No pasaron desapercibidas las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en relación a que mil doscientos funcionarios de la CNI pasaron a planta en el Ejército gracias a una ley secreta de la dictadura.
De acuerdo a esto Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que le parece propio “de la siempre inconclusa transición a la democracia la permanencia, 25 años después del término de la dictadura, de estos enclaves del autoritarismo”.
“Es la realidad de un país que vive en la impunidad. A mí me sorprende que a 25 años de terminada la dictadura, todavía no se tomen medidas para terminarlas, pero lo más peligroso de esto es como la transición ha actuado de la misma manera, porque no ha terminado con estos decretos que amparan la impunidad de los violadores de Derechos Humanos”.
Además, el abogado José Luis Ugarte indicó que estas leyes secretas son un atentado a cualquier Estado de Derecho y que corresponden a un afán fraudulento de retener personal que tal vez pudiera ser incómodo lejos de la institución.
“Son un atentado básico al Estado de Derecho, en una democracia, leyes secretas, salvo cuestiones vinculadas a defensa, pero a defensa real, son inaceptables”.
El jurista enfatizó en que se trata de leyes que no tienen un estatuto especial, por lo que pueden ser derogadas por una ley pública, de modo que la voluntad política de un Ejecutivo mayoritario debiese bastar para que dichos cuerpos legales sean extirpados de nuestra legislación.
Además, indicó que en caso de existir leyes de esta naturaleza tienen que estar íntimamente relacionadas con asuntos de seguridad nacional, entre las que a su criterio no se cuenta contratar a ex agentes de aparatos represivos.
“Son leyes que no tienen una naturaleza jurídica especial, lo que pasa es que de existir, tienen que ser excepcionales y especialmente fundadas, el problema es que nadie sabe si es que cumplen con esas condiciones. Mantener funcionarios de la CNI contratados fraudulentamente no tiene nada que ver con la seguridad del Estado”.
El reconocimiento que hiciera el ministro Gómez reabre la discusión sobre los enclaves autoritarios que permanecen vigentes en Chile, resguardando a quienes de manera coordinada persiguieron, y aplicaron torturas, asesinatos e incluso desapariciones durante la dictadura cívico militar.
No pasaron desapercibidas las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en relación a que mil doscientos funcionarios de la CNI pasaron a planta en el Ejército gracias a una ley secreta de la dictadura.
De acuerdo a esto Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que le parece propio “de la siempre inconclusa transición a la democracia la permanencia, 25 años después del término de la dictadura, de estos enclaves del autoritarismo”.
“Es la realidad de un país que vive en la impunidad. A mí me sorprende que a 25 años de terminada la dictadura, todavía no se tomen medidas para terminarlas, pero lo más peligroso de esto es como la transición ha actuado de la misma manera, porque no ha terminado con estos decretos que amparan la impunidad de los violadores de Derechos Humanos”.
Además, el abogado José Luis Ugarte indicó que estas leyes secretas son un atentado a cualquier Estado de Derecho y que corresponden a un afán fraudulento de retener personal que tal vez pudiera ser incómodo lejos de la institución.
“Son un atentado básico al Estado de Derecho, en una democracia, leyes secretas, salvo cuestiones vinculadas a defensa, pero a defensa real, son inaceptables”.
El jurista enfatizó en que se trata de leyes que no tienen un estatuto especial, por lo que pueden ser derogadas por una ley pública, de modo que la voluntad política de un Ejecutivo mayoritario debiese bastar para que dichos cuerpos legales sean extirpados de nuestra legislación.
Además, indicó que en caso de existir leyes de esta naturaleza tienen que estar íntimamente relacionadas con asuntos de seguridad nacional, entre las que a su criterio no se cuenta contratar a ex agentes de aparatos represivos.
“Son leyes que no tienen una naturaleza jurídica especial, lo que pasa es que de existir, tienen que ser excepcionales y especialmente fundadas, el problema es que nadie sabe si es que cumplen con esas condiciones. Mantener funcionarios de la CNI contratados fraudulentamente no tiene nada que ver con la seguridad del Estado”.
El reconocimiento que hiciera el ministro Gómez reabre la discusión sobre los enclaves autoritarios que permanecen vigentes en Chile, resguardando a quienes de manera coordinada persiguieron, y aplicaron torturas, asesinatos e incluso desapariciones durante la dictadura cívico militar.
No pasaron desapercibidas las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en relación a que mil doscientos funcionarios de la CNI pasaron a planta en el Ejército gracias a una ley secreta de la dictadura.
De acuerdo a esto Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que le parece propio “de la siempre inconclusa transición a la democracia la permanencia, 25 años después del término de la dictadura, de estos enclaves del autoritarismo”.
“Es la realidad de un país que vive en la impunidad. A mí me sorprende que a 25 años de terminada la dictadura, todavía no se tomen medidas para terminarlas, pero lo más peligroso de esto es como la transición ha actuado de la misma manera, porque no ha terminado con estos decretos que amparan la impunidad de los violadores de Derechos Humanos”.
Además, el abogado José Luis Ugarte indicó que estas leyes secretas son un atentado a cualquier Estado de Derecho y que corresponden a un afán fraudulento de retener personal que tal vez pudiera ser incómodo lejos de la institución.
“Son un atentado básico al Estado de Derecho, en una democracia, leyes secretas, salvo cuestiones vinculadas a defensa, pero a defensa real, son inaceptables”.
El jurista enfatizó en que se trata de leyes que no tienen un estatuto especial, por lo que pueden ser derogadas por una ley pública, de modo que la voluntad política de un Ejecutivo mayoritario debiese bastar para que dichos cuerpos legales sean extirpados de nuestra legislación.
Además, indicó que en caso de existir leyes de esta naturaleza tienen que estar íntimamente relacionadas con asuntos de seguridad nacional, entre las que a su criterio no se cuenta contratar a ex agentes de aparatos represivos.
“Son leyes que no tienen una naturaleza jurídica especial, lo que pasa es que de existir, tienen que ser excepcionales y especialmente fundadas, el problema es que nadie sabe si es que cumplen con esas condiciones. Mantener funcionarios de la CNI contratados fraudulentamente no tiene nada que ver con la seguridad del Estado”.
El reconocimiento que hiciera el ministro Gómez reabre la discusión sobre los enclaves autoritarios que permanecen vigentes en Chile, resguardando a quienes de manera coordinada persiguieron, y aplicaron torturas, asesinatos e incluso desapariciones durante la dictadura cívico militar.
