A pesar de que todos los abogados constitucionalistas esperan el detalle del proyecto, antes de que arribe al Congreso, parte del anuncio de gratuidad ya es catalogado como inconstitucional.
La ministra Adriana Delpiano especificó que las universidades que deseen optar a la gratuidad a partir del 2016 deberán estar acreditadas por cuatro años. Sin embargo, esta medida solo regirá para las casas de estudio que no pertenezcan al Consejo de Rectores (Cruch) y en la actualidad existen cuatros instituciones del Cruch que no cumplen con esta exigencia.
Para el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil esta distinción “es arbitraria” y no descartó que sea “impugnada”, debido a que para él “hay buenos elementos para sostener su inconstitucionalidad.”
De todas formas, Jorge Correa sostuvo que esto se ordenaría si se modifica el objetivo de la política.
“A menos que el objetivo de la ley no sea ya ayudar a los estudiantes pobres sino favorecer a sus propias universidades, cosa que parece muy razonable, pero que más bien debiera lograrse por la vía de aportes directos.”, expuso Correa.
Una visión similar planteó el abogado Fernando Atria, quien subrayó que es importante revisar los objetivos del proyecto, “no solo cuáles son los requisitos sino que también cuál es la idea que el Gobierno va a desarrollar sobre cuál es el punto hacia el que se está transitando.”
Si bien Fernando Atria expuso que estos “son criterios opinables y dignos de ser discutidos”, también aseveró que “uno no pueda calificarlos solo de arbitrariedad por parte de la autoridad.”
En el caso de que una disposición del proyecto de educación superior llegue al Tribunal Constitucional, sería la segunda iniciativa de la Reforma Educacional en discutirse en esta instancia. Debido a que a comienzos de este año, la promulgación del proyecto que puso fin al lucro, a la selección y el copago se terminó definiendo en el TC.
Por otro lado, el académico de la Universidad de Chile Eric Palma declaró que “cualquier defensa o cuestionamiento que se haga a la decisión del Gobierno son argumentaciones políticas que tienen por objeto incidir en la decisión antes de que ésta sea formulada concreta y certeramente.”
Después de tres modificaciones, desde el Ministerio de Educación han señalado que los últimos criterios anunciados en torno al inicio de la gratuidad son los definitivos. Asimismo, ya afirmaron que el proyecto de ley, con estos cambios, ingresaría a más tardar en septiembre al Hemiciclo. Según los abogados constitucionalistas solo después de esa fecha se podrían definir las arbitrariedades de esta medida.
A pesar de que todos los abogados constitucionalistas esperan el detalle del proyecto, antes de que arribe al Congreso, parte del anuncio de gratuidad ya es catalogado como inconstitucional.
La ministra Adriana Delpiano especificó que las universidades que deseen optar a la gratuidad a partir del 2016 deberán estar acreditadas por cuatro años. Sin embargo, esta medida solo regirá para las casas de estudio que no pertenezcan al Consejo de Rectores (Cruch) y en la actualidad existen cuatros instituciones del Cruch que no cumplen con esta exigencia.
Para el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil esta distinción “es arbitraria” y no descartó que sea “impugnada”, debido a que para él “hay buenos elementos para sostener su inconstitucionalidad.”
De todas formas, Jorge Correa sostuvo que esto se ordenaría si se modifica el objetivo de la política.
“A menos que el objetivo de la ley no sea ya ayudar a los estudiantes pobres sino favorecer a sus propias universidades, cosa que parece muy razonable, pero que más bien debiera lograrse por la vía de aportes directos.”, expuso Correa.
Una visión similar planteó el abogado Fernando Atria, quien subrayó que es importante revisar los objetivos del proyecto, “no solo cuáles son los requisitos sino que también cuál es la idea que el Gobierno va a desarrollar sobre cuál es el punto hacia el que se está transitando.”
Si bien Fernando Atria expuso que estos “son criterios opinables y dignos de ser discutidos”, también aseveró que “uno no pueda calificarlos solo de arbitrariedad por parte de la autoridad.”
En el caso de que una disposición del proyecto de educación superior llegue al Tribunal Constitucional, sería la segunda iniciativa de la Reforma Educacional en discutirse en esta instancia. Debido a que a comienzos de este año, la promulgación del proyecto que puso fin al lucro, a la selección y el copago se terminó definiendo en el TC.
Por otro lado, el académico de la Universidad de Chile Eric Palma declaró que “cualquier defensa o cuestionamiento que se haga a la decisión del Gobierno son argumentaciones políticas que tienen por objeto incidir en la decisión antes de que ésta sea formulada concreta y certeramente.”
Después de tres modificaciones, desde el Ministerio de Educación han señalado que los últimos criterios anunciados en torno al inicio de la gratuidad son los definitivos. Asimismo, ya afirmaron que el proyecto de ley, con estos cambios, ingresaría a más tardar en septiembre al Hemiciclo. Según los abogados constitucionalistas solo después de esa fecha se podrían definir las arbitrariedades de esta medida.
A pesar de que todos los abogados constitucionalistas esperan el detalle del proyecto, antes de que arribe al Congreso, parte del anuncio de gratuidad ya es catalogado como inconstitucional.
La ministra Adriana Delpiano especificó que las universidades que deseen optar a la gratuidad a partir del 2016 deberán estar acreditadas por cuatro años. Sin embargo, esta medida solo regirá para las casas de estudio que no pertenezcan al Consejo de Rectores (Cruch) y en la actualidad existen cuatros instituciones del Cruch que no cumplen con esta exigencia.
Para el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil esta distinción “es arbitraria” y no descartó que sea “impugnada”, debido a que para él “hay buenos elementos para sostener su inconstitucionalidad.”
De todas formas, Jorge Correa sostuvo que esto se ordenaría si se modifica el objetivo de la política.
“A menos que el objetivo de la ley no sea ya ayudar a los estudiantes pobres sino favorecer a sus propias universidades, cosa que parece muy razonable, pero que más bien debiera lograrse por la vía de aportes directos.”, expuso Correa.
Una visión similar planteó el abogado Fernando Atria, quien subrayó que es importante revisar los objetivos del proyecto, “no solo cuáles son los requisitos sino que también cuál es la idea que el Gobierno va a desarrollar sobre cuál es el punto hacia el que se está transitando.”
Si bien Fernando Atria expuso que estos “son criterios opinables y dignos de ser discutidos”, también aseveró que “uno no pueda calificarlos solo de arbitrariedad por parte de la autoridad.”
En el caso de que una disposición del proyecto de educación superior llegue al Tribunal Constitucional, sería la segunda iniciativa de la Reforma Educacional en discutirse en esta instancia. Debido a que a comienzos de este año, la promulgación del proyecto que puso fin al lucro, a la selección y el copago se terminó definiendo en el TC.
Por otro lado, el académico de la Universidad de Chile Eric Palma declaró que “cualquier defensa o cuestionamiento que se haga a la decisión del Gobierno son argumentaciones políticas que tienen por objeto incidir en la decisión antes de que ésta sea formulada concreta y certeramente.”
Después de tres modificaciones, desde el Ministerio de Educación han señalado que los últimos criterios anunciados en torno al inicio de la gratuidad son los definitivos. Asimismo, ya afirmaron que el proyecto de ley, con estos cambios, ingresaría a más tardar en septiembre al Hemiciclo. Según los abogados constitucionalistas solo después de esa fecha se podrían definir las arbitrariedades de esta medida.
