El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó una extensión de tres meses en la investigación del caso Penta-SQM. El juez Juan Manuel Escobar aceptó la solicitud presentada por el Ministerio Público, pero acotándolo a 90 días y no a los 150 pedidos originalmente por el equipo de fiscales.
Otra de las medidas planteadas por Sabas Chahuán fue postergar la formalización en contra del operador político Giorgio Martelli y la reformalización del ex gerente general del SQM, las que originalmente estaban fijada para el 30 de junio.
El argumento utilizado por el Ministerio Público son las múltiples diligencias pendientes que quedan por hacer, entre ellas las de incorporar a la investigación las declaraciones entregadas por el ex director del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior a través de funcionarios del Ministerio de Hacienda en contra de la investigación que realizaba el SII a Soquimich.
Chahuán explicaba que “todos los días surgen nuevos antecedentes”, por lo que era probable que surgieran otros interrogatorios e incluso formalizaciones como la del ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el rol que tuvo con la empresa Asesorías y Negocios, firma de Martelli vinculada a una serie de pagos de la minera no metálica.
La respuesta del juez a cargo fue categórica, en su intervención hizo un llamado a que la Fiscalía separe las indagatorias con el fin de ir avanzando en los tiempos y procesos pendientes.
El fiscal Carlos Gajardo defendió el actuar del Ministerio Público que fue cuestionada por todas las defensas y atribuyó la gran cantidad de diligencias pendientes que sustentan la ampliación, en que los imputados han actuado de forma concertada lo que ha dificultado el proceso investigativo.
Uno de los responsables en este entorpecimiento fue el abogado Samuel Donoso, quien presentó un recurso para que no avance el proceso. Además, solicitó que el plazo de extensión fuera acorde a los recursos que fiscalía tiene para desarrollar su trabajo, por ejemplo, los cuatro fiscales “de primer nivel” que trabajan coordinados por el Fiscal Nacional, dijo el hombre que también fue sindicado por Jorratt como parte importante de las presiones que ejercían desde Interior a la vez que era abogado defensor de Contesse.
Posición similar tuvo la abogada defensora del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien también pidió que solo se otorgaran treinta días para la investigación.
Pese a las posiciones de los abogados defensores de los imputados, el juez determinó necesario entregar 120 días para definir los pasos a seguir y cómo el Ministerio Público abordará los próximos pasos del proceso.
Previamente, el abogado querellante en el caso y representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, había declarado que el testimonio de Jorratt en el que se acusa al ex ministro Peñailillo de obstrucción a la justicia son “graves”. Por ello, dijo que es necesario que se investigue al PPD por dichos que pueden dar pie a “una investigación criminal por el posible delito de obstrucción a una investigación penal vigente”.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó una extensión de tres meses en la investigación del caso Penta-SQM. El juez Juan Manuel Escobar aceptó la solicitud presentada por el Ministerio Público, pero acotándolo a 90 días y no a los 150 pedidos originalmente por el equipo de fiscales.
Otra de las medidas planteadas por Sabas Chahuán fue postergar la formalización en contra del operador político Giorgio Martelli y la reformalización del ex gerente general del SQM, las que originalmente estaban fijada para el 30 de junio.
El argumento utilizado por el Ministerio Público son las múltiples diligencias pendientes que quedan por hacer, entre ellas las de incorporar a la investigación las declaraciones entregadas por el ex director del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior a través de funcionarios del Ministerio de Hacienda en contra de la investigación que realizaba el SII a Soquimich.
Chahuán explicaba que “todos los días surgen nuevos antecedentes”, por lo que era probable que surgieran otros interrogatorios e incluso formalizaciones como la del ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el rol que tuvo con la empresa Asesorías y Negocios, firma de Martelli vinculada a una serie de pagos de la minera no metálica.
La respuesta del juez a cargo fue categórica, en su intervención hizo un llamado a que la Fiscalía separe las indagatorias con el fin de ir avanzando en los tiempos y procesos pendientes.
El fiscal Carlos Gajardo defendió el actuar del Ministerio Público que fue cuestionada por todas las defensas y atribuyó la gran cantidad de diligencias pendientes que sustentan la ampliación, en que los imputados han actuado de forma concertada lo que ha dificultado el proceso investigativo.
Uno de los responsables en este entorpecimiento fue el abogado Samuel Donoso, quien presentó un recurso para que no avance el proceso. Además, solicitó que el plazo de extensión fuera acorde a los recursos que fiscalía tiene para desarrollar su trabajo, por ejemplo, los cuatro fiscales “de primer nivel” que trabajan coordinados por el Fiscal Nacional, dijo el hombre que también fue sindicado por Jorratt como parte importante de las presiones que ejercían desde Interior a la vez que era abogado defensor de Contesse.
Posición similar tuvo la abogada defensora del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien también pidió que solo se otorgaran treinta días para la investigación.
Pese a las posiciones de los abogados defensores de los imputados, el juez determinó necesario entregar 120 días para definir los pasos a seguir y cómo el Ministerio Público abordará los próximos pasos del proceso.
Previamente, el abogado querellante en el caso y representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, había declarado que el testimonio de Jorratt en el que se acusa al ex ministro Peñailillo de obstrucción a la justicia son “graves”. Por ello, dijo que es necesario que se investigue al PPD por dichos que pueden dar pie a “una investigación criminal por el posible delito de obstrucción a una investigación penal vigente”.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó una extensión de tres meses en la investigación del caso Penta-SQM. El juez Juan Manuel Escobar aceptó la solicitud presentada por el Ministerio Público, pero acotándolo a 90 días y no a los 150 pedidos originalmente por el equipo de fiscales.
Otra de las medidas planteadas por Sabas Chahuán fue postergar la formalización en contra del operador político Giorgio Martelli y la reformalización del ex gerente general del SQM, las que originalmente estaban fijada para el 30 de junio.
El argumento utilizado por el Ministerio Público son las múltiples diligencias pendientes que quedan por hacer, entre ellas las de incorporar a la investigación las declaraciones entregadas por el ex director del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior a través de funcionarios del Ministerio de Hacienda en contra de la investigación que realizaba el SII a Soquimich.
Chahuán explicaba que “todos los días surgen nuevos antecedentes”, por lo que era probable que surgieran otros interrogatorios e incluso formalizaciones como la del ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el rol que tuvo con la empresa Asesorías y Negocios, firma de Martelli vinculada a una serie de pagos de la minera no metálica.
La respuesta del juez a cargo fue categórica, en su intervención hizo un llamado a que la Fiscalía separe las indagatorias con el fin de ir avanzando en los tiempos y procesos pendientes.
El fiscal Carlos Gajardo defendió el actuar del Ministerio Público que fue cuestionada por todas las defensas y atribuyó la gran cantidad de diligencias pendientes que sustentan la ampliación, en que los imputados han actuado de forma concertada lo que ha dificultado el proceso investigativo.
Uno de los responsables en este entorpecimiento fue el abogado Samuel Donoso, quien presentó un recurso para que no avance el proceso. Además, solicitó que el plazo de extensión fuera acorde a los recursos que fiscalía tiene para desarrollar su trabajo, por ejemplo, los cuatro fiscales “de primer nivel” que trabajan coordinados por el Fiscal Nacional, dijo el hombre que también fue sindicado por Jorratt como parte importante de las presiones que ejercían desde Interior a la vez que era abogado defensor de Contesse.
Posición similar tuvo la abogada defensora del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien también pidió que solo se otorgaran treinta días para la investigación.
Pese a las posiciones de los abogados defensores de los imputados, el juez determinó necesario entregar 120 días para definir los pasos a seguir y cómo el Ministerio Público abordará los próximos pasos del proceso.
Previamente, el abogado querellante en el caso y representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, había declarado que el testimonio de Jorratt en el que se acusa al ex ministro Peñailillo de obstrucción a la justicia son “graves”. Por ello, dijo que es necesario que se investigue al PPD por dichos que pueden dar pie a “una investigación criminal por el posible delito de obstrucción a una investigación penal vigente”.
