acción de altos estamentos la Iglesia Católica que no pudo operar sin la participación de decenas de purpurados.
El estándar en cientos de casos se tradujo en, primero, la liberación de responsabilidades penales de los pederastas por el solo hecho de vestir hábitos; segundo, el no avance y no escalamiento de las investigaciones más allá de las diócesis; tercero, la práctica de cambiar a los acusados de lugar a otros donde seguían ejerciendo y delinquiendo; cuarto, el chantaje y el pago extrajudicial de indemnizaciones a las víctimas, para evitar las denuncias; y quinto, la existencia de una burocracia y una logística para esconder a los acusados, como ocurrió con el ex obispo de La Serena, Francisco José Cox, cuyos delitos explotaron públicamente cuando era el encargado del Jubileo 2000 de la Conferencia Episcopal chilena.
A propósito, y en lo que al país respecta, el anuncio coincide con la exhibición en cartelera de las notables y recomendables El Club (Pablo Larraín) y El Bosque de Karadima (Matías Lira), películas ambas de fuerte inspiración en hechos reales donde se muestra cómo el encubrimiento obispal, también aquí, era una práctica institucional que dejaba a los pedófilos más allá del alcance de la justicia.
El Papa ha querido darle a este giro la máxima visibilidad. Durante su pontificado se ha referido en reiteradas ocasiones al tema, con declaraciones como “me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes causan a los menores. Somos conscientes de ese daño y no daremos marcha atrás en cuanto al tratamiento de ese problema y a las sanciones necesarias”.
Y ahora, justo después de anunciar las investigaciones, el Vaticano ha hecho un refuerzo público con un caso que no es de encubrimiento: el de Jozef Wesolowski, ex arzobispo y nuncio en la República Dominicana, quien será enjuiciado el 11 de julio por acusaciones de pagar sexo con menores y poseer material pornográfico infantil. Este proceso será el primero por esos cargos dentro de la ciudad estado, sede de la Iglesia Católica, que tiene 1.200 millones de fieles y buena parte de ellos en América Latina. Francisco ha hecho saber que el juicio cuenta con su aprobación, en su intento por mostrar dureza con los religiosos que han cometido abuso sexual.
Los abusos sexuales se hicieron masivos hace décadas, pero alcanzaron visibilidad desde la década del Noventa del siglo pasado, especialmente en Irlanda y Estados Unidos, para luego destaparse en todas las regiones del mundo. Casi en todos los casos, los dardos por el no juzgamiento de los crímenes apuntaron a las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, que actuaron protegiendo a los victimarios. Francisco entonces da ahora un paso adicional: no solo habrá mano dura para los pedófilos, sino también para quienes al interior del clero sostuvieron el manto de impunidad. Esto supone instalar el cuestionamiento en el nivel inmediatamente inferior a él.
De este modo, el pontífice ha venido dando señales que, para un público general, lo han convertido en un fenómeno, pero que al interior de la Curia suponen un remezón –con poderosas resistencias en contra- del armatoste ultraconservador creado por los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ya en el cónclave de 2005, el entonces cardenal Bergoglio había concentrado los apoyos de los cardenales disidentes de la línea vaticana, pero no fueron suficientes. En cambio, la sensación de crisis y la decadencia de la iglesia europea permitieron en 2012 que, por primera vez, un jesuita argentino llegara al poder, imponiéndose al papabile del oficialismo, el obispo de Milán Angelo Scola.
Habiendo transcurrido tres años desde entonces, la inmensa popularidad del Papa contrasta con una voluntad transformadora que pone la vara muy alta, además de enfrentarse a la desconfianza de quienes ven en sus discursos más cambio comunicacional que real. Para tal efecto se menciona, por ejemplo, que en el pasado mes de enero una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores, luego de que el Papa los reconociera públicamente. Sin embargo, en la cita continuaron manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, a pesar de que reconocieron tener registros internos de ellos. En esta nueva política, se plantea colaborar con la justicia de los países y no sólo crear instancias paralelas. El problema de la envergadura del cambio y de la incredulidad pública fue planteado en una entrevista con nuestro medio por el presidente de la Fundación para la Confianza y una de las víctimas de Fernando Karadima, José Andrés Murillo.
Es en este contexto que el Papa da un nuevo paso con el que se concentra en el delito de “abuso de poder episcopal”, que ya existía en el Derecho Canónico pero que ahora es precisado al establecerse los mecanismos para encarar estos casos. Para ello Francisco creó el año pasado una comisión, formada por 17 personas de distintas nacionalidades y varios laicos, entre ellos representantes de las víctimas, ante las cuales el Papa reconoció los abusos como una práctica corriente hasta hace pocos años dentro de la Iglesia Católica. Esta comisión de expertos, presidida por el cardenal estadounidense Sean O’Malley, elaboró la propuesta que ahora se dio a conocer.
Francisco ha dicho que al menos el 2 por ciento de los sacerdotes católicos son abusadores sexuales. Según las estadísticas de la Iglesia en el 2012, las más recientes disponibles, existen cerca de 414 mil en el mundo, con lo cual estarían involucrados en estos hechos más de ocho mil prelados. Pero, al sumar a los obispos encubridores y a las miles de víctimas, el problema es cuantitativa y cualitativamente mayor. Quizás sea un asunto demasiado grande para un hombre, e incluso para un Papa.
La decisión del Papa Francisco de dar lugar a la investigación contra obispos encubridores de casos de pedofilia, junto con remecer la jerarquía eclesial, ha supuesto reconocer como verdad una denuncia realizada durante décadas por las organizaciones de víctimas: el encubrimiento de los pedófilos, si bien no oficial, fue institucional, puesto que se trató de un patrón de acción de altos estamentos la Iglesia Católica que no pudo operar sin la participación de decenas de purpurados.
El estándar en cientos de casos se tradujo en, primero, la liberación de responsabilidades penales de los pederastas por el solo hecho de vestir hábitos; segundo, el no avance y no escalamiento de las investigaciones más allá de las diócesis; tercero, la práctica de cambiar a los acusados de lugar a otros donde seguían ejerciendo y delinquiendo; cuarto, el chantaje y el pago extrajudicial de indemnizaciones a las víctimas, para evitar las denuncias; y quinto, la existencia de una burocracia y una logística para esconder a los acusados, como ocurrió con el ex obispo de La Serena, Francisco José Cox, cuyos delitos explotaron públicamente cuando era el encargado del Jubileo 2000 de la Conferencia Episcopal chilena.
A propósito, y en lo que al país respecta, el anuncio coincide con la exhibición en cartelera de las notables y recomendables El Club (Pablo Larraín) y El Bosque de Karadima (Matías Lira), películas ambas de fuerte inspiración en hechos reales donde se muestra cómo el encubrimiento obispal, también aquí, era una práctica institucional que dejaba a los pedófilos más allá del alcance de la justicia.
El Papa ha querido darle a este giro la máxima visibilidad. Durante su pontificado se ha referido en reiteradas ocasiones al tema, con declaraciones como “me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes causan a los menores. Somos conscientes de ese daño y no daremos marcha atrás en cuanto al tratamiento de ese problema y a las sanciones necesarias”.
Y ahora, justo después de anunciar las investigaciones, el Vaticano ha hecho un refuerzo público con un caso que no es de encubrimiento: el de Jozef Wesolowski, ex arzobispo y nuncio en la República Dominicana, quien será enjuiciado el 11 de julio por acusaciones de pagar sexo con menores y poseer material pornográfico infantil. Este proceso será el primero por esos cargos dentro de la ciudad estado, sede de la Iglesia Católica, que tiene 1.200 millones de fieles y buena parte de ellos en América Latina. Francisco ha hecho saber que el juicio cuenta con su aprobación, en su intento por mostrar dureza con los religiosos que han cometido abuso sexual.
Los abusos sexuales se hicieron masivos hace décadas, pero alcanzaron visibilidad desde la década del Noventa del siglo pasado, especialmente en Irlanda y Estados Unidos, para luego destaparse en todas las regiones del mundo. Casi en todos los casos, los dardos por el no juzgamiento de los crímenes apuntaron a las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, que actuaron protegiendo a los victimarios. Francisco entonces da ahora un paso adicional: no solo habrá mano dura para los pedófilos, sino también para quienes al interior del clero sostuvieron el manto de impunidad. Esto supone instalar el cuestionamiento en el nivel inmediatamente inferior a él.
De este modo, el pontífice ha venido dando señales que, para un público general, lo han convertido en un fenómeno, pero que al interior de la Curia suponen un remezón –con poderosas resistencias en contra- del armatoste ultraconservador creado por los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ya en el cónclave de 2005, el entonces cardenal Bergoglio había concentrado los apoyos de los cardenales disidentes de la línea vaticana, pero no fueron suficientes. En cambio, la sensación de crisis y la decadencia de la iglesia europea permitieron en 2012 que, por primera vez, un jesuita argentino llegara al poder, imponiéndose al papabile del oficialismo, el obispo de Milán Angelo Scola.
Habiendo transcurrido tres años desde entonces, la inmensa popularidad del Papa contrasta con una voluntad transformadora que pone la vara muy alta, además de enfrentarse a la desconfianza de quienes ven en sus discursos más cambio comunicacional que real. Para tal efecto se menciona, por ejemplo, que en el pasado mes de enero una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores, luego de que el Papa los reconociera públicamente. Sin embargo, en la cita continuaron manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, a pesar de que reconocieron tener registros internos de ellos. En esta nueva política, se plantea colaborar con la justicia de los países y no sólo crear instancias paralelas. El problema de la envergadura del cambio y de la incredulidad pública fue planteado en una entrevista con nuestro medio por el presidente de la Fundación para la Confianza y una de las víctimas de Fernando Karadima, José Andrés Murillo.
Es en este contexto que el Papa da un nuevo paso con el que se concentra en el delito de “abuso de poder episcopal”, que ya existía en el Derecho Canónico pero que ahora es precisado al establecerse los mecanismos para encarar estos casos. Para ello Francisco creó el año pasado una comisión, formada por 17 personas de distintas nacionalidades y varios laicos, entre ellos representantes de las víctimas, ante las cuales el Papa reconoció los abusos como una práctica corriente hasta hace pocos años dentro de la Iglesia Católica. Esta comisión de expertos, presidida por el cardenal estadounidense Sean O’Malley, elaboró la propuesta que ahora se dio a conocer.
Francisco ha dicho que al menos el 2 por ciento de los sacerdotes católicos son abusadores sexuales. Según las estadísticas de la Iglesia en el 2012, las más recientes disponibles, existen cerca de 414 mil en el mundo, con lo cual estarían involucrados en estos hechos más de ocho mil prelados. Pero, al sumar a los obispos encubridores y a las miles de víctimas, el problema es cuantitativa y cualitativamente mayor. Quizás sea un asunto demasiado grande para un hombre, e incluso para un Papa.
