Sin expectativas se manifestaron las organizaciones de derechos humanos frente a la decisión tomada por la Comisión de Defensa de la Cámara de citar a los comandantes en jefe de las FF.AA. para que entreguen antecedentes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de sus instituciones, en materia de crímenes cometidos durante la Dictadura.
Si bien la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró la importancia simbólica de este gesto por parte de la unanimidad de los parlamentarios que componen esta comisión, anticipó que la respuesta de los comandantes en jefe será que no tienen ninguna información, y que con esto se darán por satisfechos en el Congreso.
“Es un hecho importante, pero la respuesta de los comandantes en jefe será, seguramente, la que han dado siempre: que no tienen la información, y eso va a bastar. Eso les va a dejar satisfecho y van a decir “lo hicimos, los comandantes en jefe dicen que no tienen la información, y nosotros no tenemos por qué no creerles”. Ese es el tema”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, coincidió con Lorena Pizarro en el sentido que esta citación es una maniobra comunicacional más que una iniciativa efectiva en la búsqueda de verdad en relación con los crímenes cometidos por las FF.AA., y emplazó al Gobierno a que se les exija a que entreguen información, ya que la experiencia de la Mesa de Diálogo instaurada durante la administración de Eduardo Frei a fines de los 90, dio cuenta de la nula voluntad de parte de la oficialidad de las instituciones castrenses de dar a conocer datos para esclarecer las violaciones a los DD.HH., afirmó Alicia Lira.
“Valoramos porque por primera vez creo que los citan, pero la Comisión de Defensa no tiene ninguna atribución para exigirle, porque nosotros estamos por exigirles, el Gobierno está para exigirle, no para consultarles porque ya las consultas lo demostraron en la Mesa de Dialogo que mintieron, y entregaron información falsa, por lo tanto las oportunidades a las Fuerzas Armadas se les han dado y no han cumplido”.
Lorena Pizarro, al igual que Alicia Lira, sostuvo que el Estado no debe seguir amparando a los violadores de los DD.HH, y en este sentido es necesario decretar el cierre de Punta Peuco, y decretar la degradación los miembros de las FF.AA. que estén involucrados en este tipo de delitos.
“Tiene que ver con cómo se toman medidas que permitan fracturar esta operación de encubrimiento, y sin duda que hay acciones concretas que se pueden hacer, como significa el cierre de Punta Peuco, porque lo que ocurre con la existencia de ese penal es que la señal que se da es que el Estado sigue amparando a estos sujetos. La degradación, que se prohíba que instituciones de las Fuerzas Armadas los recuerden y lleven nombres de ellos”.
Los comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. deberán acudir el próximo martes 11 de agosto a la Comisión de Defensa de la Cámara, para responder las interrogantes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de las instituciones, situación que surgió, recordemos, luego de la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán, quien reveló la existencia de uno de estos pactos en relación con el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana.
El presidente de la comisión, (DC) Jaime Pilowsky aseguró que “mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de los que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para Chile”
Sin expectativas se manifestaron las organizaciones de derechos humanos frente a la decisión tomada por la Comisión de Defensa de la Cámara de citar a los comandantes en jefe de las FF.AA. para que entreguen antecedentes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de sus instituciones, en materia de crímenes cometidos durante la Dictadura.
Si bien la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró la importancia simbólica de este gesto por parte de la unanimidad de los parlamentarios que componen esta comisión, anticipó que la respuesta de los comandantes en jefe será que no tienen ninguna información, y que con esto se darán por satisfechos en el Congreso.
“Es un hecho importante, pero la respuesta de los comandantes en jefe será, seguramente, la que han dado siempre: que no tienen la información, y eso va a bastar. Eso les va a dejar satisfecho y van a decir “lo hicimos, los comandantes en jefe dicen que no tienen la información, y nosotros no tenemos por qué no creerles”. Ese es el tema”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, coincidió con Lorena Pizarro en el sentido que esta citación es una maniobra comunicacional más que una iniciativa efectiva en la búsqueda de verdad en relación con los crímenes cometidos por las FF.AA., y emplazó al Gobierno a que se les exija a que entreguen información, ya que la experiencia de la Mesa de Diálogo instaurada durante la administración de Eduardo Frei a fines de los 90, dio cuenta de la nula voluntad de parte de la oficialidad de las instituciones castrenses de dar a conocer datos para esclarecer las violaciones a los DD.HH., afirmó Alicia Lira.
“Valoramos porque por primera vez creo que los citan, pero la Comisión de Defensa no tiene ninguna atribución para exigirle, porque nosotros estamos por exigirles, el Gobierno está para exigirle, no para consultarles porque ya las consultas lo demostraron en la Mesa de Dialogo que mintieron, y entregaron información falsa, por lo tanto las oportunidades a las Fuerzas Armadas se les han dado y no han cumplido”.
Lorena Pizarro, al igual que Alicia Lira, sostuvo que el Estado no debe seguir amparando a los violadores de los DD.HH, y en este sentido es necesario decretar el cierre de Punta Peuco, y decretar la degradación los miembros de las FF.AA. que estén involucrados en este tipo de delitos.
“Tiene que ver con cómo se toman medidas que permitan fracturar esta operación de encubrimiento, y sin duda que hay acciones concretas que se pueden hacer, como significa el cierre de Punta Peuco, porque lo que ocurre con la existencia de ese penal es que la señal que se da es que el Estado sigue amparando a estos sujetos. La degradación, que se prohíba que instituciones de las Fuerzas Armadas los recuerden y lleven nombres de ellos”.
Los comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. deberán acudir el próximo martes 11 de agosto a la Comisión de Defensa de la Cámara, para responder las interrogantes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de las instituciones, situación que surgió, recordemos, luego de la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán, quien reveló la existencia de uno de estos pactos en relación con el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana.
El presidente de la comisión, (DC) Jaime Pilowsky aseguró que “mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de los que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para Chile”
Sin expectativas se manifestaron las organizaciones de derechos humanos frente a la decisión tomada por la Comisión de Defensa de la Cámara de citar a los comandantes en jefe de las FF.AA. para que entreguen antecedentes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de sus instituciones, en materia de crímenes cometidos durante la Dictadura.
Si bien la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró la importancia simbólica de este gesto por parte de la unanimidad de los parlamentarios que componen esta comisión, anticipó que la respuesta de los comandantes en jefe será que no tienen ninguna información, y que con esto se darán por satisfechos en el Congreso.
“Es un hecho importante, pero la respuesta de los comandantes en jefe será, seguramente, la que han dado siempre: que no tienen la información, y eso va a bastar. Eso les va a dejar satisfecho y van a decir “lo hicimos, los comandantes en jefe dicen que no tienen la información, y nosotros no tenemos por qué no creerles”. Ese es el tema”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, coincidió con Lorena Pizarro en el sentido que esta citación es una maniobra comunicacional más que una iniciativa efectiva en la búsqueda de verdad en relación con los crímenes cometidos por las FF.AA., y emplazó al Gobierno a que se les exija a que entreguen información, ya que la experiencia de la Mesa de Diálogo instaurada durante la administración de Eduardo Frei a fines de los 90, dio cuenta de la nula voluntad de parte de la oficialidad de las instituciones castrenses de dar a conocer datos para esclarecer las violaciones a los DD.HH., afirmó Alicia Lira.
“Valoramos porque por primera vez creo que los citan, pero la Comisión de Defensa no tiene ninguna atribución para exigirle, porque nosotros estamos por exigirles, el Gobierno está para exigirle, no para consultarles porque ya las consultas lo demostraron en la Mesa de Dialogo que mintieron, y entregaron información falsa, por lo tanto las oportunidades a las Fuerzas Armadas se les han dado y no han cumplido”.
Lorena Pizarro, al igual que Alicia Lira, sostuvo que el Estado no debe seguir amparando a los violadores de los DD.HH, y en este sentido es necesario decretar el cierre de Punta Peuco, y decretar la degradación los miembros de las FF.AA. que estén involucrados en este tipo de delitos.
“Tiene que ver con cómo se toman medidas que permitan fracturar esta operación de encubrimiento, y sin duda que hay acciones concretas que se pueden hacer, como significa el cierre de Punta Peuco, porque lo que ocurre con la existencia de ese penal es que la señal que se da es que el Estado sigue amparando a estos sujetos. La degradación, que se prohíba que instituciones de las Fuerzas Armadas los recuerden y lleven nombres de ellos”.
Los comandantes en jefe de las tres ramas de las FF.AA. deberán acudir el próximo martes 11 de agosto a la Comisión de Defensa de la Cámara, para responder las interrogantes sobre la existencia de pactos de silencio al interior de las instituciones, situación que surgió, recordemos, luego de la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán, quien reveló la existencia de uno de estos pactos en relación con el crimen de Rodrigo Rojas de Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana.
El presidente de la comisión, (DC) Jaime Pilowsky aseguró que “mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de los que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para Chile”
