La semana pasada la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) dio inicio a la tercera y última etapa de la Ley que regula el Lobby: la implementación en municipios, que deberá entregar información sobre sus reuniones con lobbystas o gestores de interés, al igual que el Ejecutivo y el Congreso.
Las autoridades han hecho una positiva evaluación de la implementación de la normativa. Sin embargo, todavía existen vacíos que inquietan a diversos sectores.
Esto ya que en el último mes, en dos discusiones legislativas se han denunciado una eficaz influencia por parte del sector privado. El diputado Fuad Chaín (DC) señaló hace un tiempo que “los senadores se ponen de rodillas ante la presión empresarial y le dan la espalda a los consumidores”, al rechazarse la gratuidad en estacionamientos que se había aprobado en la Cámara Baja.
Por otra parte, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, denunció hace una semana una presión muy fuerte del sector minero y los grandes empresarios agrícolas para imponer sus términos en puntos como la caducidad de los derechos de agua, en el debate de la reforma al Código que regula dicho recurso.
Dos parlamentarios confirmaron a Radio Universidad de Chile que la regulación no impide estas presiones.
El primero, el diputado Giorgio Jackson, adelantó las acciones que podrían implementarse para que la Ley no termine siendo letra muerta: “la eliminación de los aportes reservados y de empresas es fundamental para estos efectos. El no permitir que sean las empresas privadas las que financien la política en todos sus aspectos y que la gente participe más”.
Según el parlamentario, “mientras más avanza la democracia menos poder tienen los particulares, porque significa que el poder se distribuye y mandata desde más personas. Creo que es un problema que va más allá de las precisiones que establece la Ley de Lobby”.
El senador Alejandro Navarro, por su parte, subrayó que en el debate de la modificación del Código de Aguas hay que estar atentos, pero reconoció las formas alternativas que existen todavía para que grupos de interés ejerzan presiones sobre las autoridades.
“Hay múltiples formas colaterales en donde se le hace llegar a los parlamentarios diversas opiniones, entonces creo que hay que ajustarse a una agenda oficial. Ahora, efectivamente reportar los almuerzos familiares los domingos en función del lobby es complejo, pero también ocurre, en temas familiares o de amistad. Entonces hay que enfocarse en el lobby oficial que se ejerce al interior del Congreso, y ese tiene que ser siempre transparente”, afirmó.
El abogado e investigador en la materia, Renato Garín, aseguró que el tiempo dirá cuán efectiva resultará la Ley del Lobby, agregando que es esperable un mayor volumen de audiencias registradas, “para comprender quienes son los actores que más concurren a las autoridades”.
“Yo he pensado siempre que las oficinas de comunicación estratégica, la que conduce Enrique Correa, la que tiene Gonzalo Cordero, las hermanas Velasco, el grupo Echeverry, son un actor muy importante, aunque por ahora el volumen de audiencia que ellos han solicitado no aparece tan mayor, sumadas todas no llegan a las 100. Por ahí habría una especie de reflexión pendiente, respecto de si acaso las oficinas de comunicación estratégica son tan importantes”, dijo.
Según el experto, se está frente a una ley con sanciones muy bajas, que además equivoca de camino al colocar el acento regulatorio en el sujeto pasivo y no en los activos, es decir, quienes ejercen el Lobby.
La semana pasada la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) dio inicio a la tercera y última etapa de la Ley que regula el Lobby: la implementación en municipios, que deberá entregar información sobre sus reuniones con lobbystas o gestores de interés, al igual que el Ejecutivo y el Congreso.
Las autoridades han hecho una positiva evaluación de la implementación de la normativa. Sin embargo, todavía existen vacíos que inquietan a diversos sectores.
Esto ya que en el último mes, en dos discusiones legislativas se han denunciado una eficaz influencia por parte del sector privado. El diputado Fuad Chaín (DC) señaló hace un tiempo que “los senadores se ponen de rodillas ante la presión empresarial y le dan la espalda a los consumidores”, al rechazarse la gratuidad en estacionamientos que se había aprobado en la Cámara Baja.
Por otra parte, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, denunció hace una semana una presión muy fuerte del sector minero y los grandes empresarios agrícolas para imponer sus términos en puntos como la caducidad de los derechos de agua, en el debate de la reforma al Código que regula dicho recurso.
Dos parlamentarios confirmaron a Radio Universidad de Chile que la regulación no impide estas presiones.
El primero, el diputado Giorgio Jackson, adelantó las acciones que podrían implementarse para que la Ley no termine siendo letra muerta: “la eliminación de los aportes reservados y de empresas es fundamental para estos efectos. El no permitir que sean las empresas privadas las que financien la política en todos sus aspectos y que la gente participe más”.
Según el parlamentario, “mientras más avanza la democracia menos poder tienen los particulares, porque significa que el poder se distribuye y mandata desde más personas. Creo que es un problema que va más allá de las precisiones que establece la Ley de Lobby”.
El senador Alejandro Navarro, por su parte, subrayó que en el debate de la modificación del Código de Aguas hay que estar atentos, pero reconoció las formas alternativas que existen todavía para que grupos de interés ejerzan presiones sobre las autoridades.
“Hay múltiples formas colaterales en donde se le hace llegar a los parlamentarios diversas opiniones, entonces creo que hay que ajustarse a una agenda oficial. Ahora, efectivamente reportar los almuerzos familiares los domingos en función del lobby es complejo, pero también ocurre, en temas familiares o de amistad. Entonces hay que enfocarse en el lobby oficial que se ejerce al interior del Congreso, y ese tiene que ser siempre transparente”, afirmó.
El abogado e investigador en la materia, Renato Garín, aseguró que el tiempo dirá cuán efectiva resultará la Ley del Lobby, agregando que es esperable un mayor volumen de audiencias registradas, “para comprender quienes son los actores que más concurren a las autoridades”.
“Yo he pensado siempre que las oficinas de comunicación estratégica, la que conduce Enrique Correa, la que tiene Gonzalo Cordero, las hermanas Velasco, el grupo Echeverry, son un actor muy importante, aunque por ahora el volumen de audiencia que ellos han solicitado no aparece tan mayor, sumadas todas no llegan a las 100. Por ahí habría una especie de reflexión pendiente, respecto de si acaso las oficinas de comunicación estratégica son tan importantes”, dijo.
Según el experto, se está frente a una ley con sanciones muy bajas, que además equivoca de camino al colocar el acento regulatorio en el sujeto pasivo y no en los activos, es decir, quienes ejercen el Lobby.
La semana pasada la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) dio inicio a la tercera y última etapa de la Ley que regula el Lobby: la implementación en municipios, que deberá entregar información sobre sus reuniones con lobbystas o gestores de interés, al igual que el Ejecutivo y el Congreso.
Las autoridades han hecho una positiva evaluación de la implementación de la normativa. Sin embargo, todavía existen vacíos que inquietan a diversos sectores.
Esto ya que en el último mes, en dos discusiones legislativas se han denunciado una eficaz influencia por parte del sector privado. El diputado Fuad Chaín (DC) señaló hace un tiempo que “los senadores se ponen de rodillas ante la presión empresarial y le dan la espalda a los consumidores”, al rechazarse la gratuidad en estacionamientos que se había aprobado en la Cámara Baja.
Por otra parte, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, denunció hace una semana una presión muy fuerte del sector minero y los grandes empresarios agrícolas para imponer sus términos en puntos como la caducidad de los derechos de agua, en el debate de la reforma al Código que regula dicho recurso.
Dos parlamentarios confirmaron a Radio Universidad de Chile que la regulación no impide estas presiones.
El primero, el diputado Giorgio Jackson, adelantó las acciones que podrían implementarse para que la Ley no termine siendo letra muerta: “la eliminación de los aportes reservados y de empresas es fundamental para estos efectos. El no permitir que sean las empresas privadas las que financien la política en todos sus aspectos y que la gente participe más”.
Según el parlamentario, “mientras más avanza la democracia menos poder tienen los particulares, porque significa que el poder se distribuye y mandata desde más personas. Creo que es un problema que va más allá de las precisiones que establece la Ley de Lobby”.
El senador Alejandro Navarro, por su parte, subrayó que en el debate de la modificación del Código de Aguas hay que estar atentos, pero reconoció las formas alternativas que existen todavía para que grupos de interés ejerzan presiones sobre las autoridades.
“Hay múltiples formas colaterales en donde se le hace llegar a los parlamentarios diversas opiniones, entonces creo que hay que ajustarse a una agenda oficial. Ahora, efectivamente reportar los almuerzos familiares los domingos en función del lobby es complejo, pero también ocurre, en temas familiares o de amistad. Entonces hay que enfocarse en el lobby oficial que se ejerce al interior del Congreso, y ese tiene que ser siempre transparente”, afirmó.
El abogado e investigador en la materia, Renato Garín, aseguró que el tiempo dirá cuán efectiva resultará la Ley del Lobby, agregando que es esperable un mayor volumen de audiencias registradas, “para comprender quienes son los actores que más concurren a las autoridades”.
“Yo he pensado siempre que las oficinas de comunicación estratégica, la que conduce Enrique Correa, la que tiene Gonzalo Cordero, las hermanas Velasco, el grupo Echeverry, son un actor muy importante, aunque por ahora el volumen de audiencia que ellos han solicitado no aparece tan mayor, sumadas todas no llegan a las 100. Por ahí habría una especie de reflexión pendiente, respecto de si acaso las oficinas de comunicación estratégica son tan importantes”, dijo.
Según el experto, se está frente a una ley con sanciones muy bajas, que además equivoca de camino al colocar el acento regulatorio en el sujeto pasivo y no en los activos, es decir, quienes ejercen el Lobby.
