Este año no observamos negociaciones entre el gobierno y los gremios por el ingreso mínimo mensual. ¿Por qué? En 2014 el Congreso aprobó el reajuste al salario que incluyó las cifras de este 2015 y 2016.

Con el cuestionado acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Ley 20.763 estableció además que a contar del primero de enero de 2016 el ingreso mínimo mensual alcanzará los 250 mil pesos.

César Toledo, uno de los autores del capítulo “La huelga, un derecho fundamental” del informe 2014 de Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales, conversó con Radio Universidad de Chile.

¿Cómo observa el acuerdo del año pasado?

Me sumo a las críticas que hubo sobre los actores que representaron a los trabajadores ante la fijación del sueldo mínimo y que se hizo para tres años. En primer lugar, no me parece una suma que responda al sentido del salario mínimo para vivir dignamente porque claramente eso no ocurre. Sobre este grupo, hay estadísticas que advierten que un porcentaje superior al 20 por ciento tiene  dificultades para poder pagar hasta los alimentos y se endeuda. Eso habla de cifras insuficientes.

Todo apunta al mecanismo que se utiliza para obtener el ingreso mínimo. Soy partícipe de sistemas de negociación por rama de actividad económica. Alguna vez en Chile, hace cerca de 40 años, tuvieron vigencia y se ajustan no solo a criterios cualitativos sino también distingue entre las distintas ramas.

Establecer un denominador común entre áreas distintas produce que, por ejemplo, en minería la fijación en 241 o 250 mil pesos no genera ningún tipo de efecto.

Así se toman en cuenta los parámetros mínimos de remuneración de acuerdo a las distintas labores. Y no se hace mal como lo advertimos con la  presidenta de la CUT (Bárbara Figueroa)  porque además sus bases de representación están más ligadas al sector público donde esa fijación tampoco afecta mayormente considerando que ahí hablamos de pisos superiores a esa cantidad.

La Fundación Sol recuerda que en 2007 se debatía un monto ético de 250 mil pesos que a precios de hoy serían de 328 mil. ¿Las autoridades tienen conciencia política del actual escenario?

La mejor demostración que no existe conciencia ni voluntad política es lo que está sucediendo con la actual tramitación de la Reforma Laboral. Considerar no solo la fijación de mínimos sino básicamente  en el concepto más amplio de la redistribución del ingreso, sería tener en cuenta una genuina negociación colectiva que abarcara a todos los trabajadores del país incluyendo a aquéllos que laboran en empresas de menos de 8 trabajadores que no tienen ninguna posibilidad de negociar…ahí está la negociación por rama.

El gobierno ha dicho, sobre todo el actual ministro de Hacienda, que no va a estar en los temas a debatir y no tiene piso político. Eso lo esperaría del mundo empresarial y los que son partícipes al dogma del neoliberalismo, pero que lo diga un gobierno que enarbola principios que apuestan a una equidad salarial y a emparejar la cancha, uno claramente no lo esperaría.

Además, porque cierra las posibilidades de la Nueva Mayoría de que exista alguna oportunidad de incorporarlo  y son temas de iniciativas exclusivas del presidente de la república. No es posible que otros actores como los parlamentarios presenten una idea en este sentido.

¿Cuáles son los factores que están presentes en ese debate de la Reforma Laboral?

En los últimos tiempos hemos asistido a una suerte de sinceramiento involuntario de parte de los actores y cómo funciona el sistema. Este sistema político está cooptado por el poder económico y es algo que difícilmente alguien intuía, pero saberlo claro y con cifras reafirma esa percepción.

A su vez, esto genera una conclusión: el interés de los grandes capitales está por sobre cualquier decisión política que postule alguna idea que ponga en riesgo esa hegemonía total. Uno advierte que no hay remedios frente ante los monopolios o las grandes colusiones  y tampoco remedios efectivos jurídicos.

Pongo como ejemplo, el caso de la venida de un experto norteamericano en materia de colusión quién dijo que si llegara a Chile lo primero que haría sería coludir. Esto, porque a diferencia de la legislación norteamericana que es un país referente del capitalismo, la legislación chilena está hecha para eso. Uno sale victorioso si es que llega a ser sorprendido en estos casos de monopolio. Entre los más famosos, como la colusión de los pollos donde las empresas fueron fuertemente sancionadas, pero no le hacen cosquillas a las utilidades que tuvieron.

Esas decisiones políticas apuntan a que los remedios sean insuficientes, con alta intervención estatal materializada a través de la presencia asfixiante de la Dirección del Trabajo que es inútil en la lógica redistributiva y con actores sindicales con poco peso.

Seguimos en la lógica ya planteada por el plan laboral de José Piñera en 1979 en plena dictadura de un sindicato en la menor escala posible, una negociación colectiva absolutamente sobre reglamentada que no genera una fuerza real y una huelga bastante precaria.

Así como en otros países la negociación empresarial está dentro de las alternativas posibles, en Chile es la alternativa. En otros lugares es el punto de partida, acá es el punto de partida y techo.

A finales de 2014, el informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales pone en la mira el tema trabajo. En estos meses, hemos observado también cambios en el liderazgo del ministerio en medio del trámite de la Reforma.  ¿Cómo observa la agenda del sector?

No han sido cambios a favor de los trabajadores. En este acento de mayor presencia de los ministros de Hacienda más que del Trabajo, que se ha dado constantemente en la Concertación, más bien se advierte una lógica de la cocina clásica del Senado. Es decir, que ahí cualquier proyecto en la lógica moderada se morigera aún más, por eso tengo mis severas  aprehensiones que pudiera restarse a lo que algunos han entendido como avances en la Reforma. Esto,  aunque yo no comparto ese logro porque en general es un proyecto que no genera mayor avance.

Pero a diferencia de procesos anteriores legislativos (como  la reforma de 2001, 1991 y a mediados de los noventa) es que actualmente hay un segmento de los destinatarios de las normas que ya no se creen el cuento. Lo mismo pasa actualmente con los docentes.

La solución que se da como beneficiosa claramente no es asimilada como pretende el gobierno, lo que sí ocurrió en períodos anteriores. Ahora, por lo menos, nos encontramos con legisladores que han dignificado su labor como el caso de Gabriel Boric o Giorgio Jackson. También tenemos sindicatos de alta representatividad como portuarios,  forestales y  subcontratistas del cobre que están en disparidad de opinión con esta mirada.