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Año XV, 2 de febrero de 2023

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Informe de Corte Suprema califica de “ineficaz” proyecto de ley antidelincuencia

Mientras parlamentarios y organizaciones exigen retirar la iniciativa del Gobierno, aprobada ya por la Cámara de Diputados, el máximo tribunal considera el control de identidad como “inaceptable”. Esto, cuando las demandas por control abusivo y criminalización de la protesta social son temas del examen del Relator de Naciones Unidas del Derecho a Manifestación y Reunión.

Paula Correa

  Martes 22 de septiembre 2015 18:51 hrs. 
Corte Suprema

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El informe derriba varios puntos del proyecto de ley, actualmente en trámite, que pretende aumentar las penas a los delitos establecidos como más reiterativos, así como generar un banco unificado de datos con los antecedentes penales que mantiene el Poder Judicial.

Además, busca aumentar las atribuciones policiales para realizar controles preventivos de identidad y recoger material probatorio, con el objetivo de dar una salida política al “clima de inseguridad” que se ha visto reflejado en las últimas encuestas.

Sin embargo, el documento parte cuestionando las cifras que se señalan en el texto de ley para establecer el nivel de victimización, por considerarlas “contradictorias”.

También sostiene que la iniciativa permite que delitos contra la propiedad tengan penas más altas que algunos contra la vida, lo que la Corte Suprema consideró como “desproporcionado e ineficaz”. Eso sin considerar que tiene un fuerte impacto en el paradigma de seguridad ciudadana, lo que incide en la elaboración de políticas públicas.

A esto se suma la demoledora crítica al mecanismo del control preventivo de identidad, registro de vestimenta, equipaje y vehículo, que el organismo tildó de “inaceptable para el Estado Democrático”, lo que coincide con los reparos de las organizaciones.

La coordinadora de los Observadores de Derechos Humanos, Marta Cisterna, aseguró que ya se observa una tendencia discriminatoria hacia la pobreza y los sectores más marginados de la sociedad. “Esto no lo van a hacer en Las Condes o La Dehesa”.

Además, reconoció que existe discriminación hacia un sector político en particular, porque también se criminaliza a los jóvenes.

Los Observadores de Derechos Humanos se constituyeron para vigilar las marchas en el marco de las movilizaciones estudiantiles de 2011. En ese contexto, la coordinadora explicó que, según los estudios, mientras más jóvenes son los manifestantes, mayor es el control y la criminalización.

Esto es parte del testimonio que este lunes entregaron varias organizaciones sociales al relator de Naciones Unidas del Derecho a Manifestación y Reunión, Maina Kiai, quien está de visita en Chile hasta el próximo 30 de septiembre.

Los datos no son desconocidos por los parlamentarios. El diputado DC René Saffirio planteó que Carabineros “ejerce violencia mucho más allá de la permitida por la ley en los controles de identidad”, por lo que le preocupan las normas que buscan fortalecer estas herramientas.

Así lo corroboró el diputado Gabriel Boric, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, quien planteó que ha observado “un comportamiento irracional de las fuerzas policiales y de orden”. Es decir, cómo detienen a gente sin ningún fundamento y sin que se corrobore ninguno de los supuestos “hechos flagrantes” que habrían cometido los detenidos.

Boric añadió que ya existe un abuso y que ahora se quieren extremar este tipo de facultades por una cuestión que han instalado algunos medios de comunicación, los que están intentando cambiar la agenda de la discusión política desde las reformas que necesita Chile a los temas de seguridad interior.

Asimismo, manifestó que junto al diputado Giorgio Jackson y otros parlamentarios habían advertido la situación y que es una irresponsabilidad que se aprobara la ley, por lo que se debería retirar su trámite.

Aun así, hay legisladores proclives a la polémica iniciativa. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida, quien expresó que “la Corte Suprema no está llamada a opinar sobre temas que son del actuar de las policías”.

El proyecto conocido como Agenda Corta Antidelincuencia fue ingresado por el Gobierno a principios de año y a inicios de septiembre fue aprobado en general en la Cámara Baja. Hoy está en segundo trámite y el Ejecutivo espera que la iniciativa sea aprobada antes de fin de año.

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