Para las 9.30 de la mañana estaban citados todos los presidentes de la Nueva Mayoría a la promulgación de la Ley 20.861 que fortalece el Ministerio Público. Pese a que es la primera actividad de la Mandataria luego de su estadía en México, solo radicales y la Izquierda Ciudadana llegaron al lugar.
La ausencia del resto de los máximos representantes del oficialismo se interpretó como otro antecedente que se suma a la vasta lista de desencuentros en el conglomerado de Gobierno. Esta vez, el problema fue la suspensión del Comité Político de los lunes, situación que molestó a los presidentes de la Nueva Mayoría.
La principal crítica es que este no es un momento para eludir las conversaciones. Por ello, en el instante en el que recibieron la información de la cancelación del tradicional encuentro, empezaron los cuestionamientos a la decisión del Ministerio del Interior.
El presidente del PR Ernesto Velasco aseguró que fue una buena decisión suspender la cita: “Creo que los momentos de hoy son de coordinación y mayor fiato político y para eso tenemos que fortalecer los mecanismos institucionales de participación como es el comité político”.
Por ello, el gesto político de la abstención del acto es leído con preocupación. Sobre todo, cuando día a día voces cercanas al conglomerado y miembros de la ex Concertación opinan sobre la crisis que viven y las posibilidades reales que tienen de traspasar juntos al próximo gobierno.
En la actividad misma, y como parte de la Agenda de Seguridad que impulsa el Gobierno, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley 20.861.
La nueva legislación contempla ajustes en la dotación de la institución, lo que permitirá aumentar la dotación de la Fiscalía en 577 personas. También crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para desarrollar estrategias e iniciativas para investigar delitos específicos.
En su discurso, la Mandataria aseguró que la seguridad es un tema controlado en el país y que no tiene comparación con lo que sucede en otras latitudes: “Si miramos las cifras globales- los delitos de mayor connotación social, aquellos que afectan más gravemente, se han ido reduciendo sistemáticamente. Si nos comparamos con otros países similares, Chile es un país seguro”.
Refiriéndose al objetivo de la normativa, remarcó que: “Con esto, buscamos que ningún delito, por simple o pequeño que sea, quede sin ser investigado o se archive por falta de antecedentes, y que todas las denuncias sean atendidas de la mejor forma posible”.
Entre los anuncios, la Jefa de Estado informó que se está implementando el Plan Nacional de Seguridad Pública a lo largo del país, que permitirá que “trabajando coordinadamente el Gobierno con las policías, los municipios y los propios vecinos, podamos responder a las necesidades en seguridad de cada barrio, de cada comuna de Chile”.
“El Gobierno no puede perseguir delincuentes, pero sí puede entregar mejores herramientas y más presupuesto a los fiscales para que protejan a las víctimas y puedan hacer mejor su trabajo”, dijo respondiendo a la inquietud ciudadana por la presencia de robos y hurtos a las viviendas, principalmente.
Para las 9.30 de la mañana estaban citados todos los presidentes de la Nueva Mayoría a la promulgación de la Ley 20.861 que fortalece el Ministerio Público. Pese a que es la primera actividad de la Mandataria luego de su estadía en México, solo radicales y la Izquierda Ciudadana llegaron al lugar.
La ausencia del resto de los máximos representantes del oficialismo se interpretó como otro antecedente que se suma a la vasta lista de desencuentros en el conglomerado de Gobierno. Esta vez, el problema fue la suspensión del Comité Político de los lunes, situación que molestó a los presidentes de la Nueva Mayoría.
La principal crítica es que este no es un momento para eludir las conversaciones. Por ello, en el instante en el que recibieron la información de la cancelación del tradicional encuentro, empezaron los cuestionamientos a la decisión del Ministerio del Interior.
El presidente del PR Ernesto Velasco aseguró que fue una buena decisión suspender la cita: “Creo que los momentos de hoy son de coordinación y mayor fiato político y para eso tenemos que fortalecer los mecanismos institucionales de participación como es el comité político”.
Por ello, el gesto político de la abstención del acto es leído con preocupación. Sobre todo, cuando día a día voces cercanas al conglomerado y miembros de la ex Concertación opinan sobre la crisis que viven y las posibilidades reales que tienen de traspasar juntos al próximo gobierno.
En la actividad misma, y como parte de la Agenda de Seguridad que impulsa el Gobierno, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley 20.861.
La nueva legislación contempla ajustes en la dotación de la institución, lo que permitirá aumentar la dotación de la Fiscalía en 577 personas. También crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para desarrollar estrategias e iniciativas para investigar delitos específicos.
En su discurso, la Mandataria aseguró que la seguridad es un tema controlado en el país y que no tiene comparación con lo que sucede en otras latitudes: “Si miramos las cifras globales- los delitos de mayor connotación social, aquellos que afectan más gravemente, se han ido reduciendo sistemáticamente. Si nos comparamos con otros países similares, Chile es un país seguro”.
Refiriéndose al objetivo de la normativa, remarcó que: “Con esto, buscamos que ningún delito, por simple o pequeño que sea, quede sin ser investigado o se archive por falta de antecedentes, y que todas las denuncias sean atendidas de la mejor forma posible”.
Entre los anuncios, la Jefa de Estado informó que se está implementando el Plan Nacional de Seguridad Pública a lo largo del país, que permitirá que “trabajando coordinadamente el Gobierno con las policías, los municipios y los propios vecinos, podamos responder a las necesidades en seguridad de cada barrio, de cada comuna de Chile”.
“El Gobierno no puede perseguir delincuentes, pero sí puede entregar mejores herramientas y más presupuesto a los fiscales para que protejan a las víctimas y puedan hacer mejor su trabajo”, dijo respondiendo a la inquietud ciudadana por la presencia de robos y hurtos a las viviendas, principalmente.
Para las 9.30 de la mañana estaban citados todos los presidentes de la Nueva Mayoría a la promulgación de la Ley 20.861 que fortalece el Ministerio Público. Pese a que es la primera actividad de la Mandataria luego de su estadía en México, solo radicales y la Izquierda Ciudadana llegaron al lugar.
La ausencia del resto de los máximos representantes del oficialismo se interpretó como otro antecedente que se suma a la vasta lista de desencuentros en el conglomerado de Gobierno. Esta vez, el problema fue la suspensión del Comité Político de los lunes, situación que molestó a los presidentes de la Nueva Mayoría.
La principal crítica es que este no es un momento para eludir las conversaciones. Por ello, en el instante en el que recibieron la información de la cancelación del tradicional encuentro, empezaron los cuestionamientos a la decisión del Ministerio del Interior.
El presidente del PR Ernesto Velasco aseguró que fue una buena decisión suspender la cita: “Creo que los momentos de hoy son de coordinación y mayor fiato político y para eso tenemos que fortalecer los mecanismos institucionales de participación como es el comité político”.
Por ello, el gesto político de la abstención del acto es leído con preocupación. Sobre todo, cuando día a día voces cercanas al conglomerado y miembros de la ex Concertación opinan sobre la crisis que viven y las posibilidades reales que tienen de traspasar juntos al próximo gobierno.
En la actividad misma, y como parte de la Agenda de Seguridad que impulsa el Gobierno, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley 20.861.
La nueva legislación contempla ajustes en la dotación de la institución, lo que permitirá aumentar la dotación de la Fiscalía en 577 personas. También crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para desarrollar estrategias e iniciativas para investigar delitos específicos.
En su discurso, la Mandataria aseguró que la seguridad es un tema controlado en el país y que no tiene comparación con lo que sucede en otras latitudes: “Si miramos las cifras globales- los delitos de mayor connotación social, aquellos que afectan más gravemente, se han ido reduciendo sistemáticamente. Si nos comparamos con otros países similares, Chile es un país seguro”.
Refiriéndose al objetivo de la normativa, remarcó que: “Con esto, buscamos que ningún delito, por simple o pequeño que sea, quede sin ser investigado o se archive por falta de antecedentes, y que todas las denuncias sean atendidas de la mejor forma posible”.
Entre los anuncios, la Jefa de Estado informó que se está implementando el Plan Nacional de Seguridad Pública a lo largo del país, que permitirá que “trabajando coordinadamente el Gobierno con las policías, los municipios y los propios vecinos, podamos responder a las necesidades en seguridad de cada barrio, de cada comuna de Chile”.
“El Gobierno no puede perseguir delincuentes, pero sí puede entregar mejores herramientas y más presupuesto a los fiscales para que protejan a las víctimas y puedan hacer mejor su trabajo”, dijo respondiendo a la inquietud ciudadana por la presencia de robos y hurtos a las viviendas, principalmente.
