Un nuevo capítulo se suma a las noticias que circulan en torno al Fiscal Alberto Ayala. Ahora, no es Sabas Chahúan quien lo acuse de filtrar información del Ministerio Público en el caso SQM, sino que el problema es su nombramiento en la región de Antofagasta.
La Federación Nacional del Ministerio Público en conjunto con la Asociación Gremial de Fiscales de la Zona Sur y la Asociación de Funcionarios, Técnicos y Profesionales de la Fiscalía Metropolitana Sur, solicitaron a la Contraloría General de la República que suspendiera el procedimiento, por ser “ilegal e inconstitucional”.
El motivo, según indican en el documento, sería que la designación contravino normas constitucionales y legales que regulan el procedimiento: “Desde ya manifestamos que no se trata de algún reproche que diga relación con el nombre propio o la persona quien ha sido objeto de la designación, sino nuestra petición obedece única y exclusivamente a la inconstitucionalidad e ilegalidad que estimamos afecta al proceso en sí, lo que se ve más agravado aún, por la actual situación del país y considerando los graves efectos que ha producido el tratamiento que se ha hecho sobre la materia”.
En lo medular, describen, la inconstitucionalidad e ilegalidad estaría dada por la transgresión de la prohibición Constitucional y legal, que establece en definitiva que una misma persona, no pueda ejercer por más de ocho años el cargo de Fiscal Regional. Lo que se contraviene, toda vez que Ayala ejerció este mismo puesto en la Fiscalía Metropolitana Oriente.
“El artículo 86 inciso final de nuestra Constitución Política (…) explicita que no podrán ser designados como fiscales regionales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Nuestro Código Político establece una prohibición expresa y no contiene excepciones de ninguna naturaleza a dicha regla”, agregan.
En ese sentido, los firmantes piden que el nombramiento efectuado por Sabas Chahuán sea sometido al cumplimiento de la supremacía constitucional y, por ello, piden se declare improcedente el arribo de Ayala a la zona.
“Con el actual nombramiento del Fiscal Regional de Antofagasta, quien se encontraba ejerciendo actualmente como Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, previo a ello en la Región de Los Lagos y previo a ello, en la Región de Antofagasta, lo que implica que ya siento Fiscal Regional fue designado como tal, para un nuevo periodo siguiente, todo lo anterior sin solución de continuidad”, explican en el documento.
Por ello, piden al órgano rector que emita un pronunciamiento general sobre “esta forma de burlar la prohibición, afectando gravemente al ordenamiento constitucional, burlando la norma de la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y afectando además la carrera funcionaria de fiscales adjuntos”.
Un nuevo capítulo se suma a las noticias que circulan en torno al Fiscal Alberto Ayala. Ahora, no es Sabas Chahúan quien lo acuse de filtrar información del Ministerio Público en el caso SQM, sino que el problema es su nombramiento en la región de Antofagasta.
La Federación Nacional del Ministerio Público en conjunto con la Asociación Gremial de Fiscales de la Zona Sur y la Asociación de Funcionarios, Técnicos y Profesionales de la Fiscalía Metropolitana Sur, solicitaron a la Contraloría General de la República que suspendiera el procedimiento, por ser “ilegal e inconstitucional”.
El motivo, según indican en el documento, sería que la designación contravino normas constitucionales y legales que regulan el procedimiento: “Desde ya manifestamos que no se trata de algún reproche que diga relación con el nombre propio o la persona quien ha sido objeto de la designación, sino nuestra petición obedece única y exclusivamente a la inconstitucionalidad e ilegalidad que estimamos afecta al proceso en sí, lo que se ve más agravado aún, por la actual situación del país y considerando los graves efectos que ha producido el tratamiento que se ha hecho sobre la materia”.
En lo medular, describen, la inconstitucionalidad e ilegalidad estaría dada por la transgresión de la prohibición Constitucional y legal, que establece en definitiva que una misma persona, no pueda ejercer por más de ocho años el cargo de Fiscal Regional. Lo que se contraviene, toda vez que Ayala ejerció este mismo puesto en la Fiscalía Metropolitana Oriente.
“El artículo 86 inciso final de nuestra Constitución Política (…) explicita que no podrán ser designados como fiscales regionales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Nuestro Código Político establece una prohibición expresa y no contiene excepciones de ninguna naturaleza a dicha regla”, agregan.
En ese sentido, los firmantes piden que el nombramiento efectuado por Sabas Chahuán sea sometido al cumplimiento de la supremacía constitucional y, por ello, piden se declare improcedente el arribo de Ayala a la zona.
“Con el actual nombramiento del Fiscal Regional de Antofagasta, quien se encontraba ejerciendo actualmente como Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, previo a ello en la Región de Los Lagos y previo a ello, en la Región de Antofagasta, lo que implica que ya siento Fiscal Regional fue designado como tal, para un nuevo periodo siguiente, todo lo anterior sin solución de continuidad”, explican en el documento.
Por ello, piden al órgano rector que emita un pronunciamiento general sobre “esta forma de burlar la prohibición, afectando gravemente al ordenamiento constitucional, burlando la norma de la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y afectando además la carrera funcionaria de fiscales adjuntos”.
Un nuevo capítulo se suma a las noticias que circulan en torno al Fiscal Alberto Ayala. Ahora, no es Sabas Chahúan quien lo acuse de filtrar información del Ministerio Público en el caso SQM, sino que el problema es su nombramiento en la región de Antofagasta.
La Federación Nacional del Ministerio Público en conjunto con la Asociación Gremial de Fiscales de la Zona Sur y la Asociación de Funcionarios, Técnicos y Profesionales de la Fiscalía Metropolitana Sur, solicitaron a la Contraloría General de la República que suspendiera el procedimiento, por ser “ilegal e inconstitucional”.
El motivo, según indican en el documento, sería que la designación contravino normas constitucionales y legales que regulan el procedimiento: “Desde ya manifestamos que no se trata de algún reproche que diga relación con el nombre propio o la persona quien ha sido objeto de la designación, sino nuestra petición obedece única y exclusivamente a la inconstitucionalidad e ilegalidad que estimamos afecta al proceso en sí, lo que se ve más agravado aún, por la actual situación del país y considerando los graves efectos que ha producido el tratamiento que se ha hecho sobre la materia”.
En lo medular, describen, la inconstitucionalidad e ilegalidad estaría dada por la transgresión de la prohibición Constitucional y legal, que establece en definitiva que una misma persona, no pueda ejercer por más de ocho años el cargo de Fiscal Regional. Lo que se contraviene, toda vez que Ayala ejerció este mismo puesto en la Fiscalía Metropolitana Oriente.
“El artículo 86 inciso final de nuestra Constitución Política (…) explicita que no podrán ser designados como fiscales regionales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Nuestro Código Político establece una prohibición expresa y no contiene excepciones de ninguna naturaleza a dicha regla”, agregan.
En ese sentido, los firmantes piden que el nombramiento efectuado por Sabas Chahuán sea sometido al cumplimiento de la supremacía constitucional y, por ello, piden se declare improcedente el arribo de Ayala a la zona.
“Con el actual nombramiento del Fiscal Regional de Antofagasta, quien se encontraba ejerciendo actualmente como Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, previo a ello en la Región de Los Lagos y previo a ello, en la Región de Antofagasta, lo que implica que ya siento Fiscal Regional fue designado como tal, para un nuevo periodo siguiente, todo lo anterior sin solución de continuidad”, explican en el documento.
Por ello, piden al órgano rector que emita un pronunciamiento general sobre “esta forma de burlar la prohibición, afectando gravemente al ordenamiento constitucional, burlando la norma de la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y afectando además la carrera funcionaria de fiscales adjuntos”.
