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Duro diagnóstico sobre Chile realiza relator de la ONU

Las críticas del relator apuntan a cómo se controlan las marchas, también al decreto que prohíbe la reunión y libre asociación. Además, expresó su preocupación por el control preventivo de identidad.

Carlos Arias

  Jueves 1 de octubre 2015 11:25 hrs. 
relator Maina Kiai

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El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, el keniata Maina Kiai,  instó al Gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de la dictadura” que van en detrimento de la libertad de reunión pacífica en el país, y a continuar con las reformas para que el país pueda “ocupar el lugar que le corresponde como un líder mundial en los derechos humanos”.

“Chile ha logrado grandes avances desde su retorno a la democracia hace 25 años”, dijo Kiai al referirse a su primera visita al país, aunque indicó que “aún persisten vestigios de antaño que no tienen cabida en el Chile de hoy”.

Para Kiai, “El fantasma de esa época acecha especialmente al sector de la seguridad, principalmente Carabineros de Chile —y específicamente las Fuerzas Especiales— en su función de custodiar los conflictos sociales y manifestaciones”.

El relator expresó a la Presidenta Michelle Bachelet su preocupación sobre el manejo de las protestas, a la vez que le planteó que no comprendía que en Chile permanezca vigente el Decreto Supremo 1086, que data de 1983 y que restringe la libertad de reunión y asociación, estableciendo que debe solicitarse autorización al poder político para marchar.

“Ella dijo que miraría el tema, que no estaba socializada con él desde antes, pero que lo revisará”, explicó.

Para Kiai, ese decreto resulta particularmente simple de derogar, toda vez que depende de la voluntad política del Ejecutivo.

Además, el Relator Especial expresó su preocupación por el uso de controles de identidad por la policía, señalando que la práctica de detener a personas al azar tiene el potencial de aplacar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

En este sentido, Maina Kiai indicó a la Presidenta Bachelet que comparte la perspectiva del Pleno de la Corte Suprema en relación con que la ley de Control Preventivo de Identidad, en trámite en el Congreso, difícilmente es compatible con un Estado de Derecho democrático.

“También hicimos mención de eso, ella explicó su punto de vista sobre el asunto, yo le planteé mis preocupaciones acerca de cómo podría ser potencialmente abusivo, por lo que le ofrecí hacer un análisis desde una perspectiva de Derechos Humanos de la ley, para que la incorpore como insumo a la discusión en el Congreso”.

En relación a este Control Preventivo, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes señaló que como organismo les preocupa la naturaleza de la herramienta que da mayores atribuciones a las policías, pues un mal uso de ella podría estigmatizar aún más a los sectores vulnerables de la sociedad.

“Teníamos dudas respecto del control de identidad, ahora con el control preventivo de identidad, no es aceptable esa legislación, puede ser constitutiva de obstáculos para el derecho de manifestación pacífica y más que todo nos preocupa que más que ser una herramienta supuestamente eficaz para el control del delito se convierta en una restricción para el derecho a reunión”.

Lorena Fríes también destacó el balance que hace el Relator con relación a los grupos que más vulnerados se ven en su derecho de reunión pacífica y de asociación y de cómo este diagnóstico puede servir para avanzar en la perspectiva de los Derechos Humanos.

“Él habló de tres grupos que son extremadamente vulnerables en Chile, me refiero a los trabajadores, me refiero a los estudiantes y me refiero al pueblo mapuche que son los que menos acceso tienen a hacerse oír respecto de sus puntos de vista. En ese sentido creo que nos ha dado una lección democrática de cómo mejorar y avanzar en el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

Durante su visita de 10 días, el Relator Kiai se reunió con funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y del Parlamento, miembros de la sociedad civil y la comunidad diplomática. Su misión incluyó visitas a Santiago, Temuco, Copiapó, El Salvador y Valparaíso.

El Relator Especial presentará el informe final sobre su visita durante la trigésimo segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2016.

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